La
huelga de El Prat, punta del iceberg de la situación de los vigilantes de
seguridad privada
- El conflicto de los vigilantes del aeropuerto barcelonés ha servido para dar visibilidad a las reivindicaciones de un colectivo de 80.000 trabajadores, con sueldos de 1.000 euros, turnos de 12 horas y muchas "empresas piratas", que son las que más contratan las administraciones públicas
Fuente:
publico.es – MADRID - 17/09/2017 - EFE
El
conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat es "la punta del
iceberg" de la realidad de un sector con sueldos de 1.000 euros, turnos de
12 horas y muchas "empresas piratas", y ha servido para dar
visibilidad a sus reivindicaciones y encarrilar la búsqueda de una solución
global.
Los
sindicatos valoran que ese conflicto, "similar a otros", sirva para
poner de manifiesto que el sector de la seguridad privada tiene que
dignificarse porque estos profesionales prestan servicio junto a las fuerzas y
cuerpos de seguridad en lugares sensibles, algo especialmente relevante en un
momento de alerta 4 antiterrorista reforzado tras los atentados de Catalunya.
En
España hay unos 80.000 vigilantes de seguridad en activo que trabajan tanto en
lugares privados como sobre todo en administraciones públicas, en muchos casos
en infraestructuras "críticas" como aeropuertos o centrales
nucleares, según detallan desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y USO) y
desde la Plataforma Social por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores
de Seguridad Privada, que integra a otros cinco.
Coinciden
todos en que es precisamente en las administraciones públicas donde más se
contrata a "empresas piratas" que se valen de la reforma laboral de
2012 para descolgarse del convenio colectivo y pagar hasta 300 euros menos al
mes a unos profesionales que ya cobran de media, sin antigüedad y complementos,
unos 1.000 euros.
"Es
como una subasta pura y dura, se da al más barato", resume el secretario
del Sector de Seguridad de UGT, Sergio Picallo, que entiende que "hay que
cambiar de tendencia y pasar del caos y el descontrol a la coordinación y la
profesionalización del sector" y "no permitir que la Administración
sea el principal agente de precarización".
Para
encauzar este cambio Picallo confía en la labor del recién creado grupo de
trabajo que abordará la situación del sector en las infraestructuras públicas,
en el que participan cuatro ministerios, la patronal y UGT y CCOO. Confía
también en que, paralelamente, avance la bloqueada negociación del convenio
colectivo, con una mejor disposición de la patronal. Si no, habrá
movilizaciones "generalizadas".
Las
reivindicaciones del sector son cíclicas y justo antes del verano se pusieron
de manifiesto en la calle con concentraciones el pasado 28 de junio en las
principales ciudades en las que participaron miles de vigilantes que exigieron
un convenio justo, en contra de la propuesta "regresiva e
inadmisible" que había hecho la patronal en la mesa negociadora.
Allí
los sindicatos ya advirtieron de la importancia del trabajo de los vigilantes
en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en un
momento de nivel 4 de alerta antiterrorista en el que cualquier día podría
haber un atentado, como finalmente pasó en agosto. Y en julio estalló el
conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat, que aún continúa.
Este
caso ha hecho aflorar otros, con diferentes avisos de movilizaciones, entre
ellos una huelga en la empresa Marsegur, una de las más criticadas, para el 25
y 26 de septiembre convocada por UGT, CCOO y USO.
También
una huelga indefinida en todo el sector los días 23 y 24 de septiembre, seguida
de paros, por parte de la Plataforma Social para la Defensa de Trabajadores de
la Seguridad Privada, que pide una subida salarial del 10 % y compromiso de
"no retroceso". Y una "gran concentración" el día 27 en
Madrid por parte de dos colectivos minoritarios que quieren huelga en todo el
sector.
Los
tres sindicatos mayoritarios no apoyan estas dos convocatorias para una huelga
genérica porque creen que ahora es momento de negociar, aunque advierten de que
si no hay avances en las próximas semanas viviremos "un otoño
caliente".
"En
la reunión del grupo de trabajo con el Gobierno hubo muy buenas palabras, pero
lo vemos con precaución porque queremos propuestas reales, con presupuesto para
subir salarios y mejorar derechos", advierte desde Comisiones Obreras
Daniel Barragán, que avisa de que mientras ese grupo avanza ellos no van a
dejar de movilizarse por un convenio justo.
El
secretario general de Seguridad Privada de USO, Basilio Alberto Febles,
cuantifica en 20.000 los profesionales que trabajan para empresas con
condiciones inferiores a las del convenio colectivo, el 90 % de ellos en
administraciones públicas, y urge también a una "dignificación" que
este sindicato demanda desde hace años.
Alerta
de que, además de las malas condiciones, estas empresas suelen acaban en
concurso de acreedores y dejan deudas a la Seguridad Social, como ha pasado con
Esabe, con 28 millones, Falcon con 13 o Seguridad Integral Canaria, con 21
millones, según señala.
Aunque
parezca que "cada uno va a su aire", tanto los representantes
mayoritarios como los de colectivos reducidos como los vigilantes del área de
Defensa esperan que "esta vez si se consiga, de una vez por todas, mejorar
el sector".