Una empresa privada vigila desde hoy el exterior de la cárcel de
Picassent
Sustituyen
a la Guardia Civil y su coste asciende a 800.000 euros, según ACAIP
Fuente:
lasprovincias.es - EFE | VALENCIA - 1 octubre
201411:03
El
sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias) ha denunciado que la privatización de la
vigilancia exterior del complejo penitenciario de Picassent, que comienza hoy,
tendrá un coste anual de 800.000 euros.
Según
un comunicado de Acaip, la privatización del servicio se ha iniciado con la
incorporación de cinco vigilantes de la empresa de seguridad Segur Ibérica,
distribuidos en tres turnos de trabajo, que realizarán labores de seguridad que
hasta ahora eran desempeñadas por la Guardia Civil.
A
juicio del sindicato, este "experimento" representa un
"dispendio económico enorme y sin ningún sentido", ya que supone
duplicar esos cinco servicios que hasta ahora eran realizados por un agente
público, y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa
privada.
"El
coste anual aproximado, solo en el Complejo Penitenciario de Valencia, es de
unos 800.000 euros", afirma ACAIP, que agrega que desde el Gobierno
"se ha querido cuidar a las empresas de seguridad privada".
"De
todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido que
lo apoya con la mayoría de empresas de ese ramo, para ello no se dudó en
modificar la Ley de Seguridad Ciudadana", denuncia el sindicato.
Además,
añade que el procedimiento "no se ha realizado mediante concurso público,
sino mediante procedimiento negociado sin publicidad, para que las condiciones
no se publicitaran en ningún sitio".
Según
ha explicado, todos los centros penitenciarios se repartieron en 4 lotes
repartidos entre las distintas empresas a su conveniencia, y el lote que
incluye a las prisiones de la Comunitat Valenciana tiene un coste anual de unos
8.850.000 euros.
"El
importe global a nivel nacional de este pastel que se han repartido las empresas
del ramo asciende a casi 40.500.000 de euros al año", afirma Acaip.
Según
denuncia, "en todo momento este proceso se ha llevado con total
oscurantismo y falta de transparencia, alegando supuestas cuestiones de
seguridad" y agrega que en ningún momento "se ha facilitado
información a los representantes de los Cuerpos de Seguridad que realizan esta
labor, ni a los de los trabajadores penitenciarios".
Ante
esa falta de información, desde Acaip se mantuvieron contactos con todos los
grupos parlamentarios para que se solicitara esa información y se presentaron
Enmiendas parlamentarias al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana,
proposiciones no de Ley y preguntas parlamentarias sobre la materia.
"Sin
embargo, desde el Gobierno se ha ocultado esa información a los diputados,
alegando las mismas razones de seguridad", explican desde el sindicato,
que señala que todos los datos que se conocen "han sido por filtraciones
de documentos".
Acaip
recuerda que se desde el principio se han manifestado en contra de esta medida
que, según afirma, "es la punta de lanza de un objetivo mucho más amplio
que es privatizar todo el sistema penitenciario español, siguiendo el ejemplo
de las prisiones privada que ya funcionan en Gran Bretaña o en Estados
Unidos".
"Resulta
sospechoso el secretismo con el que se ha llevado todo el proceso, queriendo
ocultar la enorme cantidad de dinero que se va a malgastar en este tema para
contentar a unos cuantos, mientras la mayoría de las prisiones españolas se
caen a trozos por falta de mantenimiento o hay menos trabajadores en ellas
porque no se cubren las jubilaciones y los fallecimientos", afirma.
Acaip
también señala que se "pone en riesgo la seguridad de los centros
penitenciarios, y por extensión la de sus trabajadores y los internos" ya que
los vigilantes "sólo han realizado un breve curso, y no están en
condiciones, ni de lejos, de garantizar la seguridad en las mismas condiciones
que lo pueden hacer los miembros de los Cuerpos de Seguridad"
