El sindicato Erne de la
Ertzaintza denuncia en Europa la ley de seguridad privada española
Fuente:
elcorreo.com - 01/05/2014
El congreso de policías europeos advierte
de que la norma que prepara el Gobierno de Rajoy, que permite a los vigilantes
practicar detenciones, afectará a los derechos de los ciudadanos
La Ley
de Seguridad Privada que prepara el Gobierno del PP se topó ayer con el frontal
rechazo de Eurocop. La organización que representa a más de 500.000 policías de
27 países de la Unión Europea, y que esta semana se ha reunido en Vilna, la
capital de Lituania, no ocultó su preocupación por las «graves consecuencias»
que el proyecto legislativo español puede tener en los «derechos» de los
ciudadanos. Se trata de una ley, insistió, que sigue la misma línea de los
«recortes en los servicios públicos» que se están produciendo en otros países
europeos y que agranda la brecha de las «desigualdades sociales». «No podemos
permitir que sólo los pudientes disfruten del derecho a la seguridad», subrayó
el alemán Jörg Bruchmüller, representante del comité ejecutivo de Eurocop.
La
organización formuló estas advertencias a raíz de la exposición que el
sindicato ErNE, mayoritario en la Ertzaintza, realizó sobre la futura ley de
seguridad privada durante la clausura del congreso. Su representante Juanjo
Llaguno explicó a los demás delegados sindicales que esta normativa concede a
los vigilantes de seguridad la «capacidad de detención», entre otras facultades
que también criticó. Llaguno explicó que se trata de una medida muy
controvertida, pues descarga en trabajadores de empresas privadas, que no han
superado oposiciones ni tienen la misma formación que los funcionarios
públicos, una atribución que si se ejerce de modo incorrecto puede vulnerar los
«derechos fundamentales».
Recortes
públicos
El
representante de ErNE insistió que la futura ley de seguridad privada se
enmarca en un problema mucho «más profundo», como es la «utilización de la
crisis económica» para «reducir los servicios públicos» y para privatizar otro
tipo de prestaciones con la «excusa de que no son sostenibles», como ya ha ocurrido
«con la sanidad». El delegado vasco recordó que uno de los objetivos de los
servicios públicos de seguridad es establecer un marco que posibilite la suficiente
«garantía de independencia» para proteger a los ciudadanos también de los
poderes políticos. Sin embargo, añadió, el proyecto del Ejecutivo de Rajoy abre
la puerta a que los gobiernos recorten o vayan amortizando las plantillas de
Policía para sustituirlas por guardas jurados «disfrazados» de agentes. «La
seguridad en manos privadas sólo garantizaría la protección para el que la
pueda pagar», auguró Llaguno. «Este proyecto también ha encontrado el rechazo
de las asociaciones de jueces y de las asociaciones que defienden los derechos
humanos», terció el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC), Juan Antonio Delgado. «No se puede mercadear con los derechos de los
ciudadanos».
Durante
su exposición, Erne instó a Eurocop a que se movilice en defensa de las
prestaciones públicas y lleve esas reclamaciones a los despachos de los
organismos comunitarios. El comité ejecutivo de Eurocop, que dirige la sueca
Anna Nellberg, recogió el guante. En la medida que se trata de un fenómeno
global, se comprometió a recabar datos de los distintos socios de la Unión
Europea para conocer al detalle cómo están afectando estas medidas en todos los
cuerpos de seguridad; a solicitar nuevas reuniones sobre este tema con
representantes de la Comisión Europea y, por último, a presentar las conclusiones
en el nuevo cónclave de Eurocop que se celebrará en Berlín el próximo otoño.
Varios
delegados europeos tomaron la palabra para explicar sus experiencias. El más
gráfico fue el representante de la Policía griega, que denunció que en su país
las deportaciones de inmigrantes ilegales ordenadas por el Gobierno son
realizadas por empresas seguridad privada. «No podemos ignorar más los efectos
de las privatizaciones», proclamó.
Un
miembro de la Policía de la República Checa añadió que los sindicatos
consiguieron frenar en ese país un proyecto político para despedir a10.000
policías y sustituirlos por guardas jurados, pero recalcó que la «amenaza sigue
muy presente». «Es un tema muy serio», subrayó el delegado de Eslovaquia.
El
alemán Jörg Bruchmüller concluyó el debate alertando de que en las ciudades
cada vez se ven más «ricos que viven en una especie de jaulas» protegidas por
vigilantes privados, a los que se van concediendo nuevos espacios. Ese, apuntó,
no se debe ser el modelo a seguir delas instituciones públicas, que se deben a
todos los ciudadanos, a pesar de que se vean en la necesidad de conseguir
fondos económicos. «Por eso se deben poner límites a la seguridad privada»,
finalizó el dirigente de Eurocop.
