El
Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada
El Alto Tribunal anula la
medida de gracia que concedió el Gobierno de Mariano Rajoy a uno de los
empresarios de seguridad que ha conseguido más contratos a lo largo de esta
legislatura
Fuente:
elconfidencial.com - JOSÉ MARÍA OLMO - 25.06.2015
La Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el
indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de
uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido
de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral
Canaria, y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Según
consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los
magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le
otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta
la posición del tribunal que le juzgó.
El
indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitió a Ramírez evitar la
cárcel. La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por
la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito
contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial
para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por
tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de
multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la
construcción ilegal.
Sin
embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó
al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de
ese modo escapar del paso por la cárcel. El Ejecutivo justificó esa decisión
alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes
penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del
criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo
juzgó.
La
relación con el ministro Soria
El Alto
Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo
en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que
condenó finalmente a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte
ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley
de Indulto.
Además
de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el
apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el
inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad
que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de
Industria, José Manuel Soria.
Como
publicó este diario, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de
septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus
instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes.
En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer
y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras
conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis,
Secoex y Clece.
Investigación
por delito fiscal
En el
proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del
máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que
la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones
de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la
nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el
certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está
personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.
Con
todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de
seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas,
lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del
Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la
vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un
importe de 11 millones de euros. La institución encuadrada en Presidencia del
Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar
que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de
pago con la Seguridad Social y Hacienda.