GOBIERNO Nueva Ley de Seguridad Privada
Interior
podrá obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones
Fuente:
elmundo.es - MARISA CRUZ - 21/03/2014
La Ley
de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso con los votos de PP y CiU -y
parcialmente por el PNV-, deja en manos del Gobierno la potestad de obligar a
quienes organicen un «evento» a contratar para el mismo seguridad privada.
Así se
desprende del artículo 51 de la norma que, a falta de desarrollo reglamentario
y definiciones precisas, deja abierta la consideración de «evento», que podría
ser, según la oposición, una manifestación, una concentración o un acto
deportivo, lúdico o popular.
Éste es
uno de los aspectos más polémicos de una ley duramente criticada por PSOE,
UPyD, Izquierda Plural, Grupo Mixto e incluso PNV. Todos entienden que la nueva
norma amplía muy notablemente las competencias de los agentes de seguridad
privada y pone a disposición de las empresas de este sector un negocio goloso
adentrándose en un territorio que, mantienen, debería estar exclusivamente
reservado a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Desde
el Partido Popular y desde el Gobierno se responde que no está «en el espíritu
de la norma» ni en el ánimo del Ejecutivo controlar, y en su caso disolver o
reprimir, manifestaciones puesto que las mismas constituyen un derecho
fundamental. De hecho, aseguran que lo que se pretende tanto con esta ley como
con la de Seguridad Ciudadana es «garantizar al máximo el ejercicio pacífico»
de dicho derecho.
Definir
evento
En todo
caso, las precisiones que acoten lo que se entiende por evento deberán esperar
a un futuro desarrollo reglamentario. Hoy por hoy, lo que estipula el artículo
51.2 de la ley de Seguridad Privada es que las personas físicas, jurídicas,
públicas o privadas podrán dotarse de medidas de seguridad privada.
Y
añade: «Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos
delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser
especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones
industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a
adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que
deban implantar en cada caso».
El
apartado tercero establece, además, que «el Ministerio del Interior o, en su
caso, el órgano autonómico competente, podrá ordenar que los titulares de
establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los
organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que
reglamentariamente se establezcan».
El PSOE
no tiene dudas. De acuerdo con su interpretación al cruzar la Ley de Seguridad
Privada -aprobada ayer- con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que
se encuentra en fase de consultas en los órganos constitucionales, la
posibilidad de que agentes privados controlen y disuelvan manifestaciones o
concentraciones está sobre la mesa. Así se deriva del artículo 23.2 del
proyecto de Seguridad Ciudadana. En esta lectura coincide también el
catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez.
Zonas
públicas
Otro de
los aspectos especialmente polémicos de la ley es el que hace referencia a la
facultad que tendrán los agentes privados para detener o retener en zonas
públicas. Según el Ministerio del Interior, la Ley de Enjuiciamiento Criminal
ya habilita a cualquier ciudadano a hacerlo en determinadas circunstancias.
El
artículo 41 de la ley ha suscitado enconadas críticas, incluso con la redacción
retocada que llegó del Senado y en la que se excluía la posibilidad de que los
agentes privados vigilaran zonas peatonales comerciales. Sin embargo, el texto
final aprobado precisa que esta actividad sí podrá realizarse en «parques o
complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», así como en
«recintos o espacios abiertos» también delimitados.
También
varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los
vigilantes de perseguir a los delincuentes «sorprendidos en flagrante delito
aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su
vigilancia y protección».
No
obstante, los agentes de seguridad privada sólo podrán detener a delincuentes y
ponerlos a disposición de las Fuerzas de Seguridad cuando sean sorprendidos en
flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia
y protección». Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos
pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos
datos ni comprobarlos.
Olabarria
crítica la "filosofía" de la ley de Seguridad privaDa
El PP saca adelante la norma
con el apoyo parcial de los jeltzales, que logran salvar el escrupuloso respeto
a las competencias en esta materia
Fuente:deia.com
- J. NÚÑEZ - Viernes, 21 de Marzo de 2014
BILBAO
- Tras la incorporación de las enmiendas introducidas a su paso por el Senado,
el Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno a la nueva Ley de
Seguridad Privada con los votos favorables de PP y CiU, y con apoyo parcial del
Grupo Nacionalista en el hemiciclo, que criticó la filosofía que subyace en
este proyecto de ley. El diputado Emilio Olabarria, que defendió la postura del
PNV en esta materia, dejó claro que a la formación jeltzale no le gusta la
"filosofía básica" de esta ley porque, a su juicio, "se está
creando algo que se puede aproximar mucho a lo que se podría denominar Estado
casi policial".
Sin
embargo, el PNV apoyó parcialmente el proyecto porque en él, y a diferencia de
otras leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría
absoluta del PP, hay un respeto escrupuloso a las competencias autonómicas en
materia de Seguridad. De este modo, Euskadi, al igual que Catalunya, podrán
autorizar el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad, así como
formar, habilitar e inhabilitar a los agentes integrantes de estas empresas.
Si el
PP defendió el proyecto asegurando que "garantiza más y mejor seguridad
para todos los españoles" -tal como aseguró el diputado Conrado Escobar-,
para la mayor parte de la oposición esta nueva ley privatiza la seguridad en
detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Para el PSOE, en boca del
diputado Antonio Trevín, "no todos los españoles van a tener a partir de
ahora el mismo grado de seguridad". Mucho más frontal fue el rechazo de
ERC y Amaiur. Según Teresa Jordá, diputada de la formación catalana,
"fascitas con placa de vigilante podrán actuar como policías a partir de
ahora".
PAPEL DE
LOS VIGILANTES
Y es
que los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los
referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en
su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado,
finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales.
Sin
embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado
original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo
del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de
extranjeros.
También,
con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos
industriales y urbanizaciones -incluidas sus vías o espacios de uso común-,
complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así
como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de
relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
La
seguridad, privatizada
Fuente:
elconfidencial.com – Antonio Casado - 21.03.2014
Ni en
sueños habríamos imaginado a una diputada de Amaiur (coalición próxima a los
objetivos políticos de ETA), Onintza Enbeita, defendiendo el fuero
institucional y profesional de los Cuerpos de Seguridad del Estado frente a
unos “matones de discoteca jugando a policías”. Como lo oyen. No muy distinto
de lo dicho por la portavoz de ERC (republicanos e independentistas catalanes
de izquierdas), Teresa Jordá, asimismo partidaria de que sean los poderes
públicos, “y no fascistas con una chapa”, quienes se ocupen de mantener el
orden y cuidar de nuestra seguridad. Si no me creen, miren las crónicas de la
sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, donde quedó lista para el BOE
la nueva Ley de Seguridad Privada.
Con
menos estridencias verbales e igualmente opuestos a abrir el campo de actuación
de las compañías privadas de seguridad (1.400 en toda España) y la ampliación
de competencias a sus “vigilantes” (80.000), se mostraron los representantes
del PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Estas fuerzas políticas se han venido
empleando a fondo durante la tramitación del proyecto. Se temen, con razón, que
la nueva ley puede llevarse por delante el viejo principio democrático de al
Estado le toca ejercer el monopolio de la violencia cumpliendo y haciendo
cumplir la ley.
El
adiós a la ley vigente desde 1992 abre excelentes oportunidades de negocio a
las compañías privadas de seguridad, últimamente alicaídas con la desaparición
del supuesto terrorista y el desplome en la demanda de 'escoltas'
No ven
por ninguna parte ese riesgo los partidos que ayer unieron sus votos en apoyo
de la ley. También es para reflexionar que el PP, patrocinador parlamentario
del texto remitido por el Gobierno Rajoy, haya coincidido con los nacionalistas
catalanes (CiU) y vascos (PNV) en respaldar un peligroso paso hacia la privatización
de la seguridad ciudadana. Porque sólo así cabe interpretar que los vigilantes
dejen de actuar en régimen de “subordinación” a los agentes públicos y empiecen
a actuar en régimen de “coordinación”.
A
partir de ahora esos vigilantes (empleados de empresas con ánimo de lucro, ojo
al dato) podrán actuar en espacios públicos cuando hasta ahora sólo podían
hacerlo en recintos privados, pararnos, identificarnos, cachearnos, hacer
tareas de vigilancia en las cárceles, prevenir “actuaciones contrarias a la ley”,
detener en caso de “delito flagrante”, etc. Si cruzamos estas novedades con la
suavización de las condiciones para ser contratados en una empresa de
seguridad, la preocupación se dispara. Entre otras cosas, desparece la estricta
exigencia de ser ciudadano español. O la de estar libre de antecedentes
penales, que se mantiene únicamente en el caso de delitos dolosos.
En aras
de la pulsión privatizadora que anima a este Gobierno, el adiós a la ley
vigente desde 1992 abre excelentes oportunidades de negocio a las compañías
privadas de seguridad, últimamente alicaídas con la desaparición del supuesto
terrorista y el desplome en la demanda de “escoltas”. La nueva ley les regala
con muchos años de retraso la famosa doctrina Ansuátegui, aquel viejo delegado del
Gobierno en Madrid que se hizo famoso por la frase “el que quiera seguridad que
se la pague”. Habida cuenta que los Cuerpos de Seguridad del Estado están cada
vez peor dotados en medios materiales y humanos, nadie debe sorprenderse si
para organizar ciertos eventos (fiestas del barrio, maratones, marchas de
protesta…) va a acabar siendo obligatoria la contratación de seguridad privada
por parte de los organizadores.
Quedamos
a la espera de los reglamentos que, por cuenta del Ministerio del Interior,
deben desarrollar la ley que hoy aparece en el BOE.
