lunes, 30 de abril de 2012

Málaga y Granada:Privatización Seguridad Penitenciaria


Interior sustituirá a los guardias civiles de la cárcel por ex escoltas

La AUGC asegura que la medida afectará a "buena parte" de los 60 agentes destinados en Alhaurín de la Torre · El proyecto está en fase embrionaria y obligará a modificar la Ley de Seguridad Privada
Fuente: malagahoy.es - J. CINTORA · R. RENDÓN / MÁLAGA | 30.04.2012 –

El Ministerio de Interior está ultimando el plan que privatizará la seguridad de los centros penitenciarios españoles. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los escoltas privados del País Vasco y Navarra que protegían a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras es el alto fuego definitivo de ETA se encarguen de la vigilancia de los reclusos. Así lo confirmó, según pudo saber este periódico, a principios de este mes la propia Dirección General del Instituto Armado a la AUGC. 

Optimizar recursos y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección son las dos premisas que se persiguen con el plan del Ministerio de Interior y que ha encomendado a la Dirección General. 

En el último consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como fecha en la que comenzaría a implantarse el nuevo sistema, aunque la incorporación de los escoltas y del personal de las empresas privadas se producirá de forma paulatina. No obstante, otras fuentes niegan que el cambio en el modelo sea tan "inminente" porque el Gobierno está obligado a modificar la Ley de Seguridad Privada, que fija en su articulado que la vigilancia de los centros penitenciarios recae en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, desde los sindicatos se recuerda que el PP goza de mayoría absoluta y que "podría cambiar la ley de forma inminente". Por parte de la Dirección General se ha asegurado a los representantes de AUGC que de llevarse a cabo la privatización se hará de forma paulatina e intentando en lo menos posible que afecte a los agentes y a sus familias. Y se aseguró que incluso habrá algunas unidades que no se verán afectadas. 

El proyecto, todavía por definir, deja en el aire la continuidad de los sesenta efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad en la cárcel de Alhaurín de la Torre, situación que trae de cabeza tanto a la AUGC como a los sindicatos. Para el secretario general de la AUGC en Málaga, Ignacio Carrasco, el cambio afectará a "buena parte de la plantilla" a pesar de que el mando del servicio continuará a cargo de uno o varios agentes en un modelo muy parecido al que funciona en los aeropuertos. En un principio, los agentes de la Guardia Civil mantendrían las tareas de conducción de los presos. No obstante, Carrasco puntualizó que los agentes del Instituto Armado que fueran trasladados seguirían destinados en Málaga. "De lo contrario, la situación sería muy traumática", apunta el representante de la AUGC, para el que el nuevo modelo ofrece demasiadas incógnitas por resolver: "No sé lo que van a hacer y nosotros nos hemos posicionado en contra. No es normal que empresas de seguridad privada se dediquen a proteger las cárceles. Estamos en época de crisis, aunque hay cosas que no se pueden cambiar". Según la Dirección General de la Guardia Civil, el modelo a seguir será al similar que se realiza en los aeropuertos, donde los vigilantes de seguridad tomarían el control de cámaras, accesos y garitas pero "previa supervisión de los guardias civiles". Los propios guardias civiles, según las fuentes consultadas por este periódico, serían los encargados de instruir a los ex guardaespaldas del País Vasco y Navarra. Desde la asociación de guardias civiles se añade que una vez tomada la decisión por parte de sus mandos, "vigilarán" el futuro profesional de los miembros del Instituto Armado que actualmente prestan servicio en las prisiones.

La seguridad de la cárcel de Albolote pasará a manos de ex escoltas parados

Interior idea esta medida para recolocar a los agentes sin actividad tras el fin de ETA · El sindicato AUGC explica que la privatización afectará a 66 guardias civiles de Granada
Fuente: granadahoy.com - D. LENDÍNEZ / GRANADA | 30.04.2012

La vigilancia y el traslado de los presos de la cárcel granadina de Albolote pasará a corto plazo a manos de un servicio privado. Es la decisión que, según el sindicato de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha tomado el Ministerio del Interior para, principalmente, dar salida a los 800 escoltas del País Vasco encargados de proteger a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras el fin de la actividad de la banda terrorista ETA. 

Es una medida que afectará a todas las prisiones de España y directamente a los agentes, ya sea del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que se encargan de estas labores. 

La AUGC granadina precisa que este relevo afectará a 66 agentes de la Benemérita -en este número están incluidas todas las escalas-, que se distribuyen en cuatro turnos durante la semana en el centro granadino. 46 de ellos custodian el inmueble de alta seguridad y los 20 restantes están destinados a los traslados de los internos, por ejemplo en sus vistas a los juzgados. 

La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es la de implantar el modelo americano, en el que la seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuye a empresas privadas incluso ya se lo ha comunicado la Dirección General del Instituto Armado a la AUGC. 

El organismo dependiente del Ministerio del Interior está elaborando un estudio previo, que una vez concluido lo elevará al Consejo. El sindicato mayoritario también está recopilando información para remitirla a Madrid. 

La postura de este sindicato es contraria a las sustituciones. El portavoz de AUGC Granada, Cecilio Medina, explicó que perjudicará en el plano personal a los guardias civiles destinados en las prisiones. Puso como ejemplo que a lo mejor un agente tiene su vida hecha en Albolote, con casa comprada y con niños escolarizados, y ahora lo destinan, digamos, a Guadix. "No es fácil porque hay que reubicar a todo el personal. Hay que tener muchos parámetros en cuenta como la proximidad de unidades y los perjuicios familiares que ocasiona. Además, estaba en estudio la posibilidad de reducir dependencias que estuviesen en una distancia inferior a cincuenta kilómetros para ahorrar los costes de mantenimiento". 

Por lo que sabe, el trasvase se va a materializar de manera progresiva, "pero todos se verán afectados. Se va a llevar a cabo. Las instrucciones del Ministerio del Interior es que las cárceles van a pasar a ser custodiadas por seguridad privada. Debe ser gradual para que la gente se vaya readaptando y para que los nuevos se vayan impregnando de su nueva actividad". Precisó que lo que está en estudio ahora es cómo se va a plantear esa reducción. El proyecto no está del todo definido. 

En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciario. 

Los funcionarios policiales destinados coinciden en la incertidumbre en la que viven desde que supieron de la noticia. Desconocen ahora su futuro, qué será de ellos. AUGC comparte su malestar y propone ideas. "La cosa sería tan fácil como reunir a la plantilla y ver cuáles son sus preocupaciones para adelantarse al día en que ordenen el relevo de sus cometidos". 

Cecilio Medina señaló que las dos variables que han llevado a esta decisión son la situación de desempleo de los escoltas con el fin de ETA y que cada vez hay menos oferta de empleo en la seguridad pública, "pero es que se sigue jubilando gente y los que se van son más de los que entran. Así, la seguridad se resiente". 

El dirigente sindical también cree que el relevo afectará a la calidad de los servicios. "No pongo en duda la seguridad privada, pero la experiencia es un factor fundamental". También el número de efectivos de que dispongan las empresas privadas que se encarguen de la seguridad. Recordó que cuantos más vigilantes, más hay que pagar y en el sector privado se miran mucho los costes. 

El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, previó en unas declaraciones al diario Huelva Información que "la calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un agente de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 horas". 

En resumen, la AUGC rechaza de plano las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo sindical dejó claró que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que "tomará las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".