El
turbio negocio de la seguridad privada en Canarias
Fuente:
eldiario.es/canariasahora - Carlos Castañosa - 17/09/2017
Otro
más… Conviene no mirar al suelo cuando se nos plantean problemas que, aunque en
apariencia no nos atañan directamente, puede afectarnos en segunda o tercera
persona como integrantes de una sociedad en la que todos somos engranaje
imprescindible para que el motor no se atasque.
Espeluznante
el reportaje de una TV local en el que prestaron su testimonio 25
representantes de un colectivo de 2.000 trabajadores canarios, empleados de
empresas de seguridad privada, que denunciaron unas aberrantes condiciones
laborales, en una situación de precariedad insostenible. Al parecer, habían
llegado al límite de su capacidad de sufrimiento, y daban este primer paso en
su proceso de rebelión contra los abusos empresariales y el menosprecio de las
autoridades políticas que se inhiben, como suele ser habitual, ante cualquier
situación que no les suponga un evidente incremento en la previsión de votos.
Tras
repasar el programa televisivo, puede llegarse a conclusiones bastante
decepcionantes. De un lado, el dato de que entre el 60 y 70% de las
contrataciones públicas de seguridad privada para centros, organismos,
instituciones, sedes y edificios oficiales, se realizan bajo el criterio
economicista de adjudicación a la opción más barata. –Obviamente, si algo es
barato por su baja calidad, deja de ser barato–. Y aquí, la mala calidad viene dada por el medio
pelo de la gestión interna de las llamadas “empresas pirata”, cuyo único
objetivo es la obtención de beneficios a costa de la explotación laboral de sus
empleados. Los intervinientes aclararon que el procedimiento oficial
contraviene la Directiva Europea (2014/24), de protección al trabajo digno.
Otro dato
aleccionador fue divulgar cómo funciona el perverso modelo empresarial de las
“externalizaciones”. Una empresa matriz que domina el mercado, protegida institucionalmente, y por ende, obteniendo
pingües beneficios. Pero existe la reptil posibilidad de incrementar
rentabilidad a costa de la calidad del
producto o servicio, y del respeto por el concepto de trabajo digno/salario
digno. Consiste en delegar parte de la actividad a empresas de bajo coste,
algunas auténticamente marginales, para abaratar gastos. Las víctimas de la
operación son los trabajadores, tanto de la matriz como de los menospreciados
“mano de obra barata”; pues estos están vinculados a convenios particulares
–cuyos comités de empresa suelen estar comprados–, lo que supone mengua del 30%
en una nómina que, en varios casos, se tarda tres o cuatro meses en cobrar, si
se cobra. Son 700 euros mensuales para un padre o madre de familia, en
situación de precariedad extrema, que tienen que acudir a los servicios
sociales y con la limitación de que, por
tener una nómina, no se tiene derecho a ciertas ayudas y sus hijos han tenido
que empezar el colegio sin libros ni material escolar.
Es por
lo que cuando tengo que oír las triunfalistas declaraciones de Fátima Báñez
sobre la creación y calidad de los puestos de trabajo que nos han sacado de la
crisis, tengo que tomarme un ibuprofeno.
El
problema no es solo nuestro, específico de Canarias, pues el caso de El Prat es
el paradigma de lo que está pasando en este ámbito específico de la seguridad
privada que, por correlación, trasciende a otros sectores empresariales,
dirigidos y controlados por una OCEDE que aplica feudalmente la nefasta reforma
laboral que, como siga así, a su ínclito presidente puede pasarle lo que a su
antecesor Díaz Ferrán, que algo le reventó en las manos y tuvo que vestirse con
pijama de rayas. A mí lo que me “revienta” es que con mi dinero, fondos
públicos, mis impuestos, se subvencionen organismos nocivos como este; o
partidos políticos que, desde el poder y desde la oposición, son y han sido
incapaces de proteger los intereses del pueblo y defender sus derechos
constitucionales.
Esta
generalidad de despotismo institucionalizado es lo que me induce a invitar a no
ponernos de perfil ante conflictos que pueden parecernos ajenos, pero no lo son
porque nos repercuten a todos. Aquí tenemos, y sufrimos, la maquiavélica
gestión de nuestra aerolínea regional, monopolio flagrante, que ejecutó con
gran maestría, en connivencia con las autoridades, la “externalización” hacia
compañías de low cost. Un negocio redondo… a costa de los usuarios y de sus
trabajadores despedidos.
Recomiendo
una visita, en MÍRAME TV, vía internet, al programa de Artiles del pasado
jueves 14 de Septiembre. Puedo asegurar que la imagen colectiva de las personas
reivindicando respeto para su dignidad zaherida, me dejó impactado. La
expresividad de aquellos rostros y su legítimo alegato, repleto de razones, me
pareció un documento memorable.