Fuente:
diariodeferrol.com - REDACCIÓN FERROL | 27 Diciembre 2012
Un vigilante
de seguridad que reside en Narón ha presentado una demanda contra las empresas
Esabe y Sequor por supuesta vulneración de derechos fundamentales y les reclama
la reincorporación a su puesto de trabajo y la suma de 819.780 euros por los
daños sufridos. El demandado es el grupo empresarial que está siendo
investigado por supuesto fraude, cuyos titulares son Juan José Prados del Pino
y su esposa Juana María Pilar García de la Torre, que se encuentran en paradero
desconocido. La Policía detuvo en Madrid a uno de sus hijos y a otros miembros
de la cúpula directiva de Esabe.
El demandante
es José D.P. y está representado por la abogada ferrolana Emma González
Álvarez. Trabajó para Esabe desde marzo de 2005 con la categoría profesional de
vigilante de seguridad, aunque sus servicios se iniciaron en enero de 1991 con
la empresa 3S Vigilancia y Seguridad. Posteriormente hubo varias subrogaciones,
siendo la última la de Esabe Vigilancia –accionista de Sequor– en fecha 1 de
marzo de 2005.
Desde 1994,
José D.P. asumió funciones como representante sindical y en 2005 fue elegido
secretario del comité de empresa, prestando servicios en ese momento en la
oficina principal de Correos de A Coruña. En noviembre de 2009 se le comunicó
el traslado al Centro Comercial Narón, por lo que interpuso una demanda sobre
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que fue estimada por
sentencia de un Juzgado de lo Social de A Coruña.
El fallo, que
posteriormente fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG), dejaba sin efecto el cambio de centro de trabajo, pero, pese a ello, la
empresa le comunicó la imposibilidad de readmitirlo en el puesto de trabajo que
ocupaba.
En febrero de
2008 su contrato fue subrogado y ante la no ocupación efectiva del trabajador,
que fue dado de baja en la Seguridad Social, se interpuso otra demanda por
despido, que fue declarado de nuevo improcedente y confirmado por el TSXG.
Según se hace
constar en la presente demanda, desde el momento en que José D.P. asumió funciones
sindicales su situación laboral fue empeorando paulatinamente, ya que dejaron
de abonarle los salarios y las horas extras, además de no entregarle
información correspondiente a los representantes sindicales ni tampoco el
vestuario.
Esta
situación afectó a la salud del trabajador y en diciembre de 2008 un juzgado de
A Coruña declaró que su situación de incapacidad iniciada en agosto de 2003 era
calificada como accidente laboral, responsabilizando a la empresa. Con
anterioridad ya se habían estimado dos demandas por vulneración de derechos
sindicales.
En el
actualidad, este vigilante continúa sin ser incorporado a su puesto de trabajo
y sostiene que se le siguen vulnerando sus derechos de ejercicio de funciones
sindicales y otros derechos fundamentales, hasta el punto de ser desalojado por
la Policía de las oficinas de la empresa.
Según se
recoge en la demanda elaborada por la letrada Emma González, en enero de 2012
se dictó un nuevo auto judicial acordando que se le abonen los salarios, que
continúe de alta en la Seguridad Social y que prosiga con la actividad
sindical, pero la actitud de la empresa sigue siendo la misma. “No solo se han
vulnerado sus derechos al ejercicio de su libertad sindical, sino su salud y
dignidad como persona, al quedar aislado del resto de sus compañeros”, se
puntualiza en la demanda, que el fiscal pidió que fuese estimada.
