Las
medidas de seguridad en edificios públicos disminuyen hasta un 50% por los
recortes
Centros médicos, comisarías,
sedes institucionales y monumentos son los más afectados, según las empresas
del sector y los sindicatos de policía
Fuente:
lavanguardia.com-Vida | 01/12/2013
El
atentado anarquista en la Basílica del Pilar o el caso del pistolero de París
son dos incidentes recientes que han despertado de nuevo la sensación de
vulnerabilidad de los lugares de acceso público. Estos sucesos coinciden, no
obstante, en un momento en que las medidas de seguridad están experimentando
unos recortes considerables debido a la crisis y con menores presupuestos
institucionales para estas partidas, según coinciden empresarios y sindicatos
del sector.
“La
Generalitat y los ayuntamientos han reducido drásticamente, hasta un 50%, y en
algunos casos más, las partidas destinadas a la seguridad, sobre todo en los
dos últimos años”, alerta a LaVanguardia.com Josep Mulero, representante de la
Associació d'Empreses de Seguretat (ACAES), que aglutina el 80% del sector en
Catalunya. Una situación similar viven los empresarios del resto de España que
aseguran que “los recortes en materia de seguridad privada son un hecho y
afectan muy negativamente al sector”, afirman fuentes de la Asociación
Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), que
agrupa a las grandes empresas españolas que representan a cerca del 80% del
volumen de negocio del sector. Y es que todas las fuentes consultadas coinciden
en asegurar que desde 2008 han entrado en una “tendencia decreciente, que
tiende a mantenerse en el corto plazo” y que les ha llevado a cerrar 2012 con
menos de 3.000 millones de euros, una facturación similar a la realizada en el
ejercicio 2004. En el caso catalán, el departamento d'Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, ha reconocido a este medio que los recortes han
afectado a la partida de seguridad, aunque no han concretado cifras.
Además,
como sucede en otros sectores como en el farmacéutico, las empresas de
seguridad también sufren importantes retrasos en los cobros y aseguran tener
“facturas pendientes de la Generalitat de hace más de dos años y atrasos de
pagos de los ayuntamientos”, revela Mulero. Todo ello, explican desde APROSER,
repercute en los trabajadores porque con la demora en la atención de las
facturaciones y la dificultad de acceso a la financiación “se hace muy difícil
atender mensualmente los compromisos de pago a empleados y proveedores, y tomar
medidas en defensa de un sector clave”.
Vigilantes
sin títulos adecuados
El
descenso de las contrataciones y el volumen de negocio van acompañados, según
explican empresarios y sindicatos, de un empeoramiento de los servicios de
seguridad contratados. Así, según APROSER se está dando una tendencia por parte
de las administraciones a contratar “priorizando el precio sobre la calidad del
servicio”, algo que lleva, en ocasiones, a “un incumplimiento por parte de
algunas empresas adjudicatarias de las normativas mínimas aplicables”, alertan.
Jesús
Martínez, secretario de acción sindical de la federación de servicios privados
de CCOO, también cree que el servicio prestado está empeorando. El
representante sindical apunta que se utilizan vigilantes que no tienen la
titulación adecuada y que para poder mantener unos mínimos, prescinden de
agentes y “tiran” de seguridad privada pasiva, como pueden ser las cámaras de
vigilancia a pesar de que asegura que los estudios advierten que estos sistemas
funcionan “relativamente” y que la seguridad física, la presencial, es la más
efectiva. Esta tendencia provoca que “hoy sobren vigilantes de seguridad
mientras que en 2009 faltaban”, explica. Así, los datos de CCOO, cuya sección
sindical acaba de organizar unas jornadas sobre los efectos de la crisis en la
seguridad privada, indican que la contratación en este sector ha bajado un 20%
en cuatro años.
Falta de
mantenimiento
Las
consecuencias de los recortes son tan preocupantes que, según explica Mulero,
han llevado incluso a “eliminar” presupuestos dedicados al “mantenimiento
preventivo”. “Se reparan los sistemas de seguridad cuando se estropean pero no
se realiza el mantenimiento para detectar problemas, con lo que puede darse la
situación de que no se sepa que una alarma no funciona”, detalla el
representante de los empresarios catalanes. Mulero explica que la Generalitat
“tiene sistemas, como el de detección de incendios, estropeados en centros
oficiales y residencias de abuelos y no dispone de partidas para repararlos”.
Y
aunque según la federación de empresarios españoles hay administraciones que
siguen considerando la seguridad como un servicio fundamental “otras sí han
reducido el mantenimiento preventivo de elementos de seguridad, con todas las
consecuencias que esto podría conllevar”. Estas prácticas añaden más riesgo a
la seguridad de los edificios porque “los fallos en el sistema pueden ser
utilizados fácilmente por los delincuentes”, puntualiza el representante de los
empresarios catalanes.
Edificios
oficiales menos vigilados
Mulero
también explica que “hay edificios públicos o conselleries que, por falta de
presupuesto, han tenido que aplicar recortes en su seguridad” y sentencia que
“en algunos casos, hay edificios que pueden estar en riesgo”. La sede del
Institut Català de la Salut (ICS) es una de las instituciones afectadas. El
organismo reconoce que han “recortado el personal de seguridad prescindiendo del
turno de la mañana” pero que ha sido sustituido por “ordenanzas que realizan
trabajos de información”, explican.
Los
empresarios catalanes de seguridad también alertan que se ha prescindido de
personal en los Centros de Atención Primaria (CAP). “Hay una empresa de
seguridad que está en concurso de acreedores porque después de ser contratada
para ello, la Generalitat ha decidido eliminar la vigilancia”, explica Mulero.
En este sentido, el ICS argumenta que se ha mantenido la vigilancia “en los CAP
más grandes o en los que están en zonas conflictivas”. El Institut Català de la
Salut apunta que aunque “ha disminuido el presupuesto en seguridad de los CAP y
hospitales”, se ha pasado a “racionalizar” estos servicios, que hay seguridad
“donde toca” y que se ha puesto en marcha “un convenio con los Mossos
d’Esquadra para incrementarla dentro de los centros y asesorar al personal para
evitar situaciones de violencia”.
Más
policía en comisarías y menos en la calle
Precisamente,
los Mossos d’Esquadra es otra de las instituciones afectadas por los recortes
en seguridad. Hace seis meses que, como medida de ahorro, se decidió eliminar
la seguridad privada que custodiaba las comisarías y ahora son agentes del
cuerpo policial los que se encargan de ello”, explica Toni Castejón, del
Sindicat Mossos SME CCOO, antes de añadir que “para poder colocar estos agentes
en las puertas de la comisaría hay que sacarlos de otra parte, algo que
disminuye el número de efectivos en la calle y, por tanto, afecta a la
seguridad ciudadana”.
El
representante sindical destaca que el descenso de personal es preocupante
recordando que “hace tres años que no sale ninguna promoción y estamos en
déficit total de efectivos”. Así, según Castejón, la situación es tal que en
edificios a los que antes se destinaban 10 agentes para su protección, ahora se
asignan cinco. Para este agente, el máximo ejemplo que el cuerpo sufre una
carencia de personal es que ha aparecido la figura del somatén “porque no
tenemos suficientes efectivos para hacer prevención”.
José
María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) coincide con su
colega y afirma que se está produciendo “un importante recorte que va a tener
consecuencias”. Según el SUP, los recortes afectan a la seguridad del
patrimonio y de todos los espacios públicos, como puertos o aeropuertos.
Benito, igual que su homólogo catalán, recuerda que pierden “2.500 efectivos
cada año” y que a pesar de que tienen más trabajo porque “la crisis hace que se
cometan más delitos”, cada vez trabajan con menos medios.
