El 90%
de los contratos de seguridad entre Eulen y Melilla son “fraudulentos”
El 90% de la contratación de
servicios de seguridad de Eulen con la Ciudad Autónoma de Melilla es
“fraudulenta”.
Fuente: luzdemelilla.es - Javier García Angosto – 23/02/2016
La
Guardia Civil que dirige la investigación de la ‘operación Tosca’ considera que
varios cargos públicos del Gobierno local actuaron de forma “deliberada,
planificada y orientada a beneficiar arbitrariamente” a Eulen “sorteando
concursos públicos”. Lo hicieron, según el Instituto Armado, adjudicando a dedo
y al margen de la ley cerca de 10 millones de euros mediante contratos menores.
Los presuntos responsables son los ex consejeros Ramón Antón y Francisco Javier
Calderón, así como Guillermo Frías y Daniel Conesa, actuales miembros del
Gobierno del Partido Popular en Melilla.
“El uso
fraudulento de la contratación menor, fraccionando el objeto del contrato,
habría sido la tónica general en las relaciones contractuales entre la Ciudad
Autónoma y Eulen”. Son las conclusiones de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil que investiga la operación Tosca, concretamente la pieza separada
número 1 del caso centrada, principalmente, en los servicios de vigilancia
prestados por la empresa a la Administración.
Millones
de euros adjudicados e manera "arbitraria y fraudulenta"
El
Instituto Armado considera que, entre 2004 y 2008, el Gobierno de Melilla
adjudicó a Eulen “millones de euros de una manera completamente arbitraria y
fraudulenta”. Lo hizo “sorteando concursos públicos”, al margen de la ley,
mediante contratos menores. Una práctica que también se repitió entre 2008 y
2013. En total, cerca de 10 millones de euros, el 90% de la contratación.
Los
agentes tienen claro quiénes son los responsables de esta “conducta deliberada,
planificada y orientada a beneficiar a Eulen durante años”. Los investigadores
apuntan a los ex consejeros de Seguridad Ciudadana Ramón Antón y Francisco
Javier Calderón, actual presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental.
También señalan a otros cargos del Gobierno del Partido Popular en Melilla
actualmente en sus puestos. Ellos son Daniel Conesa, actual consejero de
Hacienda y Administración Públicas, y Guillermo Frías, viceconsejero de
Hacienda. Serían responsables de presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Connivencia
del interventor de la Ciudad Autónoma
La
Guardia Civil muestra en los informes su sorpresa por esta conducta de los
cargos públicos que califica de “endémica” y “extraordinariamente anormal”. De
hecho, apunta que estas irregularidades en la contratación son “fácilmente
detectables por la Intervención en cualquier Administración Pública”. Por este
motivo, el Instituto Armado destaca que todas estas conductas al margen de la
ley “tuvieron que contar con la absoluta connivencia y cooperación del
interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El uso
de la contratación menor no es la única ilegalidad descubierta, según la
Guardia Civil. Ha detectado la suspensión de concursos públicos, licitaciones
amañadas y desvío de fondos por trabajos no realizados para beneficiar a Eulen.