El PSOE
acusa al PP de abrir la puerta a que vigilantes privados puedan detener,
cachear e identificar en la vía pública
Aprobada la Ley de Seguridad
Privada con los votos de PP, CiU y PNV frente al rechazo de PSOE, UPyD e
Izquierda Plural
MADRID,
10 (EUROPA PRESS)
El PP
ha logrado con los votos a favor de CiU y PNV aprobar en el Congreso de los
Diputados la nueva Ley de Seguridad Privada que será remitida al Senado para
continuar su tramitación. Este proyecto ha recibido la oposición del PSOE, UPyD
e Izquierda Plural, que acusan a los 'populares' de avanzar en la privatización
del sector de la Seguridad. Los socialistas van más allá y acusan al PP abrir
la puerta a que los vigilantes de seguridad privados puedan identificar,
cachear y detener a los ciudadanos en la vía pública.
Los socialistas basan
sus críticas en la redacción del artículo 32 de la Ley sobre "Vigilantes
de seguridad y su especialidad" en la que se recogen las funciones de los
vigilantes. Entre ellas se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes,
lugares y eventos, tanto privados como públicos, "llevando a cabo las
comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su
misión". Los socialistas entienden que esa alusión a los
"registros" abre la puerta que los ciudadanos puedan ser cacheados.
En ese
mismo artículo se otorga a los vigilantes la potestad de "efectuar
controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o
vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de
inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan
retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles
o propiedades".
En
cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de
seguridad, la Ley aprobada dice que "en relación con el objeto de su
protección o de su actuación" pueden "detener y poner inmediatamente
a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes
a los delincuentes". "No podrán proceder al interrogatorio de
aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o
anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades",
añade el artículo.
"UN
ATAQUE AL ESTADO SOCIAL"
El
portavoz de Interior del PSOE,
Antonio Trevín, considera estas medidas "un ataque al Estado Social"
perpetrado por el acuerdo alcanzado por el PP y CiU en el trámite parlamentario
de esta Ley ya que, según denuncian, el proyecto original tan solo contemplaba
estas competencias de los vigilantes privados en calles peatonales mientras
que, según dicen, ahora podrán hacerlo también en calles y espacios públicos.
"Unos
podrán ser disueltos e identificados por la Policía en la Puerta del Sol y ser
sancionados en virtud de la ley de Seguridad Ciudadana y los que opten por
salir por pies por la calle Preciados, podrán ser detenidos por vigilantes de
seguridad privada con el mismo fin", ha expuesto Trevín, quien también ha
censurado otros aspectos como que las empresas de seguridad privada vayan
sustituir a la Guardia Civil a la hora de controlar el perímetro de las
cárceles o a Protección Civil ante desastres naturales.
"El
dinero, cuando entra en espacios como el de la Seguridad, pone en peligro la
democracia. Si en la calle Preciados están los vigilantes patrullando esa
calle, contratados por un comerciante, ¿cree que ante un problema van a dar la
misma respuesta a quien le contrató que a un vecino del Segundo que no tiene
nada que ver con quien le contrató?", ha insistido Trevín quien ha
manifestado sentirse inseguro si un vigilante privado le pide el carné de
identidad.
Por
parte de la Izquierda Plural,
Ricardo Sixto, ha mantenido sus críticas de que esta Ley tiende
"claramente a la privatización". "Sólo podrán pagarse labores de
protección aquellos que tengan recursos para ello", ha censurado al tiempo
que también ha mostrado su oposición a que en esta Ley se de carácter de agente
de la autoridad a los miembros de la seguridad privada. "Creemos que debe
estar reservado a los miembros de seguridad del Estado así como la facultad de
detener". A su juicio, esto puede dar lugar a la vulneración de la
Constitución.
Por
parte de UPyD, Toni Cantó ha
defendido su "queja fundamental" de que el Estado "se ha echado
a un lado por una cuestión presupuestaria". En ese sentido ha manifestado
sus reparos por que la seguridad privada entre a hacer funciones de Policía y
Guardia Civil, cuerpos para los que ha pedido una mayor tasa de reposición que
la actual. "Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el
monopolio de la seguridad en un Estado", ha dicho.
PP:
"NO SE PRIVATIZA NADA"
Por
contra, el diputado del PP Francisco Antonio Márquez de la Rubia ha defendido que
su partido ha aceptado enmiendas de todos los grupos y que esta Ley no pretende
primar la seguridad privada sino lograr "un modelo de seguridad
integral" por lo que cree que va a tener buena acogida entre los
profesionales del sector.
Ha
admitido que se amplían las competencias de los vigilantes de la seguridad
privada en el perímetro de edificios públicos o centros comerciales abiertos,
pero ha vuelto a rechazar que esto "responda a un intento de privatizar
nada". Según ha dicho, "no es coherente" enviar vigilantes
privados a defender los barcos en el Índico "y decir sentirse inseguro
porque un vigilante en la entrada de un centro comercial pueda identificar a un
ciudadano que pueda suponer una amenaza para el resto de ciudadanos".
El
diputado de CiU, Jordi Jané, ha
recordado que su grupo empezó este trámite parlamentario con una enmienda a la
totalidad por cuestiones competenciales, pero ha celebrado el acuerdo alcanzado
con el PP y con el propio Ministerio del Interior. "De 71 enmiendas que
habíamos presentado, se han alcanzado más de 40 acuerdos", ha destacado
Jané.
EL PNV:
"PARA APLAUDIR CON LAS OREJAS
En
cuanto al punto respectivo a los vigilantes privados en los perímetros de las
cárceles, el diputado del PNV,
Emilio Olabarría, ha considerado "pertinente" otorgarle legitimidad a
la medida dado que, según ha dicho, ya en la actualidad este tipo de empresas
prestan esos servicios incluso en instalaciones militares o de las fuerzas y
cuerpos de seguridad.
"Nos
parece que es un proyecto de Ley innovador de los más avanzado y que se ha
hecho un esfuerzo de aplaudir casi con las orejas para la aceptación de las
competencias autonómicas", ha zanjado.
AUGC: la
Ley de Seguridad Privada supone una privatización encubierta
Fuente:
lavanguardia.com - Política | 10/12/2013 (EFE).-
La
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) está "rotundamente en
contra" del proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado hoy por el
Congreso porque considera que supone "una privatización encubierta"
de la seguridad pública y habilita a "policías baratos" y menos
formados.
El
Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno hoy al proyecto de Ley de
Seguridad Privada, que será remitido al Senado con algunas novedades con
respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados
puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía
pública.
"Estamos
asistiendo a la privatización de la seguridad pública. Estamos dando carácter
de autoridad a personas que no la tienen, creando policías baratos", ha
afirmado un portavoz de AUGC.
En su
opinión, "un vigilante de seguridad no está formado, con todos los
respetos, para ser agente de la autoridad, porque no tiene la misma
formación".
La AUGC
ha puesto de manifiesto que en los últimos años se constata una bajada
"drástica" de vacantes en la Policía y en la Guardia Civil, ya que
ingresan unos 500 profesionales pero se jubilan unos 4.000.
"Hay
un descenso muy importante, y este déficit cada vez más patente hace que en
algunas demarcaciones de la Guardia Civil los vecinos se constituyan en
patrullas ciudadanas", ha añadido, lo que supone "un problema de
seguridad" que se pretende atajar con "una privatización
encubierta".
La
asociación tiene "serias dudas jurídicas de que un vigilante de seguridad
pueda tener carácter de agente de la autoridad" y considera que en España
"ya hay un laberinto policial suficiente", ya que en algunas
comunidades "hay hasta cinco cuerpos diferentes".
