La crisis deja la UAD sin vigilancia privada
Un policía local custodia la unidad asistencial de Rodeira, que Prosegur dejó porque no cobraba
| Farodevigo.es – 12 Octubre 2011 |
G.M.P. - CANGAS Ni siquiera la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD) de Cangas, ubicada en Rodeira, se libra de la crisis que atenaza a la Administración y que ha obligado al Concello a prescindir del guardia de seguridad que realizaba labores de vigilancia en estas dependencias. La deuda acumulada con la empresa Prosegur ya era "insostenible", reconocen los afectados, por lo que la compañía ha dejado de prestar el servicio y el Concello la ha suplido con un agente de la Policía Local, que cumple su horario laboral en el nuevo destino.
"El contrato con Prosegur acabó y hay una deuda muy importante, porque desde hace mucho tiempo que no se le pagaba", reconoce el alcalde, José Enrique Sotelo, que optó poco después de recuperar el gobierno municipal por "prescindir de la empresa y poner en su lugar un agente de la Policía Local en segunda actividad", explica. Para el regidor es una solución "lógica", ya que "no procede mantener el contrato si no se les paga". Uno de los problemas que genera la nueva situación es que el agente municipal no cubre todo el horario en que permanece abierta la UAD, lo que obliga a hacerlo a otros profesionales del centro.
Menos subvenciones
Pero la crisis y los recortes de dinero público no solo afectan a la seguridad. La Unidad Asistencial de Drogodependencias de Cangas también ha visto reducido, en el último año, la cuantía de la subvención que recibe de la Xunta. La política de austeridad impulsada por el presidente Núñez Feijóo desde que el PP recuperó el gobierno autonómico ha provocado una merma de las ayudas de casi un 15%, y en el último ejercicio la subvención ha sido de 247.506 euros, frente a los 286.583 euros que recibió en 2009 para el ejercicio siguiente. Similar rebaja se ha aplicado en otros centros asistenciales de Galicia.
Con menos ayudas públicas para desarrollar su trabajo, la UAD de Cangas afronta la celebración de sus 25 años de actividad, para la que ya tiene preparado un programa de actos el día 27 en el Auditorio.
"El contrato con Prosegur acabó y hay una deuda muy importante, porque desde hace mucho tiempo que no se le pagaba", reconoce el alcalde, José Enrique Sotelo, que optó poco después de recuperar el gobierno municipal por "prescindir de la empresa y poner en su lugar un agente de la Policía Local en segunda actividad", explica. Para el regidor es una solución "lógica", ya que "no procede mantener el contrato si no se les paga". Uno de los problemas que genera la nueva situación es que el agente municipal no cubre todo el horario en que permanece abierta la UAD, lo que obliga a hacerlo a otros profesionales del centro.
Menos subvenciones
Pero la crisis y los recortes de dinero público no solo afectan a la seguridad. La Unidad Asistencial de Drogodependencias de Cangas también ha visto reducido, en el último año, la cuantía de la subvención que recibe de la Xunta. La política de austeridad impulsada por el presidente Núñez Feijóo desde que el PP recuperó el gobierno autonómico ha provocado una merma de las ayudas de casi un 15%, y en el último ejercicio la subvención ha sido de 247.506 euros, frente a los 286.583 euros que recibió en 2009 para el ejercicio siguiente. Similar rebaja se ha aplicado en otros centros asistenciales de Galicia.
Con menos ayudas públicas para desarrollar su trabajo, la UAD de Cangas afronta la celebración de sus 25 años de actividad, para la que ya tiene preparado un programa de actos el día 27 en el Auditorio.
Castelló congelará hasta 2013 las inversiones municipales para reequilibrar sus cuentas
El gobierno local presionará al Consell para que relance la Ciudad de las Lenguas, el centro de la Dávalos, el Tram y Gaetà Huguet Suprimirá contratos públicos "prescindibles" como la seguridad privada
J.MESTRE CASTELLÓ - Levante-EMV.com – 12 Octubre 2011
El equipo de gobierno de Castelló congelará las inversiones municipales hasta al menos 2013 y estudia eliminar el próximo año los contratos públicos "prescindibles", como el servicio de seguridad privada, para poder regresar al reequilibrio presupuestario, subrayó ayer el alcalde de Castelló, Alfonso Bataller.
Las inversiones locales, que comprenden por ejemplo nuevas zonas verdes o viales, quedarán "en stand by hasta que tengamos capacidad inversora", aseveró Bataller. Según recoge el informe de estabilidad del interventor municipal y reiteró ayer el alcalde, la existencia de remanente negativo en las cuentas municipales impide al ayuntamiento incrementar su endeudamiento para afrontar nuevas inversiones. "Nuestro objetivo es cortar este remanente negativo de raíz en los próximos años", abundó Bataller, quien agregó que el ejecutivo local se ha propuesto sanear sus cuentas en la primera parte de mandato para relanzar las inversiones locales en la segunda mitad, aunque el primer edil dudó a la hora de fijar en qué momento se materializará el despegue inversor. Tal como ha ido relatando Levante de Castelló, el objetivo del gobierno local es poner fin en un plazo de dos años al desfase entre ingresos y gastos y reducir un 30% su nivel de endeudamiento (de los 100 a los 69 millones).
Entre otros proyectos, quedarán aparcados hasta 2013 el parque de los Niños o la Ciudad del Deporte. El gobierno local presionará, por su parte, a la Generalitat Valenciana para que relance en este mandato los proyectos que tiene pendientes, caso de la Ciudad de las Lenguas, la línea del Tram UJI-Grau, el centro juvenil de la fábrica Dávalos y las instalaciones deportivas de Gaetà Huguet, infraestructuras que los munícipes populares consideran prioritarias.
Bataller se reunió ayer con su equipo de gobierno para trazar las directrices generales del presupuesto de 2012, que se aprobará a finales de noviembre y que estará marcado "por la austeridad, gestión eficiente del dinero público, el gasto social y la promoción del empleo", según el alcalde. Además de la suspensión de los proyectos municipales, el ejecutivo local reducirá un 20% el gasto corriente no comprometido, bajará un 30% el coste de alguna de las grandes adjudicaciones de servicios públicos y eliminará aquellos "contratos prescindibles", resaltó Bataller, quien apuntó que uno de los servicios que baraja suprimir es el de la seguridad privada de edificios públicos. La plantilla de funcionarios se mantendrá congelada en 2012 y el ayuntamiento negociará con los sindicatos de la función pública un nuevo convenio colectivo "ajustado" a la actual situación de crisis. Respecto al capítulo de ingresos, anunció una nueva revisión de tasas en 2012 "sin intención de subirlas", que se sumará a la modificación al alza de otra decena de tasas que aprobó el último pleno.
Mantenimiento gasto social
El gobierno del PP emprende estas medidas para atajar el desbarajuste presupuestario provocado por la fuerte caída de ingresos. Asimismo, Castelló ha de devolver al Gobierno 14 millones (en un plazo de cinco anualidades a partir de 2012) por un desajuste del Estado en la previsión fiscal. Las cuentas municipales de 2012 manejarán una cifra parecida a la de este año. No obstante, destacó el alcalde, el ayuntamiento mantendrá el mismo gasto social y hará un esfuerzo para llevar a cabo medidas relacionadas con la creación de puestos de trabajo, como el Pacto por el Empleo.
POR DEUDAS
La Ciudad Deportiva está sin seguridad privada
DANIEL BARRASA 12/10/2011 – elperiodicoextremadura.com
La empresa encargada de la seguridad privada de la Ciudad Deportiva ha rescindido su contrato con el Ayuntamiento de Mérida alegando la deuda acumulada por los contínuos atrasos en el cobro de facturas, como ya ocurriera el pasado verano con la adjudicataria del servicio de mantenimiento de la climatización y calefacción de las dependencias municipales. Según indicó el portavoz municipal, Fernando Molina, esta cantidad ronda los 200.000 euros. A partir de ahora se hará cargo de esta función la policía local.
Por otro lado, Molina indicó que se ha encargado a los técnicos municipales un informe para determinar posibles responsabilidades por la contratación, por parte del anterior gobierno local, de una auditoría que no ha dado ningún resultado.
