Fuente:
eleconomista.es - Laura Camacho (EFECOM) – 14 Diciembre 2014
La
seguridad privada no pasa por su mejor momento, porque la crisis también ha
hecho mella en un sector que ha visto caer su facturación desde 2008 un 20 por
ciento y que no ve en la futura ley que lo regula un bálsamo que cure sus heridas,
si acaso un pequeño remedio que impulse su recuperación.
Es en
la salida de la actual situación económica en la que confía la patronal
Aproser, que representa a las doce mayores empresas de seguridad privada que
facturan más del 70 por ciento del total del negocio del sector.
Un
sector en que esta semana se han centrado las miradas después de que el
Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de la nueva ley de Seguridad
Privada, que ahora tendrá que pasar el trámite del Senado, y que ha suscitado
el recelo del principal partido de la oposición y de los sindicatos policiales
y de clase al considerar que favorece la iniciativa privada.
Y no
solo eso. Para algunos supondrá la subordinación de la seguridad pública a la
privada e, incluso, la privatización de servicios hasta ahora reservados a la
Policía Nacional y la Guardia Civil.
Sin
embargo, el sector se defiende, niega la mayor y dice, en boca del secretario
general de Aproser, Eduardo Cobas, que en ningún caso los vigilantes privados
sustituirán a los agentes de la seguridad pública y que tampoco la futura ley
vendrá a solucionar los problemas del sector.
A
finales de 2012, había registradas en España 1.490 empresas y una de cada cinco
se dedica a la vigilancia, el subsector más importante en facturación porque
aporta el 65 por ciento del total, mientras que el resto corresponde a sistemas
de alarma y transporte de dinero y objetos valiosos, entre otros.
Tan
solo cuatro de ellas cuentan con más de 5.000 trabajadores y siete de cada diez
tiene entre uno y 19 asalariados, según datos que Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Seguridad ha facilitado a Efe.
Pese a
que hay más de 220.000 vigilantes habilitados, a 31 de diciembre del pasado año
solo 82.150 estaban en activo, la mayoría con contrato indefinido y una media
de 8,2 años de servicio.
Cobas
completa esta radiografía con los datos negativos de la facturación del sector,
que este año volverá a caer -calcula que un 8 por ciento- para cerrar con una
cantidad inferior a los 3.000 millones, lejos de los 3.600 millones en los que
el Ministerio del Interior ha cifrado el volumen de negocio de estas empresas.
Descenso
sostenido en los últimos años por culpa no solo de la caída de los contratos
privados, que representan el 22 por ciento de la actividad, sino sobre todo por
la disminución de los públicos (el 78 por ciento del total).
"Hemos
sufrido la caída de la demanda", lamenta Cobas en declaraciones a Efe, en
las que recuerda que la crisis ha provocado en el sector daños colaterales
porque "se han abierto menos centros comerciales y finalmente no se han
puesto en servicio los nuevos aeropuertos, sin olvidar el estancamiento del ladrillo".
Gracias
a la nueva ley se podría paliar en parte esta situación, pero apenas sería un
parche porque solo la salida de la crisis y la vuelta al crecimiento económico,
en tasas de entre el 2,5 y el 3 por ciento en el PIB, devolvería al sector a
épocas mejores.
Independientemente
de las grandes cifras, Cobas quiere dejar claro que la seguridad privada en
España es de calidad y, de hecho, los vigilantes son "con rotundidad"
lo mejor preparados de Europa, en centros que controla el Ministerio del Interior
y con exámenes que evalúa la Policía Nacional y actualización periódica de
conocimientos.
Frente
a las críticas que ha suscitado la posibilidad de que los vigilantes detengan
en la vía pública, el secretario general de Aproser recuerda que todos los
ciudadanos tienen el deber de hacerlo si presencian un delito flagrante y
asevera que en ningún caso usurparán las funciones de policías y guardias
civiles.
Mientras
finaliza el trámite parlamentario y en espera del texto final, Aproser valora
del proyecto las medidas contra el intrusismo, la ampliación de las vías de
acceso a la profesión, la protección jurídica de los vigilantes cuando actúen
como agentes de la autoridad y su adaptación a los nuevos tiempos.
No les
convence el régimen sancionador para las compañías que no cumplan con
determinados trámites burocráticos ni las actividades compatibles con los
vigilantes, que pueden abrir un resquicio a la entrada en el sector de personal
no cualificado.
