LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO
El
Congreso impide que los adjudicatarios públicos paguen sueldos por debajo del
convenio sectorial
- Aprueba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a los adjudicatarios priorizar un convenio de empresa
- Las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio
Fuente:
infoLibre.es - 19/10/2017
El
Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la
mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias
priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial, ha informado Europa Press.
Así,
PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han
tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la
Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el
pasado mes de julio del Congreso.
El
proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el
Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero
de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó
el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir
y acordar cambios en la norma.
Finalmente,
fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana
de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y
con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse
aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.
De este
modo, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más
transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección
para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de
las cláusulas sociales.
¿Calidad
antes que precio?
Aunque en
el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como
mandaba la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y
Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle
durante el trámite parlamentario.
También
dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se
priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para
potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primen determinados
aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.
Desde
Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos
menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores
los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y
cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los
segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.
Un
supervisor de la contratación pública
Otro de
los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es
Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de
la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión,
que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa
y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de
contratación.
De esta
forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) —en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía— para
constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se
asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Una de
las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la
independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo
así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas
justificables ya tasadas.
Igualmente,
de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará
de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de
los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en
paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la
contratación pública.
Licitaciones
más abiertas
Uno de
los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir
modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los
criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor
número de empresas.
Así, la
nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos
—en caso de que no sea posible la Administración deberá justificarlo—, también
flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias
de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la
acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.
Mayor
protección de los trabajadores
Otra
reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos
laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones
las empresas se descolgaban en los concursos de los convenios laborales para
presentar ofertas más baratas.
A
partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales
recogidas en los convenios sectoriales, materia que ha sido muy debatida en los
últimos tiempos por la reducción de salarios a trabajadores de seguridad
privada. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir
incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales
hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.
A la
hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el
PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que
serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres
millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además,
se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia
de contratación.