RECHAZAN CINCO VETOS A LA NORMA
DE IU, ICV, PSC, ERC Y PSOE
El
Senado aprueba con los votos de PP y CiU la nueva Ley de Seguridad Privada
Los populares dicen que
"al Estado le cuesta mucho formar a un guardia civil para que luego esté
en el acceso de una cárcel pidiendo el DNI"
MADRID,
12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El
Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Seguridad Privada
que será remitida de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva gracias a
los votos del PP y CiU. 'Populares' y nacionalistas catalanes han rechazado
cinco vetos presentados por IU, ICV, PSC, ERC y PSOE, quienes consideran que
esta normativa busca satisfacer a las empresas del sector privado en detrimento
de la seguridad pública y las competencias de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
El
senador socialista, Enrique Cascallana ha acusado directamente a los
'populares' de haber hecho una Ley "atendiendo a la demanda de las grandes
empresas de Seguridad y no del interés general" y ha criticado que en el
redactado de la norma no se aclaran las funciones que tendrán desde ahora los
vigilantes privados y si podrán o no patrullar por calles peatonales
comerciales.
"Ustedes
adelgazan el Estado y nos llevan al principio que dice: 'quien quiera seguridad
que se la pague'". En esa misma línea han girado la mayoría de los
discursos de los grupos que se oponen a esta nueva Ley.
Por
parte del PP, Santiago López Valdivielso ha replicado que "hay frases y
aseveraciones que se han ido repitiendo y que nada tienen que ver con el
propósito del proyecto de Ley". "No sé qué texto se han leído
ustedes. Era necesaria una nueva normativa que mejorase y actualizase la
legislación vigente", ha dicho Valdivielso.
Una de
las novedades que contempla esta Ley es que los vigilantes puedan hacerse cargo
de control del perímetro exterior de las cárceles. "Al estado le cuesta
mucho formar a un guardia civil y resulta que luego le destinamos a un control
de acceso a una cárcel a pedir un DNI lo cual también es frustrante para ese
guardia civil", ha explicado el senador del PP, que fue director general
de la Guardia Civil durante el Gobierno de José María Aznar.
El
senador de CiU Jordi Miquel Sendra ha negado que su partido sea partícipe de
"un complot para privatizar la seguridad pública junto al PP" y ha
recordado que su formación presta apoyo al Gobierno de la Generalitat en
Cataluña, "que está obligado a gestionar la seguridad pública en esa
comunidad".
Por
ello, según ha dicho, aunque la Ley no sea de su agrado su obligación es tratar
de llegar a acuerdos para tratar de mejorarla. "Hemos llegado a acuerdos
suficientes para haber mejorado la Ley y por eso vamos a votar en contra de los
vetos presentados", ha zanjado.
El
senador del PNV Iñaki Anasagasti ha dicho que su partido no ha presentado
ningún veto, pero ha advertido de que "ha estado apunto de hacerlo" y
ha criticado que este es un "debate caduco, absurdo y mal planteado".
Además, ha lamentado la ausencia del ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, que "ni está ni se le espera". Finalmente ha anunciado la
abstención ante los vetos planteados.
PATRULLAR
EN CALLES PEATONALES COMERCIALES
Entre
los acuerdos alcanzados por el PP y CiU en este trámite parlamentario del
Senado se encuentra el de haber modificado la redacción original de la Ley en
uno de los artículos que generó más polémica entre los grupos de la oposición y
que hace referencia a las competencias de los agentes de seguridad privada. De
este modo, en la nueva redacción del artículo 41 de esta Ley se elimina que
estos agentes puedan patrullar por las zonas comerciales peatonales.
El
redactado que fue aprobado en el Congreso de los Diputados establecía que los
agentes jurados podían hacer labores de "vigilancia en zonas comerciales
peatonales" como, por ejemplo, la calle Preciados de Madrid. En la
actualidad esta competencia es exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Eso sí, en el Congreso se establecía como requisito que tuviesen
"autorización previa por parte del órgano competente" y que
realizasen esa labor en coordinación con la Policía, la Guardia Civil o las
policías autonómicas y locales.
No
obstante, tras el acuerdo de 'populares' y nacionalistas catalanes, este
supuesto de vigilar las "zonas comerciales peatonales" ha sido
eliminado del artículo, en el que sí se mantienen el resto de funciones
previstas en el redactado original. De este modo, los agentes de seguridad
privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y
centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la
prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la
acción policial".
PARQUES
COMERCIALES, POLÍGONOS Y EVENTOS
También
con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos
industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común),
complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así
como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de
relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso
común.
El
entendimiento entre el PP y CiU se vio en la tramitación de esta Ley en el
Congreso donde el Gobierno y el PP accedieron a modificar en el trámite
parlamentario varios artículos después de que CiU presentase una enmienda a la
totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales"
recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.
Así lo
anunció en el Congreso de los Diputados el propio ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, quien aseguró que "aquellos aspectos que motivaron la
enmienda (a la totalidad)" quedarían "subsanados". En consecuencia,
los nacionalistas retiraron su enmienda a la totalidad por la que pedían
devolver el texto al Gobierno.
Su
oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde
a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como
la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la
seguridad privada que se realicen en Cataluña".
CÁMARA
ALTA
El
Senado da luz verde a la Ley de Seguridad Privada
Fuente: lainformacion.com
- miércoles, 12/03/14 - 23:01
Madrid, 12 mar (EFE).- El Pleno del Senado ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de
Seguridad Privada tras rechazar los cinco vetos presentados por la oposición e
incorporar medio centenar de enmiendas al articulado, con lo que el texto
volverá ahora al Congreso para su aprobación definitiva.
El Senado ha tumbado con
el rechazo de los populares los vetos formulados por el Grupo Mixto, Entesa y los socialistas y ha
aprobado medio centenar de enmiendas parciales al articulado, la mayoría de
carácter técnico.
En un debate en que
algunos portavoces han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no haya
acudido al pleno a defender su proyecto, el senador del PP Luis Aznar y su compañero de grupo Santiago López
Valdivielso han negado que la nueva ley vaya a suponer una privatización de la
seguridad.
La tramitación en la Cámara alta ha permitido la
modificación de un número importante de preceptos sobre el proyecto inicial que
presentó el Ministerio del Interior, especialmente aquellos artículos más
polémicos que hacen referencia a las competencias de los vigilantes privados.
Entre los retoques dados
al texto a través de enmiendas pactadas entre PP y CiU, destaca la limitación de los supuestos en los que los
vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en
calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas,
en Barcelona, como inicialmente estaba
previsto.
De esta forma, el texto
salió de la comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más
criticado, para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con
o sin autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó
excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba
con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales
peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en
"parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren
delimitados".
También varió el Senado
la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de
perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando
no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y
protección".
En el texto consensuado
de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a
delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean
sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes
objeto de su vigilancia y protección".
Y también se dejó claro
que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a
diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos
ni comprobarlos.
Pese a estos cambios, el
senador socialista Enrique Cascallana ha advertido
de que estas modificaciones en realidad no limitan las competencias de los
vigilantes, pues el proyecto no las "acota" claramente, dejando la
puerta abierta a que el Gobierno en el futuro reglamento otorgue mayores
potestades a estos trabajadores.
"La ley no responde
a una demanda social sino a los intereses de las grandes empresas y a la
filosofía"del PP, que consiste en adelgazar el Estado y recortar los
servicios públicos", ha criticado Cascallana.
Tanto López Valdivielso
como Aznar han insistido en que la seguridad privada será un elemento
"auxiliar" y "subordinado" a la pública y que no hay atisbo
alguno de privatización.
Además, han defendido el
modelo de seguridad privada español porque, junto con el belga y holandés es el
más "regulado y controlado" frente a los del Reino Unido, Alemania y Austria.
