Justicia cambia la
empresa de seguridad de los juzgados y reduce el número de vigilantes
De los 26 trabajadores que había para
todas las sedes judiciales sólo continúan 12.
Fuente: diariodesevilla.es
- JORGE MUÑOZ | ACTUALIZADO 08.11.2012 -
08:22
La Consejería de Justicia e Interior ha sustituido a
la empresa Esabe por Castellana de Seguridad (Casesa) para la prestación del
servicio de vigilancias en las sedes judiciales de Sevilla, lo que ha supuesto
la reducción de 26 a 12 del número de vigilantes destinados a este servicio. El
cambio se ha producido, según la Consejería, una vez finalizado el contrato y
dentro de la "normalidad" de los procedimientos de contratación
pública, pero ha coincidido con las denuncias de los trabajadores contra Esabe
por el impago de sus nóminas desde hace meses y que ha llevado a los vigilantes
a una situación insostenible, al acumular la empresa una deuda media de más de
6.000 euros con cada trabajador.
Casesa comenzó a prestar servicio el pasado 1 de noviembre y han continuado sólo 12 trabajadores en las labores de vigilancia de los juzgados, aunque según la Junta la antigua concesionaria, Esabe, se ha comprometido a "recolocar a estos trabajadores en las futuras vacantes que surjan y en la cobertura de las nuevas necesidades de vigilancia que puedan plantearse".
El cambio de empresa y la reducción de los vigilantes se produce en una nueva configuración de los accesos a los juzgados de Instrucción ubicados en el Prado de San Sebastián, donde se ha cerrado la puerta de salida que existía y ahora tanto la entrada como la salida se realizan por el mismo punto, lo que ha permitido retirar a un guardia civil que controlaba esa puerta.
La Junta asegura que el nuevo contrato con Casesa responde a los "criterios de racionalización del gasto y optimización de los recursos" que impulsa la Consejería y supone un incremento de la seguridad pasiva, con la instalación de cámaras en distintos puntos.
Casesa comenzó a prestar servicio el pasado 1 de noviembre y han continuado sólo 12 trabajadores en las labores de vigilancia de los juzgados, aunque según la Junta la antigua concesionaria, Esabe, se ha comprometido a "recolocar a estos trabajadores en las futuras vacantes que surjan y en la cobertura de las nuevas necesidades de vigilancia que puedan plantearse".
El cambio de empresa y la reducción de los vigilantes se produce en una nueva configuración de los accesos a los juzgados de Instrucción ubicados en el Prado de San Sebastián, donde se ha cerrado la puerta de salida que existía y ahora tanto la entrada como la salida se realizan por el mismo punto, lo que ha permitido retirar a un guardia civil que controlaba esa puerta.
La Junta asegura que el nuevo contrato con Casesa responde a los "criterios de racionalización del gasto y optimización de los recursos" que impulsa la Consejería y supone un incremento de la seguridad pasiva, con la instalación de cámaras en distintos puntos.
