La nueva
ley de contratos públicos frenará los acuerdos a la baja de empresas 'low cost'
con la Administración
La transposición de una
directiva europea debería acabar con la práctica de licitar contratos por
cantidades que ni tan siquiera cubren los costes salariales establecidos en los
convenios colectivos
A partir de ahora deberán
desagregarse por categoría los costes salariales, partiendo de los estipulados
en convenio
Fuente:
eldiario.es/Marina Estévez Torreblanca/
29/10/2017
Vigilantes
de seguridad de ministerios y organismos del Estado con salarios por debajo de
lo que marca el convenio colectivo, huelgas por impago del personal de las
cafeterías del Palacio de la Moncloa... los trabajadores que prestan sus
servicios en las sedes del poder padecen en ocasiones condiciones de trabajo
temerarias que llegan a bordear lo ilegal, o a sobrepasarlo.
Toda la
contratación pública en España se ha visto afectada por ofertas a la baja
exclusivamente basadas en criterios económicos. En un contexto de recortes y de
crisis económica, las Administraciones han presupuestado concursos por precios
reducidos, y los han concedido a la oferta más económica. A veces, como ocurrió
con la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, nada más ganarla
algunas de las empresas plantearon un ERE entre sus empleados que provocó que
fueran a la huelga.
Un
panorama que podría cambiar con la nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada
definitivamente por el Congreso de los Diputados, y que transpone –con retraso–
una directiva europea. Con la nueva norma no deberían darse casos como los de
Marsegur, una empresa de seguridad privada "low cost" empleada, por
ejemplo, en el Ministerio de Defensa, y que afronta cientos de demandas.
También podría evitarse el problema salarial de
Eulen, cuyos trabajadores fueron a la huelga en el aeropuerto de El Prat
este verano.
¿Qué
cambia la norma?
Para
empezar, será obligatorio que el órgano de contratación excluya del proceso las
ofertas anormalmente bajas que se presuman inviables. Además, el principal
motivo por el que se evitarían los casos citados es que la nueva ley obliga a
que en la oferta se incluyan, desagregados por categoría, los costes
salariales, partiendo de los indicados por el convenio colectivo sectorial.
Esto significa que se tendrán que tener en cuenta los costes de personal, con
sueldos de convenio colectivo sectorial, a la hora de hacer la licitación y a
la hora de ganarla.
Con lo
que los vigilantes de Marsegur tendrían que haber ganado como mínimo lo que
indica el convenio sectorial para que su empresa consiguiera el contrato.
Precisamente estos días se están movilizando los vigilantes de seguridad para
demandar a la patronal un convenio colectivo justo.
Los
votos de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT fueron suficientes para
rechazar en el Congreso las tres enmiendas que había introducido el PP en el
Senado para privilegiar los convenios de empresa, menos protectores, frente a
los sectoriales.
Además,
se establece que la Administración deberá vigilar el cumplimiento de las
condiciones que se han estipulado. Este verano, en plena huelga de los vigilantes
de Eulen en el aeropuerto de El Prat, uno de los directores generales de AENA,
Javier Marín, reconocía que la sociedad estatal desconocía los sueldos y las
condiciones laborales concretas de los trabajadores porque no eran de su
competencia, y que la empresa había ganado el concurso por ser la más
económica.
Hasta
ahora se permitía la licitación de los contratos a empresas con precios que no
cubrían los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de
aplicación, y esta situación suponía una pérdida de derechos laborales para los
trabajadores de estas empresas, al mismo tiempo que una reducción de la calidad
de los servicios que los ciudadanos reciben por esta vía, según CCOO.
¿Qué
ocurre si una empresa incumple ya ganado el concurso?
En
2013, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presentó un contrato integral para la
"limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes"
durante ocho años, con un coste de adjudicación de 2.316 millones de euros y un
ahorro anual de 32 millones de euros.
Una vez
escogidas las contratistas, tres de las empresas (Valoriza, FCC y OHL)
decidieron que la plantilla era excesiva para obtener los beneficios previstos
y presentaron un ERE para más de 1.100 trabajadores. Tras multitud de quejas y
problemas con la limpieza de la capital, el actual equipo de gobierno del
ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, ha intentado, sin éxito, rescindir
estos contratos y remunicipalizar el servicio.
Con la
nueva ley, se establece el incumplimiento de las condiciones laborales, entre
otras, como causa de resolución de los contratos. Y aunque ya no afecte a los
que están en vigor, sí que podrá aplicarse cuando se vayan a renovar.
Además,
la norma establece penalizaciones en caso de que los contratistas incumplan las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso del pago
de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.
"¿Se
inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012?"
El
catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad
Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo se pregunta en su blog sobre realidades laborales: "¿Se
inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012 (...) aunque sea por una
vía indirecta no estrictamente laboral, como es una norma
administrativa?". y afirma que la dinámica parlamentaria actual,
consecuencia de la convulsa situación política, unida a los resultados
electorales de junio de 2016, "pueden hacer posible unos cambios
sustanciales en aquella reforma, siendo no menos relevantes los acuerdos que se
alcancen entre el gobierno y los agentes sociales en las distintas mesas
abiertas de diálogo social".
"Ahora
existen los instrumentos para evitar estas situaciones de abuso, otra cosa será
que se cumplan", afirma por su parte el secretario de Acción Sindical de
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos. Señala que la
intención del sindicato es seguir de cerca la evolución de las contrataciones
públicas a partir de que la ley entre en vigor, dentro de cuatro meses. En todo
caso, considera que "la ley aprobada hoy, sin cubrir plenamente los
objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación
existente".