- El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha recordado que esta situación deriva de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, que permite a las empresas aplicar sus propios convenios en lugar del convenio estatal, lo que “ampara, permite y facilita esa clase de pirateo”
Fuente:
clm24.es – 26/07/2017
El
Gobierno regional ha autorizado la resolución del contrato de vigilancia y
seguridad de los edificios del Gobierno regional con la UTE ‘Sinergias de
Vigilancia y Seguridad S.A.’ y ‘Cyrasa Seguridad S.L’ para garantizar las
condiciones laborales y retributivas de los trabajadores que prestan este
importante servicio en las dependencias de la Junta de Comunidades en Toledo,
Guadalajara y Ciudad Real, cumpliendo así el compromiso adquirido con ellos,
tanto en privado como en público, y en sede parlamentaria.
Tal y
como ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico,
Nacho Hernando, hoy mismo el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
Juan Alfonso Ruiz Molina, tras recibir la autorización este martes del Consejo
de Gobierno, ha firmado la resolución del contrato, tras comprobar “de la mano
de los trabajadores”, que una vez abonada la primera nómina, la empresa no
estaba respetando el convenio estatal de referencia en el sector
“ocasionándoles una importante reducción en sus salarios”.
Tras
remarcar que los pliegos elaborados por el Gobierno regional para adjudicar
este contrato no tenían ninguna deficiencia y que el importe respetaba el
convenio colectivo estatal en esta materia, Hernando ha recordado que esta
situación deriva de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012,
que permite a las empresas aplicar sus propios convenios en lugar del convenio
estatal, lo que “ampara, permite y facilita esa clase de pirateo” al fijar
sueldos “muy por debajo del convenio colectivo del sector”.
Asimismo,
ha precisado que la resolución del contrato con la mencionada UTE cuenta con un
informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y viene avalada
además por una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 10 de junio que
anulaba el convenio de la empresa ‘Sinergias y Seguridad’ por pagar sueldos en
el límite del Salario Mínimo Interprofesional y conculcar la legalidad vigente
en materia de capacidad y legitimación para negociar.
En este
sentido, Nacho Hernando ha subrayado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido
diversas reuniones con los sindicatos para informarles en todo momento de esta
situación y ha recordado que esta
problemática no sólo afectaba a Castilla-La Mancha, sino también a otras administraciones
del ámbito estatal, autonómico o local, como los ministerios de Empleo y
Defensa, los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Canarias o los ayuntamientos
de Madrid y Barcelona.
De
igual modo, ha enfatizado el compromiso del Gobierno del presidente Emiliano
García-Page con el empleo digno y de calidad, “no sólo de los empleados
públicos”, sino también de las empresas que prestan servicios a la Junta de
Comunidades, tal y como recoge el III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo,
rubricado la semana pasada, “un escudo de garantías laborales con el que
avanzamos hacia una contratación socialmente responsable” también en las
empresas que prestan servicios a la Administración regional.
Desde
el Gobierno regional ya se ha contactado con las empresas que quedaron en
segundo lugar en el concurso. En los lotes de Toledo y Guadalajara se hará
cargo del servicio la empresa que quedó en segunda posición, mientras que en
Ciudad Real lo hará la que quedó en tercer lugar, al haber renunciado la
segunda. Las empresas que comenzarán a prestar el servicio se han comprometido
a respetar el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, al estar
así expresamente contemplado en el pliego.
Hernando
ha señalado que se espera que las nuevas empresas comiencen a prestar el
servicio desde el 1 de agosto para que la situación de merma retributiva de los
vigilantes de seguridad acabe lo antes posible, al tiempo que ha lamentado que
el Gobierno de España haya recurrido las cláusulas sociales aprobadas por el
Ejecutivo regional para “apuntalar los derechos de los trabajadores frente al
asedio de los recortes en materia de derechos laborales llevado a cabo durante
la anterior legislatura del Partido Popular”.