LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS
El
empresario 'low cost' de la seguridad privada anuncia a los sindicatos el cese
de actividad de su principal compañía
- Seguridad Integral Canaria, con una deuda de 7,2 millones de euros, “liquidará, cederá o venderá” todos sus contratos, públicos y privados
- La empresa, que lleva meses pagando con retraso las nóminas a sus 4.000 trabajadores en toda España, niega que vaya a cerrar o entrar en concurso
- Quiere prescindir de los vigilantes y centrarse únicamente en el transporte de fondos
Fuente:
infolibre.es - Begoña P. Ramírez- 22/08/2017
El
administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor Jesús de Armas ha anunciado
a los representantes de los trabajadores del cese de actividad de la firma,
propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Condenado por el
Tribunal Supremo, luego indultado por el Gobierno, Ramírez apareció como
donante del PP en la contabilidad del partido y se ha convertido en la bestia
negra de los trabajadores de la vigilancia privada por los bajos salarios que
paga. Pese a que no aplica el convenio estatal del sector, es uno de los
principales adjudicatarios de contratos de seguridad para las administraciones
públicas.
Según
ha comunicado el comité de empresa de Tenerife a la plantilla en una nota a la
que ha tenido acceso infoLibre, los contratos que mantiene con compañías
privadas serán “liquidados, vendidos o cedidos” el 1 de septiembre y los públicos,
el 1 de octubre. El administrador de Seguridad Integral Canaria se ha
comprometido ante los representantes sindicales a “pagar a los trabajadores,
proveedores y bancos”. Según ha informado el sindicato USO, Héctor de Armas
explicó al comité que la empresa debe 7,2 millones de euros, de los cuales la
mitad corresponden a la compra de la sede de la firma en Las Rozas (Madrid) y
el resto a reclamaciones de cantidades que debe atender por sentencias
judiciales a favor de sus trabajadores. Además, ha indicado que antes del 30 de
octubre pretende haber “traspasado todos los servicios, tanto públicos como
privados” a otras empresas. Alternativa Sindical habla de la “venta de unidades
productivas de la empresa a terceros” e incluso de un posible concurso de acreedores.
Según
las fuentes consultadas por este periódico, De Armas adelantó al comité que la
dirección de la empresa quiere “redirigirla”, “cambiando de estrategia”. “En
España hay 1.500 empresas de seguridad, pero sólo cuatro se dedican al
transporte de fondos [en camiones blindados] y nosotros somos una de ellas”,
detalló el administrador. Así, la intención de Seguridad Integral es
“profundizar en ese sector en la Península y prescindir del área de vigilancia
como fuente de ingresos”. Héctor de Armas destacó que los pagos en los
concursos no permiten a la empresa cubrir los costes de que suponen los
vigilantes. Sobre todo, porque las administraciones “pagan tarde y mal”, dijo.
“Por eso vamos a ceder los contratos de vigilancia a otras empresas”, concluyó.
Por su
parte, un portavoz de Seguridad Integral Canaria ha negado a este periódico que
la empresa vaya a cerrar o entrar en concurso de acreedores. “En los últimos
meses sus responsables han reflexionado sobre la situación del sector de la
seguridad en España y sobre la situación de la empresa, y este miércoles se
reunirán para tomar decisiones que garanticen su viabilidad”, explicó.
Un cese
de actividad no es lo mismo que la extinción de una sociedad. En el primer
caso, la empresa suspende temporalmente la actividad pero mantiene su
personalidad jurídica y debe seguir elaborando la contabilidad, legalizar
los libros y depositar las cuentas en el
Registro Mercantil. También tiene que continuar pagando el Impuesto de
Sociedades. Sin embargo, no puede emitir facturas y debe despedir a la
plantilla.
Impagos
y retraso de cobro de nóminas
La
plantilla de Seguridad Integral Canaria en toda España alcanza los 4.000
trabajadores. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus
nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que
llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos.
Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de
servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias, que no han cobrado
aún la nómina de julio o de Adif en Andalucía. De hecho, la reunión en Tenerife
se celebró tras reclamarla la presidenta del comité de empresa, para pedir
explicaciones sobre la falta de abono a día 21 de agosto de los sueldos de
julio.
Seguridad
Integral Canaria tampoco ha abonado los finiquitos a los 500 trabajadores que
vigilaban hasta el pasado mayo las instalaciones del Ministerio de Defensa en
toda España. El contrato, en cualquier caso, lo ejecuta desde esa fecha otra de
las empresas vinculadas a Ramírez, Marsegur.
Seguridad
Integral Canaria apareció también en la lista de morosos que Hacienda publicó
el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros. Entonces, Ramírez
aseguró que había pagado ya esa cantidad y culpaba a las administraciones de
sus problemas de liquidez: cifraba en 16 millones de euros el dinero que éstas
le debían por los servicios que les presta.
Por el
contrario, los sindicatos denuncian que Ramírez lleva tiempo “vaciando”
Seguridad Integral Canaria y traspasando el negocio a sus marcas blancas,
Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. La Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo han anulado los convenios colectivos de ambas empresas, que
fueron negociados de forma ilegal y establecen salarios hasta un 40% por debajo
del convenio estatal. Si los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat
cobran 1.000 euros al mes, los de estas dos empresas no llegan a los 800.
