El
Gobierno negocia un gran contrato con el sector de seguridad privada tras
hacerle una ley a medida
Tras la aprobación de la
polémica Ley de Seguridad Privada, el Ministerio de Hacienda cita a las
compañías del sector y sus asociaciones para sacar a concurso la contratación
centralizada de los servicios de seguridad privada de varios ministerios y organismos
públicos.
Fuente:
vozpopuli.com/A. M. Vélez – 22 Marzo 2014
Menos
de una semana después de la aprobación definitiva de la polémica Ley de
Seguridad Privada, que va a abrir nuevas oportunidades de negocio a las
empresas del sector, el Gobierno ha decidido que ha llegado el momento de
empezar a negociar el que previsiblemente será el mayor contrato de servicios
de seguridad convocado por una Administración Pública en España.
El
Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, ha convocado el próximo miércoles a las
12.00 horas en su sede de Castellana, 162, una sesión informativa con las
empresas y asociaciones empresariales de seguridad privada para empezar a
negociar la primera fase del contrato centralizado de servicios de seguridad
privada y auxiliares del control en edificios ubicados en Madrid de varios
Ministerios y Organismos, que “se va a poner en marcha próximamente”, según el
ministerio.
“El
propósito de la sesión es exponer a las empresas del sector las líneas
generales del procedimiento de licitación y recoger su punto de vista sobre el
mismo, con el objetivo último de fomentar la racionalización, eficacia y
eficiencia en el gasto público”, explica Hacienda, que ha convocado este
proceso en el marco de su nueva política de centralización de contrataciones
para el control del gasto.
La
nueva ley supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las
empresas privadas, según la oposición
La
convocatoria llega después de que esta semana el Congreso de los Diputados
diera su visto bueno definitivo a la nueva ley, que ampliará las competencias
de los vigilantes y les permitirá, por ejemplo, asumir nuevas funciones como el
control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de
extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados
a la seguridad pública, complementando la acción policial".
La
nueva Ley, que según el Ministerio del Interior buscaba “ayudar a consolidar el
sector " y que la principal patronal, Aproser, ha valorado por suponer un
“importante esfuerzo de adaptación” a “las nuevas realidades sociales”, se
aprobó con el apoyo de PP, CiU y (parcialmente) PNV y el rechazo frontal del
resto de grupos parlamentarios.
Así, el
PSOE ha denunciado que el nuevo texto fomentará "que el que quiera
seguridad se la pague", mientras UPyD ha considerado que supone "una
dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
Entre
los aspectos más polémicos de la nueva norma figura la potestad de los agentes
para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos
personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin
embargo, no podrán averiguar o comprobar estos datos, como recogía el texto
inicial.
La
tramitación de la ley ha coincidido con amenazas de ERE por parte de las
empresas
También
podrán, con autorización previa, vigilar polígonos industriales y urbanizaciones
(incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y
de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales,
deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en
vías o espacios públicos o de uso común.
La
tramitación de Ley ha coincidido con una catarata de amenazas de ERE por parte
del sector, compuesto por unas 1.500 empresas que facturan unos 3.000 millones
de euros al año y dan empleo a cerca de 90.000 personas. En enero, Aproser presentó una demanda de Conflicto
Colectivo para suspender la aplicación de la subida salarial del 4% prevista
para este año y adaptar las condiciones laborales “a la grave situación
económica del sector” y “mantener el mayor número de empleos posibles y
preservar el convenio colectivo”.
La
situación del sector, “en auge”, según defendía Interior, se agravó con la
entrada en vigor del RDL 16/2013 del pasado 22 de diciembre, que estableció la
obligatoriedad de cotizar por las retribuciones en especie y que, según las
empresas de seguridad, incrementaba sus costes en un 2,07% de la masa salarial.
La
subida de cotizaciones provocó una catarata de descuelgues del anterior
convenio colectivo por parte de las empresas, que finalmente lograron el mes
pasado rubricar un nuevo convenio que establece la congelación salarial para
este ejercicio.
