Han
solicitado formalmente al decano que se ocupe la Guardia Civil o la Policía
Canaria.
El nuevo edificio está custodiado por Seguridad Integral Canaria, que alega
que ya lo hacía en las sedes dispersas.
Fuente: eldiario.es - Canarias Ahora - Las Palmas
de Gran Canaria - 11/02/2014
Los ocho jueces de instrucción de Las Palmas de Gran
Canaria han solicitado formalmente al decano de este partido judicial y al
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que reclamen a las
autoridades gubernamentales que sea la Guardia Civil o la Policía Canaria quien
se ocupe de la custodia del nuevo edificio judicial de la capital, conocido
como Ciudad de la Justicia. Así lo acordaron el pasado jueves sin que se
conozca de momento ninguna reacción al respecto.
La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su
inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria,
propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo
edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal
y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos
por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus
empleados.
Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones
vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace
pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno
regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso
de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen
que sea la Policía Canaria quien se ocupe.
Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la
custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber
caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que
custodiaba las numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban
dispersos los juzgados del partido judicial. Así lo confirmó a este periódico
una fuente autorizada de la empresa.
La Ciudad de la Justicia está custodiada por tan
solo cuatro vigilantes de seguridad.
La Guardia Civil se retiró de la
vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los
jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto
armado para continuar con esa tarea, pero la Delegación del Gobierno ordenó que
cesara.
Por su parte, la Policía Canaria
tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad
de la Comunidad Autónoma, como es el caso.
Nota del Blog
Esperamos que la petición de los jueces se fundamente en que la empresa que vigila la sede judicial está inmersa en distintos procedimientos judiciales, y no en el supuesto ahorro de costes para el erario público o en que hay que defender la seguridad pública, ya que todos sabemos que la mayoría de las sedes judiciales autonómicas están vigiladas por Guardía Civil en segunda actividad, lo que conlleva que mientras que los vigilantes se van al paro, los guardías siguen cobrando dos sueldos. En esa hipotética situación, ni se defiende el empleo, ni lo público, ni se ahorran costes en seguridad.
