El colectivo advierte de que
los más de 4.200 efectivos que hay en la comunidad son insuficientes y que se
debería aumentar la plantilla para compensar los recortes de este servicio en
los edificios públicos
Fuente:
laopinioncoruna.es - Alexandra Moledo | A Coruña 16.08.2013 |
Colaboración
entre la seguridad privada y la pública. Esa es la principal demanda de las
asociaciones gallegas de vigilantes de seguridad privada gallegos y que parece
que el Gobierno central tendrá en cuenta en la ley que tiene pendiente de
aprobar para regular el sector. Los profesionales reclaman que se les atribuyan
más funciones para que puedan desempeñar su labor también en edificios públicos
y de esta forma compensar los recortes y el déficit de personal de seguridad en
este tipo de instalaciones. También solicitan que la nueva norma persiga los
casos de intrusismo que -advierten- han repuntado un 30% desde hace cuatro años
El
proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada en España ha abierto la puerta de
la actividad del sector como complementaria de la seguridad pública. Galicia
cuenta en la actualidad con 4.288 profesionales -un 7% más que desde el inicio
de la crisis- que trabajan en 83 empresas. Para la Asociación de Empresas de
Seguridad de Galicia (Aesga) la cifra es insuficiente y estima que son
necesarios al menos lo un millar de profesionales más, sobre todo para
compensar los recortes de personal de vigilancia en los edificios públicos.
Hasta
ahora este tipo de empresas solo pueden prestar sus servicios en lugares
privados como grandes superficies comerciales, urbanizaciones o polígonos. Y la
petición de Aesga es que las funciones de los efectivos de seguridad se amplíen
a áreas comerciales abiertas como zona Obelisco para hacer frente a los robos
que cada vez con mayor frecuencia se producen en los comercios o a la
protección de autobuses y otros medios de transporte que suelen ser otros de
los blancos de ataques.
El
presidente de Aesga, Roberto Lage, destaca que en los últimos años se ha
disparado la demanda en materia de seguridad informática y transporte por
carretera debido al repunte de incidencias en estos ámbitos. También subraya un
aumento de peticiones para que estos profesionales controlen los centros
comerciales sin uniforme y de esta forma detectar más casos de delincuencia.
Pero para eso, señala, es necesario que los empleados estén "cubiertos
legalmente" y que la nueva normativa contenga cambios respecto a la
anterior de 1992 y permita "racionalizar los recursos públicos y
privados" para crear "una seguridad única".
Lage
insiste en que es hora de "tomar en serio" el tema porque "no se
pueden perder oportunidades", por lo que espera que el anteproyecto de la
Ley de Seguridad Privada que el pasado 14 de junio recibió el visto bueno del
Consejo de Ministros y ya se ha enviado al Congreso recoja sus reclamaciones.
Como
ejemplo indica el avance que se ha producido en las cárceles gallegas donde
gracias a la colaboración entre ambos cuerpos los vigilantes privados pueden
dedicarse a las rondas de reconocimiento liberando a los funcionarios
policiales de este tipo de tareas para que puedan dedicarse a los trabajos para
las que solo ellos están capacitados.
A pesar
del desarrollo que ha experimentado el sector en los últimos años, tampoco se
salva de la crisis y en los últimos cinco años la facturación ha caído un 25%
en la comunidad gallega. Con 145 millones de ingresos el año pasado, Galicia se
coloca en sexta posición a nivel estatal, según el último informe de la
Asociación Profesional de Compañías Privadas de Empresas de Seguridad
(Aproser). Pese a que el número de empleados aumenta y se incorporan a las
empresas que ya están constituidas, el número de compañías es menor que antes
de la recesión.
Las
provincias de Lugo y Ourense al ser donde más impacta la crisis y las que
cuentan con menos población, en opinión de Lage, sufren más el descenso de los
beneficios. Para el responsable de Aesga a los ciudadanos les falta "tomar
conciencia de que la seguridad es una ciencia preventiva". Aunque lamenta
que en esta época de vacas flacas caracterizada por los recortes ni siquiera se
toman las medidas necesarias a posteriori.
No todo
son críticas y por el contrario, destaca la buena preparación de los vigilantes
y la estabilidad del sector en la comunidad que -asegura- ha permitido obtener
una mayor profesionalización del sector respecto a otras comunidades que han
tenido más altos y bajos en el número de efectivos.
"Galicia
cuenta con un sector profesional y maduro dispuesto a asumir nuevos
retos", concluye Roberto Lage.
El
intrusismo en la profesión se ha disparado hasta un 30% en los últimos cuatro
años
Fuente:
laopinioncoruna.es - 16.08.2013
El
aumento de la demanda de vigilantes de seguridad ha provocado como efecto
adverso la aparición del intrusismo en esta área desde el inicio de la crisis.
El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga)
advierte de que desde hace cuatro años se ha notado un incremento del 30% en el
número de casos en los que trabajadores que no cumplen los requisitos asumen
este tipo de puestos.
Asegura
que sobre todo se trata de personal no autorizado contratado para vigilar
obras, polígonos o centros comerciales. Y alerta además del auge de la puesta
en marcha de empresas instaladoras de seguridad sin licencia.
La
nueva normativa en la que trabaja el Gobierno central también pretende combatir
esta lacra con graves sanciones como el cierre de las empresas que infrinjan la
nueva regulación. Roberto Lage atribuye el repunte de la competencia desleal a
la aprobación de la ley ómnibus, de finales de 2009, que incluye una cláusula
que recoge que las compañías que vendan, entreguen o instalen equipos de
seguridad no tienen que cumplir los requisitos de la actual norma de seguridad
privada, por lo que, por ejemplo ni siquiera tienen porque estar acreditadas
por el Ministerio de Interior.
