LEY EN TRÁMITE PARLAMENTARIO
Sindicatos
policiales y asociaciones de guardias civiles, divididos sobre la Ley de
Seguridad Privada
El SUP y AUGC denuncian que
se dé a los vigilantes funciones policiales mientras CEP tacha de
"mentira" que puedan detener en la vía pública
MADRID,
11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los
principales sindicatos policiales están divididos sobre las repercusiones de la
Ley de Seguridad Privada, ya que el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
considera "una barbaridad" la extensión de funciones de los
vigilantes de seguridad --una posición que comparte la Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC)-- mientras la Confederación Española de Policía (CEP) ve
"acertada" la reforma.
Mientras
el SUP y la AUGC creen que la ley supondrá "privatizar la seguridad
pública", generar descoordinación y convertir a los vigilantes de
seguridad en "policías baratos en sueldo y en formación", la CEP ha
señalado que es "tajantemente mentira" que los vigilantes privados
puedan detener en la vía pública. Eso sí, ha pedido al Gobierno que apueste más
por la seguridad pública que por la privada.
En
declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José María Benito, ha calificado esta ley como "una auténtica
barbaridad". En su opinión, permitir a los vigilantes privados
"patrullar" y asumir otras competencias propias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado supone un cambio que solo beneficia a las
empresas de seguridad privada.
"En
vez de invertir y convocar nuevas plazas, sacan esta ley que, aparte de
potenciar a las empresas privadas, supone ahorro al Ministerio", ha
subrayado.
Además,
ha hecho hincapié en que con la nueva ley los vigilantes privados pasarán de
colaborar con la Policía a "hacer de agentes", y más bien serán los
efectivos policiales los que se convertirían en "colaboradores" de
los vigilantes privados, puesto que "cada vez que los vigilantes privados
lleven a cabo cualquier trámite" necesitarán a los policías.
Asimismo,
ha resaltado las diferencias en la formación de los policías y de los
vigilantes: "Mientras que la formación policial ocupa dos años de
formación continuada, para ser vigilante sólo se necesita un curso para un
examen teórico", ha señalado.
EL SUP
AVISA DE LAS CESIONES DE DATOS
Para el
SUP, otro punto polémico de la ley es que se autorizan las cesiones de datos
del Estado y de "bases de datos oficiales sujetas a un férreo
control", para ponerse a disposición de empresas sin saber con qué
objetivo.
En
cambio, el secretario de comunicación de la Confederación Española de Policía
(CEP), Antonio Labrado, ve "acertada" esta modificación de la Ley de
Seguridad Privada. Según Labrado, los vigilantes "sólo pueden detener en
el ámbito de su protección", así que ha negado que con la ley exista un
"traspaso de las competencias policiales".
CEP: NI
DETENCIONES, NI INTERROGATORIOS, NI CACHEOS
Para el
representante de la CEP, es "tajantemente mentira" que los vigilantes
privados vayan a poder detener en la vía pública. Solo en su ámbito de
protección y luego, para poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado", precisando que los vigilantes no podrán "nunca
proceder a interrogatorios ni a cacheos".
En esta
línea, ha explicado que existen dos tipos de detenciones: por un lado las
"detenciones policiales que solo corresponde ejecutar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado". En segundo lugar, existen las
detenciones particulares, con la que se habilita a "cualquier
ciudadano" a detener, siempre amparado en "indicios" y para
poner a disposición de los agentes al detenido.
De esta
forma, ha subrayado a Europa Press que "si un vigilante de seguridad
procede a la detención de alguien --salvo que sea una detención a nivel particular--
comete un hecho delictivo".
No
obstante, también ha insistido en la necesidad de "potenciar más la
seguridad pública que la privada". Para él, hay una gran diferencia entre
la formación de los vigilantes privados y los funcionarios tienen que "pasar
un dispositivo muy severo". "Sin deslegitimar a los vigilantes
privados", ha insistido en que desde el CEP apuestan por una
"Seguridad Pública de gran calidad": "El Gobierno se tiene que
plantear apostar más por la Seguridad Pública que incrementar la privada",
ha puntualizado.
RECORTES
EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
Por su
parte, el portavoz nacional de la AUGC, Juan Antonio Delgado, ha denunciado que
el Gobierno está haciendo con la seguridad pública lo mismo que con la sanidad,
usar la "excusa de la crisis" para recortar funcionarios públicos y
reemplazarlos por trabajadores privados con sueldos "precarios".
Según sus datos, en los últimos años Policía Nacional y Guardia Civil están
sufriendo jubilaciones a un ritmo de unas 4.000 al año, mientras que sólo se
convocan unas 500 plazas nuevas.
La AUGC
considera especialmente preocupante que con la futura ley los vigilantes de
seguridad puedan detener e identificar, subrayando que detener es "privar
a una persona de un derecho fundamental" y no se debería dar "esa
potestad a empresas privadas".
También
ha advertido de que introducir a la seguridad privada en el "laberinto
policial español" --con hasta cinco cuerpos de Seguridad incluyendo
policías autonómicas-- generará "riesgo de mayor descoordinación".
Según
ha explicado a Europa Press, la asociación se ha reunido con portavoces de
prácticamente todos los grupos parlamentarios y se ha opuesto
"rotundamente" a dar a los vigilantes de seguridad el carácter de
"agente de autoridad", una figura que a su juicio debería ser
"restrictiva".
Así, ha
advertido que una cosa es retener a alguien in fraganti, y otra es la parte
jurídica de una detención, para la que este colectivo no está preparado.
"No sería la primera vez que un tribunal tumba una ley de seguridad",
ha dicho
Delgado
ha dejado su respeto por el trabajo de los vigilantes de seguridad, pero ha
subrayado que asignarles tareas policiales es "como pedir a un enfermero
que haga un trabajo de cirujano". "No se trata de darles más
formación, es que es una carrera distinta", ha ilustrado.
Por
todo ello, ha avisado además de que habrá que esperar al trámite final de la
ley y su desarrollo reglamentario posterior, para ver cómo se regula en detalle
la posibilidad de que los vigilantes de seguridad detengan o que se encarguen
de la vigilancia perimetral de prisiones y centros de extranjería.
