Fuentes de
los trabajadores explican que los vigilantes del recinto para menores con
medidas judiciales deben permanecer por las noches en medio de los módulos,
sentados en una silla de plástico y enfocados por las cámaras. Además, las
mismas fuentes dicen que no hay protocolo de actuación ante emergencias.
Fuente:
eldia.es - 3/jun/12 24:43
P.FUMERO, S/C
de Tenerife
Trabajadores de la empresa de
seguridad del centro para menores con medidas judiciales de Valle Tabares
critican, una vez más, sus condiciones laborales. Desde hace varias semanas,
los vigilantes del turno de noche deben permanecer en el interior de cada
módulo, controlados por una cámara y sentados durante 10 horas en una silla de
plástico, de la que solo se levantan cada media hora para realizar la ronda por
las puertas de las habitaciones.
Algunos trabajadores opinan que
dicha medida se debe a que, desde hace meses, no funciona el sistema de
detección de incendios en las habitaciones. Y el papel de los trabajadores de
seguridad es detectar si se produce alguna situación de emergencia en las
habitaciones.
El Gobierno de Canarias adjudicó el
servicio de vigilancia de dicho recurso de la Dirección General del Menor a la
empresa Seguridad Integral Canaria (SIC),
que subrogó a los vigilantes que ya trabajaban en el centro. Dicha sociedad
comenzó a operar en Valle Tabares el pasado mes de septiembre.
Según explican algunos empleados
consultados por EL DÍA, en el pliego de condiciones que rigió el concurso de
adjudicación consta claramente que "en el plazo de dos meses desde el
inicio del servicio deberá elaborar y aplicar un protocolo de actuación de
vigilancia y protección en cada uno de los centros (...)". Sin embargo,
según fuentes del personal, nueve meses después, aún no existe ese plan de
intervención.
Y, aunque parezca un mero trámite,
ese documento resulta esencial para que cada trabajador sepa en cada momento
qué debe hacer si surge algún problema, desde un incendio hasta una pelea entre
menores. Cabe recordar que, ante una reyerta entre dos internos, un mínimo de
dos trabajadores de seguridad deben intervenir por cada adolescente implicado.
Fuentes de los trabajadores comentan
que sus funciones son la vigilancia del perímetro del centro; el control de los
accesos, así como los trabajos en la sala de cámaras, por lo que la
intervención en una reyerta puede dejar desguarnecidos otros módulos.
Una de las quejas realizadas por los
empleados es que les realizan ingresos económicos en sus cuentas bancarias que
no figuran en sus nóminas, lo que presuntamente es ilegal.
Algunos trabajadores solicitaron por
escrito que les explicaran el motivo de ese ingreso, pero no obtuvieron
respuesta.
La denuncia se planteó ante la
Inspección de Trabajo y, en una de las inspecciones, la respuesta dada por
Seguridad Integral Canaria es que ya estaba siendo objeto de otra investigación
similar a nivel nacional, según las fuentes consultadas.
Algunos de esos asuntos se han
denunciado ante la Consejería de Bienestar Social y Juventud del Gobierno
canario para que las autoridades tuvieran conocimiento, pero aún no han
obtenido resultados positivos ante esas demandas.
Un directivo de Seguridad Integral
Canaria declinó pronunciarse sobre estas quejas laborales.
Fuentes de la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario explicaron que las
quejas de los trabajadores se limitan a un "conflicto laboral".
En cuanto al problema en el sistema
de detección de incendios, dichas fuentes señalan que ya está reparado. Además,
indican que la Fundación Ideo, que gestiona el centro de Valle Tabares, tiene
protocolos de vigilancia.
Desde la Consejería explican que, si
se detectara algún incumplimiento continuado de algunas condiciones de la
adjudicación, el contrato se puede rescindir total o parcialmente, o bien
penalizar a la empresa. Pero, a la vez, confirman que hasta ahora no se ha
adoptado medida correctora alguna contra la actual adjudicataria.
