Madrid,
11 abr (EFE).-
El
Consejo de Ministros tramitará mañana el anteproyecto de ley de seguridad
privada, que impondrá mayores controles a la actividad de los detectives privados
y prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Con el
fin de actualizar la vigente normativa que data de 1992 y que ha sufrido
múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un
anteproyecto de la nueva ley para adaptarla a un sector que ha experimentado en
los últimos años un extraordinario auge debido, entre otras cosas, a la
innovación tecnológica.
Ya el
titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 12 de
marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que
afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la
agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los
límites de la actividad de estos profesionales.
Tal y como
avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas
"cautelas", como la obligación de "velar por la legitimidad del
encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la
inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las
fuerzas de seguridad del Estado".
Los
detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada
encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la
autoridad judicial.
Fernández
Díaz quiso dejar claro que en la ley quedará "perfectamente
establecido" qué tipo de encargos son ilegales y, por tanto, no pueden
llevar a cabo los detectives, como actividades que vulneren la intimidad,
porque entraría "en el campo de lo delictivo".
Además,
habrá un catálogo concreto de normas que deberán seguir los detectives, cuyo
incumplimiento podrá ser sancionado con la retirada de la autorización para
ejercer la profesión.
Pero la
ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad
privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a
los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para
la privatización de la seguridad pública.
De
hecho, el objetivo es hacer más "compatibles" y
"complementarias" las actividades que desarrollan los servicios
públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan
al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
El
texto del anteproyecto se someterá a dictamen de diversos órganos consultivos y
volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su posterior remisión a las
Cortes. EFE
