CÁMARA
BAJA
Aprobada
la Ley de Seguridad Privada con más atribuciones para los vigilantes
Fuente: lainformacion.com
- jueves, 20/03/14
El
Congreso ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Seguridad
Privada, que permitirá aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con
límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad
y subordinación a la seguridad pública.
El Congreso ha aprobado
de forma definitiva el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que permitirá
aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un
sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la
seguridad pública.
A falta de la votación,
que se producirá a final del pleno en torno a las cuatro de la tarde, el texto
que ha llegado a la Cámara Baja ha incorporado en el trámite
del Senado medio centenar de enmiendas al articulado, la
mayoría de carácter técnico.
Entre los retoques dados
al proyecto inicial destaca la limitación de los supuestos en los que los
vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en
calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas,
en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.
Así, el texto salió de la
comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más criticado,
para clarificar los trabajos que pueden desempeñar los vigilantes con o sin
autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó
excluida una de las atribuciones que suscitó más polémica: la que posibilitaba
con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales
peatonales" para concretar en el texto actual que esta actividad podrá
realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren
delimitados".
También varió el Senado
la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de
perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando
no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y
protección".
Finalmente los vigilantes
solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de
seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con
las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Los vigilantes podrán
anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto
inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Unas modificaciones que
no satisfacen ni al PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni a PNV,
que coinciden en que la ley pretende consolidar la seguridad privada en
detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la
seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
Muy crítico se ha
mostrado el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la
supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un
"ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los
"campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se
quiere hacer ver desde el PP.
En este sentido, para el
diputado socialista Antonio Trevín el hecho de que el texto
finalmente incluya la autorización para que los vigilantes presten determinados
servicios, como la seguridad en el perímetro de las fronteras o su presencia en
los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no significa nada porque
esos permisos "se darán como churros".
"Necesitábamos una
ley, pero no ésta", ha destacado Trevín, para quien el objetivo de la
norma es aumentar "considerablemente" las oportunidades de negocio de
las empresas privadas y "que el quiera seguridad se la pague".
Tampoco el PNV y CiU se
han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País
Vasco y Cataluña las competencias sobre el control o
inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que
operen en sus territorios.
"Tenemos nuestras
reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca
peligrosamente a un estado policial", ha advertido el diputado
nacionalista vasco Emilio Olabarria, que considera "muy perversa" la
"interacción" de la norma hoy aprobada con la futura Ley de Seguridad
Ciudadana.
Mientras, el portavoz de
CiU Jordi Janè, ha vaticinado que la ley supondrá una "alteración del
equilibrio" entre seguridad privada y pública, frente a la preeminencia
que siempre debe existir de la segunda con respecto a la primera.
Y desde UPyD, su portavoz Toni
Cantó ha dejado clara su oposición al texto que supone "una
dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
Frente a las críticas, el
diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era
necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre
bajo los principios de "complementariedad" y
"subsidiaridad" a la seguridad pública.
Respecto a la posibilidad
de que los vigilantes puedan detener en la vía pública, Escobar ha sido
contundente: "Las detenciones son las mismas que puede desarrollar
cualquier ciudadano en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
EN SU ÚLTIMO TRÁMITE EN EL CONGRESO
PSOE,
Izquierda Plural y UPyD, contra la ley que "privatiza la seguridad"
El PP defiende que la nueva
Ley de Seguridad Privada ayuda a combatir "nuevas amenazas" y logra
el apoyo parcial de CiU y PNV
MADRID,
20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El
PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y
parte del Grupo Mixto han rechazado este jueves en el Pleno del Congreso la
nueva Ley de Seguridad Privada que amplía las competencias de los vigilantes y
que, según han denunciado, "privatiza la seguridad en detrimento de las
Fuerzas de Seguridad del Estado".
La ley
impulsada por el Gobierno sólo cuenta con el visto bueno de CiU y,
parcialmente, el PNV, ya que ambas formaciones valoran su "escrupuloso
respeto" a las competencias autonómicas, "garantizado" a través
de diversas modificaciones introducidas durante el trámite parlamentario.
QUIEN
QUIERA SEGURIDAD, QUE SE LA PAGUE
El
resto de la oposición ha mostrado su rechazo a esta nueva Ley que modifica una
anterior del año 1992 y que, a su juicio, se resume en que "quien quiera
seguridad que se la pague", según ha advertido el diputado socialista
Antonio Trevín, parafraseando a un delegado del gobierno de la era Aznar.
"No todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo grado de
seguridad", ha insistido el portavoz de Interior del PSOE en el Congreso.
Trevín
ha denunciado que "la equidad vuelve a sacrificarse en España" para
convertir la seguridad en "una oportunidad más de negocio". Según ha
adelantado, esto llevará a que los ciudadanos tengan que acostumbrarse a partir
de ahora a la presencia de seguridad privada en su "día a día" pese a
que el Estado "carece de medios" para controlar los incumplimientos o
violaciones de derechos de los ciudadanos en los que puedan incurrir los
vigilantes o las propias empresas.
Los
aspectos más polémicos de la nueva Ley son aquellos relativos a las nuevas
competencias que se otorgan a los vigilantes y que el diputado socialista ha
alertado de que, aunque en algunos casos requiera autorización previa, ampliará
la presencia de seguridad privada en detrimento de las fuerzas del Estado.
"Esas autorizaciones se van a dar como churros, se lo digo yo que fui
delegado del Gobierno", ha asegurado evocando su etapa al frente de la
Delegación del Gobierno en Asturias entre 2004 y 2011.
Pero
además, ha denunciado que mientras la legislación no cuenta con medidas para
combatir la "precarización laboral" que sufren los trabajadores de la
seguridad privada y tampoco establece requisitos de formación profesional ni
refuerza la formación continua.
HORARIOS
ABUSIVOS Y RETRIBUCIONES MISERABLES
En este
punto ha coincidido el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ha
recordado que la seguridad privada cuenta con más de 85.000 puestos de trabajo,
"la mayoría en condiciones lamentables, horarios abusivos y retribuciones
miserables".
Sixto
ha lamentado que la seguridad quede reducida "a quien tenga dinero" y
quien no sólo pueda recurrir a unas Fuerzas de Seguridad del Estado "cada
vez más cercenadas". Y como ejemplo del "negocio" que supondrá
para las empresas, se ha remitido a un contrato de vigilancia privada para el
perímetro de instituciones penitenciarias por valor de casi 7,5 millones de
euros.
Por su
parte, el diputado de UPyD Toni Cantó, quien ha lamentado la "retirada del
Estado" y ha exigido al Gobierno que, en vez de ampliar la presencia de
seguridad privada, acometa un aumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
El
texto también ha sumado el rechazo de ERC y Amaiur, formaciones muy críticas
con las empresas de seguridad privada. "Fascistas con placa de vigilante
podrán actuar como si fueran policías", ha denunciado la diputada de ERC
Teresa Jordà, quien además ha alertado de que muchas de esas empresas están en
manos de familiares de dirigentes del PP.
Por su
parte, el PNV es crítico con la "complementaridad" que la nueva Ley
da a la seguridad privada respecto a la pública en vez de
"subordinación", aunque no rechaza de plano el texto por su respeto a
las competencias autonómicas, según ha explicado el diputado Emilio Olabarria.
El
diputado nacionalista vasco ha advertido de que, junto a la Ley de Seguridad
Ciudadana en tramitación, "se está creando algo que se parece al Estado
casi policiaco", ya que se expande la aplicación del "derecho punitivo".
También
el diputado de CiU ha justificado el apoyo de su formación en el resto a las
competencias que establece el Estatuto catalán. "Tal y como entró en la
Cámara conculcaba la Constitución porque conculcaba el Estatut. Se han acordado
unas enmiendas que hacen que el texto final sea muy distinto al que entró en
octubre de 2013", ha argumentado.
MÁS Y
MEJOR SEGURIDAD
El
diputado del PP Conrado Escobar ha sido el encargado de defender el texto, que
ha asegurado que garantiza "más y mejor seguridad para todos los
españoles" permitiendo que los más de 80.000 empleos de seguridad privada
"se aprovechen en seguridad de todos". "Los españoles tenemos
las mejores Fuerzas de Seguridad del Estado del mundo y además uno de los mejores
ratios de Europa. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que salir al paso de
nuevas amenazas", ha sostenido.
Escobar
ha puesto como ejemplo los atentados del 11-S en Nueva York o los del 11-M en
Madrid, que cree que demuestran la necesidad de "globalizar la seguridad y
arrimar todos el hombro en necesidad del interés general".
Así, el
diputado 'popular' ha rechazado las críticas de la oposición, "soflamas
sectarias y retorcidos argumentos radicales e inmovilistas", y ha
insistido en que la nueva legislación abre la puerta a un modelo de seguridad
pública que aprovecha "el potencial" de la seguridad privada
"desde la preeminencia del Estado".
APOYO DE PP, CIU Y, PARCIAL, DEL
PNV
Vía
libre del Congreso para aplicar la Ley de Seguridad Privada, que amplía las
competencias de los vigilantes
No podrán patrullar por zonas
comerciales peatonales, pero sí vigilar las cárceles, centros de extranjeros o
parques comerciales y de ocio
MADRID,
20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El
Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad
Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para
nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y
centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la
prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la
acción policial". Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación
en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El
texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante
su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente,
PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación,
que consideran que "privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de
Seguridad del Estado".
Los aspectos
más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las
competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41.
Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los
vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales comerciales.
Sin
embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado
original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo
del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de
extranjeros.
También,
con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos
industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común),
complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así
como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de
relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
PODRÁN
DETENER Y ANOTAR DATOS PERSONALES
Otro de
los puntos de la Ley que ha provocado más debate durante su tramitación
parlamentaria es el relativo a la potestad de los vigilantes para detener a
ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto el Ministerio del Interior como
el PP han defendido que las competencias de los vigilantes de seguridad privada
para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde
la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano
puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de
prisión o si se encuentra huido de la Justicia.
El
texto final aprobado este jueves por el Congreso mantiene la potestad de los
agentes de seguridad privada para practicar detenciones en el ejercicio de su
labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos
después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar
estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su
tramitación en el Senado.
