Los
ministerios siguen contratando vigilantes 'low cost' pese al toque de Fomento
Ni la nueva ley de contratos
ni el acuerdo vinculante que firmó Fomento con los sindicatos han impedido que
las administraciones públicas sigan recurriendo a empresas 'piratas'
Fuente:
elconfidencial.com/MARINA VALERO/07.12.2017
Los
‘piratas’ de la seguridad aún no tienen los días contados. Novo Segur, empresa
conocida por pagar 789 euros brutos al mes a sus vigilantes en instituciones
públicas como el Ministerio de Defensa -que no renovará el contrato-, acaba de
ganar doce adjudicaciones con organismos tan variados como el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (dependiente de Industria), la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias (Interior) o la Inspección General de Sanidad
de la Defensa. Ni la recién aprobada Ley de Contratos ni el acuerdo para
mejorar las condiciones de los empleados -impulsado por Íñigo de la Serna
(Fomento)- lo han impedido.
Los
nuevos contratos se hacen públicos poco después de que el ministerio
capitaneado por María Dolores de Cospedal se comprometiera a acabar su relación
con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur) en cuanto expire el contrato en
marzo, momento en el que sacará una nueva licitación. Los vigilantes de esta
empresa se pusieron en huelga en octubre para denunciar una pérdida de poder
adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las
tablas del convenio de seguridad estatal.
No
obstante, esta práctica hasta ahora era legal (y demasiado habitual). Los
convenios de empresa podían prevalecer sobre el sectorial, situación que cambia
con la nueva Ley de Contratos del Sector Público: sobre papel, el precio pierde
peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del
servicio, los pliegos deberán incluir cláusulas sociales y las empresas estarán
obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente
superiores a lo que paga Novo Segur (entre otras).
Pero la
nueva Ley, ya publicada en el BOE, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro
meses. Hasta entonces, las administraciones públicas podrán seguir contratando
con empresas que tiran los precios a fin de presentar la oferta económica más
ventajosa. El ejemplo más reciente es el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), que acaba de
adjudicar un contrato de dos años a Novo Segur para sus servicios de vigilancia:
arrancará el 1 de enero de 2018 y cuenta con un presupuesto de 114.674 euros,
según el expediente consultado por este periódico en la plataforma de
contratación del sector público.
"A
todos les gusta quedar bien, pero siguen adjudicando los contratos a los mismos
‘piratas’ de siempre"
Le
siguen organismos dependientes del Ministerio de Empleo como la Tesorería
General de la Seguridad Social en las direcciones provinciales de Ciudad Real o
Tenerife, con un plazo de ejecución de 12 meses y un importe de adjudicación no
superior a los 307.447 euros en ninguno de los casos. También destaca el
servicio de vigilancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León
(88.510 euros), otorgado igualmente a la antigua Marsegur. El Confidencial ha
intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito.
“Las direcciones
provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias
decisiones de contratación”, justifican fuentes de Empleo. Y dejan claro que el
departamento de Fátima Báñez fue de los primeros en incorporar cláusulas
sociales en los pliegos para garantizar unas condiciones laborales mínimas. “Se
hizo en julio de 2017, antes de que se aprobara la nueva ley, y se envió una
recomendación a los citados organismos para que las aplicaran”. Este ministerio
ya fue noticia por contratar en el pasado con Sinergias de Vigilancia y
Seguridad, otra empresa ‘pirata’ que pagaba un sueldo base de 660 euros al mes
y superaba el salario mínimo interprofesional por los pluses, como desveló ‘El
País’.
Con El
Prat empezó todo
La
huelga en el aeropuerto de El Prat abrió el melón de la seguridad privada en
España. Tras un verano caliente que se resolvió con un laudo de obligado
cumplimiento para los trabajadores de Eulen (subcontratada por Aena), el
ministro de Fomento recogió el guante de los sindicatos y evitó que estallase
un conflicto similar en el gestor aeroportuario. Su departamento firmó el mes
pasado un acuerdo vinculante con los sindicatos y las empresas para mejorar las
condiciones de un sector azotado por la precariedad.
Interior
y Empleo suscribieron dicho texto, que se aplicará en las infraestructuras de
transporte de competencia estatal. Incluye además un anexo específico para el
ámbito aeroportuario. Los nuevos contratos que otorgue Aena deberán contemplar
nuevos pluses “que serán tenidos en cuenta en la estimación del precio de
licitación y que serán obligatorios para las empresas de seguridad”.
Según
Diego Giráldez, responsable de seguridad a nivel estatal en UGT, el acuerdo va
más allá de lo que establece la Ley de Contratos y debería “trasladarse a la
totalidad de ministerios que contratan seguridad privada”. El menor peso de la
oferta económica, el abono normalizado de las nóminas (sin retrasos ni impagos)
y la prohibición de presentar una bolsa de horas extra gratis son algunos de
los requisitos. El sindicato se ha puesto en contacto con Cristóbal Montoro
(Hacienda) para intentar extrapolar los avances a su ministerio.
Ahora
solo falta que las administraciones públicas sean coherentes y cumplan lo que
han firmado. “Es el mismo problema de siempre: a todos les gusta quedar bien,
te dan la razón en las reuniones y se comprometen a actuar, pero siguen
adjudicando los contratos a los mismos ‘piratas’ de siempre”, concluye Basilio
Febles desde el sindicato USO.