La seguridad privada ayudará a la pública
La nueva ley de Seguridad
Privada entrará en vigor el miércoles, 1.100 agentes de la provincia se
convertirán en un apéndice más en la lucha contra el delito, pero siempre
subordinados a la Policía Nacional y Guardia Civil
Fuente:
ideal.es - JOSÉ RAMÓN VILLALBA 2 junio 2014
Policía
Nacional y Guardia Civil contarán desde el próximo miércoles 4 de junio con una
colaboración más estrecha de los mil cien vigilantes de seguridad privada
habilitados en la provincia de Granada. La nueva ley de Seguridad Privada
permite a la Administración pública contratar los servicios de estas empresas
para servicios encomendados a la seguridad pública, «complementando la acción
policial». Las nuevas funciones también podrán realizarse por guardas rurales.
Estos servicios complementarios aún están por definir en los correspondientes
reglamentos que desarrollarán esta nueva ley y en todo momento estos vigilantes
actuarán bajo la tutela de Policía y Guardia Civil cuando intervengan en
servicios conjuntos.
«La
nueva normativa abre una vía al desempeño de nuevos servicios de seguridad
privada. Nosotros entendemos que la colaboración entre la seguridad pública y
la privada favorece mucho a la seguridad ciudadana en general, puesto que se
suman esfuerzos, siempre desde el punto de vista de subordinación a los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado. Algunas funciones ya se estaban prestando,
como la vigilancia en centros penitenciarios, la protección de barcos atuneros
en el Océano Índico o el mantenimiento de la seguridad de infraestructuras
críticas.
Gracias
a la nueva ley, se recogen expresamente otras actividades que ya se estaban
desarrollando de acuerdo con una interpretación amplia del reglamento, como la
vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de
relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos», señala Miguel
Sánchez Pizarro, presidente en Andalucía de la Asociación profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, Aproser.
La
nueva ley de Seguridad Privada no permitirá a los vigilantes privados exigir la
documentación a cualquier ciudadano como lo puede hacer la Policía Nacional o
Guardia Civil en cualquier momento. Solo podrán anotar los datos personales de
esos retenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer
averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos. Tendrán la potestad de retener
a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean
sorprendidos en flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto
de su vigilancia y protección», tal y como ocurre en la actualidad cuando una
persona es sorprendida en una tienda robando.
La ley
no viene a descubrir secretos nuevos. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil
cuentan con la seguridad privada para operativos como el del Plan Comercio
Seguro, donde estos agentes privados son claves para prevenir robos y hurtos en
el interior de los comercios. La vigilancia en gasolineras, restaurantes,
urbanizaciones o edificios públicos ha permitido prevenir o colaborar con las
fuerzas de seguridad del Estado en la resolución de muchos delitos o faltas.
Ahora se establecerán planes obligatorios periódicos de coordinación entre la
seguridad pública y la privada. Como ejemplo, destacar que la Dirección General
de la Policía Nacional dispone de un plan estratégico, conocido como Segurpri,
de colaboración con las empresas de seguridad para la prevención del delito.
Eso sí,
a los agentes de la seguridad privada ahora se le reconocerá una especial
protección jurídica como autoridad a los efectos penales en determinados
supuestos y cuando se cometan contra los mismos delitos de atentado o
desobediencia, siempre en el ejercicio de sus funciones y bajo el mando o
coordinación de los agentes policiales.
«Sin
duda alguna, uno de los aspectos más positivos de la nueva ley es la
intensificación de la lucha contra el intrusismo de todo tipo. Para ello, en su
Disposición Adicional Tercera, la nueva norma establece que los órganos
competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social
establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en
relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el
intrusismo», explica Miguel Sánchez.
Policía
Nacional, institución encargada de velar para que estas empresas privadas
cumplan con su cometido, recibe una media al mes de dos denuncias por
intrusismo.Aunque esto puede ser la punta del iceberg. «El intrusismo en esta
profesión existe y la nueva ley lo combate. En el boom de la construcción,
muchas obras eran vigiladas por personas ajenas a la seguridad privada y hoy en
día seguimos viendo cómo en bastantes salas de fiesta que superan el aforo de
300 personas no tienen ni un solo vigilante de seguridad privada, tal y como
les obliga la ley». Las palabras son de Rafael Pozo, responsable regional de
Levantina Seguridad, una empresa que solo en Granada cuenta con medio centenar
de trabajadores. «La nueva ley no cambiará a grandes rasgos nuestras funciones,
pese a todo el bombo y platillo que se le ha dado. Únicamente nos dará más
seguridad jurídica y nos ayudará a combatir el intrusismo. Todo ello permitirá
aumentar las plantillas de trabajadores, que para los tiempos que corren no
está mal».
Más
aspirantes
Los
aspirantes a las pruebas que efectúa la Policía Nacional para conseguir la
habilitación como vigilante privado han aumentado más de un 20% si se compara
con los datos de de 2008, cuando la crisis comenzó a presentarse. Los futuros
vigilantes deben hacer un curso previo y después someterse a un examen, que
tiene pruebas físicas también. No pueden tener antecedentes penales y no haber
sido sancionado en dos o cuatro años, respectivamente, por infracciones graves
o muy graves en materia de seguridad. Esto significa que sí han podido
cometerlas con anterioridad. En el caso de las condenas por vulneración del
derecho al honor a la intimidad y otros derechos fundamentales, Interior no
cuenta las que se produjeran hace más de cinco años.
Muchos
detectives privados sí han puesto el grito en el cielo, porque a ellos no les
favorece tanto la nueva norma. La asociación profesional de Detectives Privados
de España, APDPE, comunicó en su boletín del pasado mes de marzo que la nueva
norma supondrá una falta de confidencialidad porque no protege los derechos del
cliente y del investigado, al obligar a comunicar a la Policía Nacional cada
uno de los encargos que reciben, aunque no sean competencia de la seguridad
pública, como infidelidades conyugales, impago de obligaciones, reclamaciones a
aseguradoras, entre otras. La prohibición de investigar asuntos penales o de
personas acusadas de un delito, lo cual mermará su defensa ante los tribunales.
La
nueva ley de Seguridad Privada convertirá a los 1.100 agentes granadinos en
unos aliados perfectos de las fuerzas de Seguridad del Estado, aunque sin
irrumpir en el marco de competencias de Policía y Guardia Civil. El delito y la
delincuencia no es privada, por ello es mejor combatirla «desde todos los
frentes posibles», incluido el de la seguridad privada.