La APM
dice que los vigilantes privados ya practicaban detenciones y JpD y la
Francisco de Vitoria critican la nueva ley
JpD pide no garantizar la
seguridad ciudadana con medios privados y la Asociación Francisco de Vitoria ve
la medida como un "exceso"
MADRID,
11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha afirmado este miércoles que
en la práctica ya estaba ocurriendo lo que la nueva Ley de Seguridad Privada
permite ahora explícitamente respecto a la detención de personas por parte de
vigilantes privados, mientras que Jueces para la Democracia (JpD) y la
Asociación Francisco de Vitoria han criticado este punto por considerar que
solo el Estado debe ejercer el uso de la fuerza.
El
presidente de la APM, Pablo Llarena, ha dicho que esa práctica "se estaba
aplicando ya en la vida cotidiana" y que lo único que hace la Ley de
Seguridad Privada es "dar carta de naturaleza" a lo que establece el
Artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual cualquier
persona puede detener a otra en determinadas circunstancias (a alguien que está
cometiendo un delito, a un detenido o un preso que se fugue, etcétera).
Además,
ha llamado la atención sobre el hecho de que cualquier arresto que efectúe un
empleado de una empresa de seguridad privada estará "sometido a un control
por parte de los organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado" (FCSE) y que el vigilante deberá poner inmediatamente al detenido
a disposición de las FCSE y explicar los hechos que han justificado su
actuación.
Para el
portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, la ley es innecesaria
porque en España no hay un problema de seguridad, y ha destacado que las cifras
son de las más bajas de Europa y que en las encuestas la seguridad no aparece
como un problema a ojos de los ciudadanos.
Pero
además, ha subrayado que una ley de este tipo no sólo no mejorará la protección
de la seguridad, sino que puede "empeorarla", puesto que los
vigilantes no tienen el mismo nivel de formación que policías y guardias
civiles. Así, Bosch cree que unos y otros no pueden ejercer las mismas
responsabilidades y augura conflictos de competencia en un futuro.
Sin
querer hacer un examen jurídico detallado hasta que la ley sea aprobada
definitivamente, ha subrayado que en un Estado de Derecho el monopolio del uso
de la fuerza sólo puede estar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y "no se puede privatizar el orden público" ni
"garantizar la seguridad ciudadana con medios privados".
"DIFÍCIL
ENCAJE" CON LA CONSTITUCIÓN
Por su
parte, la Asociación Francisco de Vitoria ha advertido de que la ampliación de
las competencias de los vigilantes privados tiene "difícil encaje"
con la Constitución y con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que establece que sólo estos pueden hacer funciones policiales.
Según
su portavoz, Marcelino Sexmero, que los vigilantes puedan identificar a
ciudadanos o detenerlos fuera de los establecimientos donde trabajan son
"excesos" que suponen una "privatización de la policía".
Además, ha rechazado que se puedan atribuir funciones de mantenimiento del
orden público a un trabajador de una empresa privada, que depende de quien le
contrata.
Para
Ángel Dolado, de la Asociación Foro Judicial Independiente, no es adecuado dar
a los vigilantes la facultad de detener, porque puede crear
"disfunciones" con policías y guardias civiles. Pero además, ha
advertido de que podría darse el caso de que las patrullas ciudadanas creadas
en algunas localidades contraten a vigilantes de seguridad y, de esa forma,
además de prevenir delitos pretendan detener al delincuente, algo que a su
juicio deberían hacer sólo las FCSE.
