La
Fiscalía Anticorrupción investigará si la 'red Púnica' favoreció a familiares
de Esperanza Aguirre
Anticorrupción
revisa las adjudicaciones de Francisco Granados en su etapa de Gobierno ante la
sospecha de que la 'trama Púnica' favoreció a familiares y amigos de
altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre las operaciones que revisa figura
la adjudicación en 2008 a la empresa de Marta Gil de Biedma, prima de Esperanza
Aguirre, a la que se adjudicó el contrato de vigilancia y seguridad de
Presidencia, Vicepresidencia e Interior.
Fuente: vozpopuli.com/
31 Octubre 2014
La 'trama Púnica' encabezada por Francisco Granados no
está siendo investigada únicamente por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Anticorrupción
también quiere saber si sirvió para favorecer los intereses de familiares de
altos cargos de la Comunidad de Madrid a cargo de las arcas públicas. Las
denuncias de nepotismo salpican a Esperanza Aguirre cuyas dos
primas fueron contratadas en CEIM (la Confederación Empresarial Madrileña,
presidida por Arturo Fernández) a cambio de favores políticos, un ángulo que
será posiblemente investigado más adelante. Pero además, las sombras de duda
sobre la ex presidenta afectan a contratos públicos, según fuentes de la causa.
Fuentes de la investigación
analizan dos operaciones que salpican a la ex presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre:
·
En el año 2008, Francisco Granados adjudicó los contratos de
vigilancia y seguridad de Presidencia, Vicepresidencia, Portavocía y las
consejerías de Presidencia e Interior a la empresa en la que era secretaria del
consejo de administración Marta Gil de Biedma, la prima de Esperanza
Aguirre. El contrato, con número de expediente 03-AT-60.3/2007, fue adjudicado el 11 de marzo de 2008 por
valor de 2.651.106,65 euros y firmado en nombre de Segur Ibérica por el
director general, José Luis Novales.
·
Un año después, en 2009, Granados adjudicó mediante concurso urgente el
contrato de vigilancia y seguridad de la Consejería de Justicia a la empresa
Eas Tecno System, S.A. a la que se había trasladado también como director
general el mismo José Luis Novales. En esa ocasión, el contrato fue de 9,3
millones de euros. El pliego de condiciones exigía que la adjudicataria tuviera
una cifra de negocio mínima de 8 millones anuales. Eas Tecno System obtuvo el
contrato pese a no cumplir con ese requisito: declaró ingresos de sólo
1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, el último ejercicio
presentado antes de obtener la adjudicación. Ésta se produjo, además, en tiempo
récord: el concurso se convocó un 26 de junio y la prestación de servicios
comenzó cuatro días más tarde, el 1 de julio y Esperanza Aguirre tuvo que
comparecer públicamente aquel verano para defender el proceso de adjudicación
tras las sospechas que rodearon a su portavoz.
José Luis Novales fue
administrador único de la empresa hasta el 6 de junio de este año, cuando fue
sustituido por Ignacio Súarez. Eas Tecno System S.L. no figura en la lista de
cerca de 120 empresas investigadas en la 'Operación Púnica' hasta el momento
pero fuentes de la causa apuntan que nuevas mercantiles serán incluidas cuando
avance la investigación ya que se están revisando los contratos en
orden cronológicamente inverso, por lo que los contratos de 2008 y 2009
serán los últimos en ser analizados por Anticorrupción.
259 registros hasta el momento
La 'Operación Púnica suma hasta
el momento una veintena de registros, una docena más de
requerimientos de información, además de haberse bloqueado centenares de bienes
inmuebles y cuentas bancaria. Todo ello relacionado con la
contratación pública del antiguo Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid, o su entorno
Además, la Junta de
Castilla y León ha remitido a la Audiencia Nacional la adjudicación decontratos en favor de la empresa Cofely, a
la que otorgó contratos por valor de 5,7 millones de euros entre 2002 y 2014, y
ha recordado que ninguno de ellos "está siendo investigado por la
Audiencia Nacional" dentro de la operación Púnica. El portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que la relación con Cofely
de la Junta de Castilla y León se basa en contratos, la mayor parte
menores, sobre trabajos de mantenimiento de calefacciones, refrigeración y
energía, y de los 5,7 millones, el 6,8 por ciento -392.000 euros- corresponden
a pagos de la administración general de la Comunidad y el 83,3 por ciento a
pagos de la Gerencia de Salud en el área de atención de Medina del Campo
(Valladolid). La mayor parte de los contratos se centran en Ávila y
Valladolid, donde Cofely tiene oficinas.
