Interior pone el negocio de los detectives en la bandeja de las grandes
empresas de seguridad
istro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa (EFE)
Fuente:
elconfidencial.com - José María Olmo - 22/04/2013
El anteproyecto de Ley de Seguridad Privada anunciado por el Gobierno dibuja una revolución en un
sector que en 2011 facturó 3.600 millones de euros y contaba con más
de 1.500 empresas en activo. Las mayores beneficiadas por el borrador de la ley
son las grandes compañías de seguridad, que con la redacción actual podrán
desarrollar labores de investigación reservadas actualmente en exclusiva a los
detectives privados, un negocio atomizado en pequeños despachos de
investigación repartidos por toda la geografía nacional.
El anteproyecto fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 12 de abril, pero aún tiene por delante todo el trámite parlamentario, en el que puede sufrir aportaciones de los partidos de la oposición. El responsable de la cartera de Interior ya había anunciado que el sector sería sometido a un exhaustivo cambio de regulación para evitar que pueda repetirse el reciente escándalo de Método 3, la agencia de detectives de Barcelona que presuntamente habría acumulado en sus archivos más de 20.000 dosieres con información de cargos políticos y personalidades recurriendo a prácticas irregulares y con la intención de comerciar con los datos de forma opaca. Sobre todos los artículos del anteproyecto gravita este caso.
El anteproyecto fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 12 de abril, pero aún tiene por delante todo el trámite parlamentario, en el que puede sufrir aportaciones de los partidos de la oposición. El responsable de la cartera de Interior ya había anunciado que el sector sería sometido a un exhaustivo cambio de regulación para evitar que pueda repetirse el reciente escándalo de Método 3, la agencia de detectives de Barcelona que presuntamente habría acumulado en sus archivos más de 20.000 dosieres con información de cargos políticos y personalidades recurriendo a prácticas irregulares y con la intención de comerciar con los datos de forma opaca. Sobre todos los artículos del anteproyecto gravita este caso.
Pero el
Ministerio del Interior también ha aprovechado la norma, al menos en su
redacción preliminar, para habilitar a las grandes empresas de seguridad
privada a realizar investigaciones y contar con sus propios equipos de
detectives, unas facultades que les veta la norma en vigor de 1992 por
considerarlas incompatibles con su actividad de vigilancia. De hecho, la
ley actual sólo concede la potestad de realizar investigaciones privadas a los
detectives titulados. El anteproyecto que Interior ha remitido al Congreso
altera este equilibrio, acabando con ese veto en el artículo 5.2.
Satisfacción entre las grandes compañías del sector
La patronal del
sector ha acogido con satisfacción esta reforma que, de salir adelante, le
permitirá ampliar su oferta de servicios y aumentar su cifra de negocio. Para
la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad
(Aproser) la reforma responde a la necesidad de “complementar” las funciones
que ya desarrollan las empresas a las que representa y contribuirá a reducir el
“instrusismo” en el sector. Además, asegura que permitirá generar empleo
en un mercado que, según su propia información, emplea ya a más de 100.000
profesionales de la seguridad.
Los colegios
oficiales de detectives también hablan de empleo, pero del que ellos perderán. Eloy
de Paco, presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de la
Comunidad Valenciana, que teme la caída en picado del negocio de los
investigadores privados -alrededor de 1.500 tienen licencia para ejercer en
España- recuerda que para poder ejercer esta profesión es necesario disponer de
una titulación que se consigue tras cuatro años de estudios. “La empresas de
seguridad no están preparadas para desarrollar esta función, y eso es muy
peligroso”, advierte De Paco. En su opinión, además, el anteproyecto concede un
poder sin límites a las empresas de seguridad. “Creemos que el legislador no se
ha dado cuenta de lo que ha hecho. Las grandes compañías de vigilancia
tienen cámaras, alarmas, decenas de empleados y amplias bases de datos.
Concederles también la posibilidad de hacer sus propias investigaciones es
crear un Gran Hermano. La ley de 1992 se lo prohibía por algo”, remacha el
presidente del Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana.
De lo que tiene
duda es de que el articulado actual del anteproyecto es fruto de las
presiones que las grandes firmas representadas por Aproser han
ejercido sobre el Gobierno. La patronal lo niega, aunque un comunicado emitido
por la propia asociación admite que el Ministerio del Interior ha atendido su
petición de aumentar “las grandes potencialidades del sector” de la seguridad,
al concederle también la posibilidad de realizar investigaciones privadas.
Aproser ha rechazado aclarar a petición de este diario esta contradicción y
profundizar en su versión de las modificaciones que introduce la propuesta de
reforma.
Los detectives
ya han anunciado que presentarán alegaciones al anteproyecto y
que tratarán de reunirse con el equipo de Fernández Díaz para trasladarle su
oposición al espíritu del borrador. Los investigadores privados no sólo se
quejan de la entrada de las compañías de seguridad en su mercado, sino también
de los controles a los que serán sometidos si no sufre modificaciones el texto
presentado en el Consejo de Ministros.
Un nuevo sistema de control que anulará a los detectives
Entre otras
medidas, la norma contempla un severo sistema de control y
fiscalización de la actividad de los despachos de vigilancia que
abarcará todas las fases de su trabajo. Decreta la
obligatoriedad de que todos los encargos que reciban los detectives queden
“reflejados por escrito en un libro-registro” que deberá ser custodiado por las
propias agencias. Además, cada trabajo de investigación deberá contar con el
preceptivo informe detallado, en el que deberá constará la identidad del
“cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos”. Este
documento-resumen “deberá estar siempre a disposición de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y de la Autoridad Judicial”, así como todo el material
conseguido por los detectives, que no podrán resistirse a la petición de ayuda
de las fuerzas del orden.
El objetivo de
la propuesta de Interior es evitar que, como en el caso Método 3, las agencias
de detectives puedan obtener información sensible de forma descontrolada con
fines dudodos. Pero, en resumen, tal y como está redactada, la norma
anula por completo la confidencialidad con la que tradicionalmente han
trabajado los detectives privados. Los profesionales del sector aseguran
que supondrá el fin de su actividad porque pone en riesgo “el secreto
profesional”. “No entendemos este cambio”, afirma el presidente del Colegio de
Detectives de la Comunidad Valenciana. “El 90% de los encargos que tenemos son
de carácter privado, sólo afectan a familias. La ley no nos puede pedir que
pongamos a disposición de la Policía datos íntimos y personales, porque no
atentan contra la seguridad nacional. Para nosotros, eso sería defraudar al
cliente. Sus datos no pueden estar en un fichero al que tengan acceso terceras
personas”, defiende De Paco. Los detectives trasladarán esta y el resto de quejas
al Ministerio del Interior.
