Varias
de las compañías que aportaron fondos han realizado trabajos para la
administración
Algunos de los propietarios
de los negocios han sido noticia por las protestas de sus empleados o por
problemas con la justicia
Fuente:
laopinion.es - 15.07.2013
M. Á. A.
/ A. M. / M. PLASENCIA
La Ley
de Financiación de Partidos Políticos, aprobada en el año 2007 establece que
las aportaciones en concepto de donaciones "deben proceder de personas
físicas o jurídicas, que no contraten con las administraciones públicas".
Sin embargo, en la contabilidad oficial del Partido Popular del año 2011, la
última fiscalizada, aparecen diversas empresas canarias que aportaron
donaciones y que sí trabajan con las administraciones públicas. Establecer una
relación entre lo donado al partido y lo adjudicado por las administraciones a
estas empresas es complicado, sin embargo las donaciones están apuntadas y las
compañías obtuvieron contratos públicos.
Dos
empresas del Grupo Lopesan aportaron 100.000 euros cada una de ellas a las arcas
del Partido Popular en 2011. Lopesan obtuvo al año siguiente la adjudicación de
un contrato por 14 millones de euros, junto a la compañía Acciona, para
desarrollar las obras de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), una
infraestructura dedicada a la investigación científica que está financiada por
el Ministerio de Economía y el Gobierno de Canarias, además de recibir
subvenciones europeas con cargo a los fondos Feder.
Miguel Ángel Ramírez, que en 2011 aparecía
como apoderado de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, donó 50.000
euros. Ramírez también es presidente de Seguridad Integral Canarias y del Grupo
Ralons. La empresa de seguridad ha obtenido contratos de la administración
pública canaria. Sus vigilantes controlan muchos de los edificios oficiales del
Gobierno de Canarias y de la Administración de Justicia. Hace escasamente un
mes, la empresa que dirige Ramírez obtuvo otro suculento contrato, esta vez en
la capital de España, después de haber sido elegida como adjudicataria de tres
zonas –el máximo a que podía aspirar un solo concursante– de las ocho en que se
divide la red del Metro de Madrid. La adjudicación, por cuatro años
prorrogables a dos más, supondrá unos ingresos anuales que rondarán los 17
millones de euros, según los datos de la propia compañía.
Ambrosio
Jiménez, presidente de Cointe, Promociones Horneras y Proyectos Inmobiliarios
Las Arenas admitió en una entrevista en la opinión de tenerife que realizaba
pagos al PP y a todos los partidos políticos pero que, como no tenía ninguna
contrata pública, esto no constituía ninguna ilegalidad.
Sin
embargo, las relaciones de las empresas de Jiménez con la administración están
constatadas en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna
en 2005, con los votos a favor de Coalición Canaria y Partido Popular en el
pleno del Ayuntamiento. Esa decisión posibilitaría la construcción del
megaproyecto de Montaña Pacho, donde inicialmente se iban a construir cuatro
polideportivos, 11 campos de fútbol, cuatro pistas de tenis y una pista
cubierta de esquí, todo sobre una superficie de 182.000 metros cuadrados.
Además, estaban proyectados edificios residenciales y el centro comercial más
grande de La Laguna. El proyecto, con una inversión de 36 millones de euros,
está ahora paralizado, tras construirse solo varios campos de fútbol y un
colegio público.
Para colmo, mientras realizaban cuantiosos
donativos a la formación conservadora, algunas de las empresas diezmaban sus
plantillas con despidos. Es el caso de Seguridad Integral Canaria. Sus
empleados llevan años denunciando irregularidades como retraso en el pago de
las nóminas, modificación abusiva de las condiciones de trabajo y despidos. Los
vigilantes han llegado a protagonizar manifestaciones y hasta una huelga de
hambre.
Por
otra parte, el dueño de Lanzagrava (empresa que donó 10.000 euros), Demetrio
Rodríguez Robayna, fue detenido en 2010 en la tercera fase de la Operación
Jable, enmarcada dentro del caso Unión. El empresario fue puesto en libertad
sin fianza, aunque se le mantuvo la imputación. Lanzagrava había realizado un
importante número de obras para el Ayuntamiento de Arrecife en los últimos años
y, entre otras cosas, la empresa había resultado adjudicataria del Plan de
Barrios impulsado por el PIL en la capital, además de otras obras.
Santa
Cruz contrató a Cointe
El
concejal de IU-XTF en Santa Cruz, José Manuel Corrales, preguntó el pasado
jueves durante la celebración de la Comisión de Control del Consistorio
chicharrero si había contratado los servicios de varias de las empresas
canarias que aparecen relacionadas con el caso Bárcenas.
Corrales
explicó durante dicha comisión que, además de Sacyr Vallehermoso, existen otras
tres empresas que figuran en las cuentas B del extesorero del Partido Popular
(PP) y dichos negocios son: Construcciones Industriales de Tenerife (Cointe),
Gestiones y Asesoramientos 3.000 y Trabajos y Servicios Canarios.
Ante
esta pregunta, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento santacrucero, el
nacionalista Alberto Bernabé, respondió por escrito que en el anterior mandato
el Consistorio sí había contratado los servicios de Construcciones Industriales
de Tenerife (Cointe).
Tras
conocer la respuesta del actual equipo de gobierno, José Manuel Corrales
destacó que "tanto Cointe como Gestiones y Asesoramientos 3.000 y Trabajos
y Servicios Canarios se encuentran en la lista de compañías y particulares que
han aportado donaciones al Partido Popular en los últimos cuatro años y que en
toda España suman más de 4 millones de euros, de los que dos millones fueron
pagadas por empresas?.
