SCTF | JUICIO POR
LA MUERTE DE UN MENOR BAJO MEDIDAS JUDICIALES
Insultos, vejaciones y dejación en el centro
Nivaria
Fuente: canariasahora.com -SANTA CRUZ DE TENERIFE. - BELÉN MOLINA – 25/09/2012
El tribunal rechaza que sea llamada a declarar la ex consejera Águeda
Montelongo - Ni educadores ni vigilantes estaban cualificados para su trabajo.
El 13 de noviembre de 2004, Phillip García Zoch, de 16
años, apareció muerto en su celda del centro Nivaria para menores bajo medidas
judiciales. Le encontraron con una bolsa de plástico en la cabeza, pero sin
signos de asfixia, y aunque la versión oficial apuntó a que se trataba de un
suicidio, los forenses tienen sus dudas. Casi ocho años después, seis ex
vigilantes de seguridad y una ex educadora se sientan en el banquillo, acusados
de un delito contra la integridad moral.
El abogado de la acusación particular solicitó este
lunes, en la primera sesión de la vista oral, que fuesen llamadas a declarar
como testigos Águeda Montelongo, que en 2004 era consejera de Asuntos Sociales,
y María del Mar Arévalo, que era responsable del Menor y la Familia, pero el
tribunal que preside el juez Francisco Mulero no lo ha estimado necesario.
Las conclusiones provisionales del fiscal y el abogado
de la familia han puesto de manifiesto las cotidianas vejaciones, insultos y
desprecios que podían sufrir los menores internos, pero también los castigos
físicos y psicológicos, con instrumentos de contención que iban desde los
grilletes hasta las camisas de fuerza.
Sin embargo, de las declaraciones de los siete
acusados se desprende no solo esa forma de actuar, sino que además, ni los
vigilantes ni los educadores estaban capacitados para ejercer sus funciones.
Vigilantes de menores
con antecedentes penales
Es el caso de Manuel Dorta, que fue contratado por
Seguridad Integral Canaria como vigilante para el centro Nivaria, pese a que le
constaban antecedentes policiales y un antecedente penal por un delito contra
la salud pública. Pocas horas antes de que Phillip apareciera muerto, y según
testigos, Dorta le insultó, le llamó chivato y le amenazó de muerte, hasta que
la educadora de turno, la también acusada Nieves Cruz, le pidió que parara.
Dorta negó todo, acusó a la educadora de no mover un
dedo para proteger a Phillip y afirmó que únicamente pasó una vez por delante
de la puerta de la celda en la que el chico estaba en condición de refugiado,
ya que también había recibido amenazas y una paliza por parte de otro interno,
que fue condenado por ello en 2008 por el juez de menores.
El jefe directo de Dorta, Francisco Legaz, que fue
despedido al día siguiente del fallecimiento de Phillip, negó que le hubiesen
informado de ese comportamiento, y recalcó, como Dorta y el resto de los ex
vigilantes, que ellos dependían del criterio de los educadores a la hora de
aplicar “medidas” de contención, pero Nieves Cruz, sostuvo que le informó
personalmente.
Esta educadora, que pese a llevar solo dos meses
contratada por la Fundación Ideo fue nombrada coordinadora por ser la más
antigua en el cargo, afirmó que Legaz no comunicó el comportamiento de Dorta a
la compañía de seguridad privada. Claro que tampoco ella indicó en su parte de
incidencias ni ante la Guardia Civil que Phillip hubiese sido atacado
verbalmente por el vigilante y otros internos, ya que, según dijo, “los
insultos eran tan comunes y tan cotidianos que no les di importancia. Los
insultos era lo normal”.
Esa noche, no solo Dorta habría amedrentado al fallecido,
sino que el interno que ya le había dado una paliza con anterioridad pidió tres
veces ir al aseo, y en las tres aprovechó para amenazarlo, igualmente, de
muerte.
Otro de los vigilantes, Vicente Rivero, negó que
hubiese contemplado cómo Dorta ponía la bota en la cabeza de Phillip dos días
antes de morir, pero sí corroboró lo que dijo en la fase de instrucción acerca
de otro compañero, Gorrín, con fama de maltratador entre los menores. “Es lo
que decían los chicos, que Gorrín los golpeaba, los esposaba a la cama y que a
uno le abrió la cabeza”.
Rivero también había sido contratado pese a tener una
causa judicial pendiente que le terminó llevando a prisión.
Una irregularidad
detrás de otra
En medio de esa manera cotidiana de funcionar, en la
vista oral de este lunes quedaron expuestas, otras irregularidades, tanto por
parte de la empresa privada de seguridad como por parte de la Consejería que
llevaba Águeda Montelongo.
Por ejemplo, que los vigilantes acusados no tenían
ningún tipo de experiencia previa con menores, y mucho menos con menores
conflictivos, y que ni siquiera habían recibido un curso de formación, que
según la Ley es obligatorio. Tanto Dorta como Rivero coincidieron en que no
sabían manejar los instrumentos de contención, como las cintas de contención
psiquiátrica, ni tenían claro cuál era su protocolo de actuación.
En cuanto a los educadores, Nieves Cruz sostuvo en su
defensa que tampoco había trabajado nunca con menores, que carecía titulación
específica para su tarea, y que no siquiera sabía cómo actuar.
“Los chicos se nos iban de las manos. No sabíamos qué
internos estaban medicados o no (Phillip estaba en tratamiento psiquiátrico),
ni tampoco los motivos por los que estaban allí. Por no saber, no sabía cuáles
eran mis funciones”, matizó.
El juicio durará hasta el jueves, con la participación
de once abogados, incluidos los que representan a la Fundación Ideo del
Gobierno de Canarias, a Seguridad Integral Canaria y a seguros Ocaso. Las
peticiones de condena oscilan en total entre los 22 años del fiscal y los 37 de
la acusación particular.
