El Gobierno privatizará la seguridad
exterior de otras 42 cárceles, aunque no sabe el coste .
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Ahora solo hay
seguridad privada en 21 prisiones, un proyecto piloto que en nueve meses ha
costado 7,3 millones de euros.
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En una reciente
respuesta parlamentaria, el Gobierno anuncia que ampliará la vigilancia privada
a todos los centros penitenciarios, excepto Cataluña.
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El objetivo es que
vigilantes privados controlen la seguridad exterior, supervisados por un
pequeño retén de la Guardia Civil.
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Los sindicatos
critican la falta de transparencia total en este asunto, "que solo persigue
dar negocio a las empresas privadas".
Fuente: 20minutos.es - DAVIDFERNÁNDEZ 19.05.2014
El Ministerio del
Interior ha confirmado lo que ya estaba previsto: que privatizará la seguridad
exterior de todas las cárceles españolas. Ahora, esta vigilancia privada solo
funciona en 21 centros penitenciarios como proyecto piloto, en un sistema mixto
en el que agentes privados refuerzan la labor de la Guardia Civil. Pero el
pasado 24 de abril, en respuesta parlamentaria a la diputada socialista María
del Puerto Gallego Arriola, el Gobierno anunció que "en la segunda fase se
incorporarán los restantes centros penitenciarios". Hay 63 prisiones que
dependen del Estado (las 14 de Cataluña dependen de la Generalitat), por lo que
el Ejecutivo del PP tiene previsto llevar la vigilancia privada a los 42
centros que aún no la tienen. No hay fecha para la implantación de esta segunda
fase. Tampoco se ha informado cuánto costará, ya que el Gobierno matiza que
"no es posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán estos
servicios".
El Gobierno sí asegura
que en los diez meses que lleva operativo el proyecto piloto este ha sido
positivo, ya que "los servicios prestados han cumplido en su totalidad las
condiciones establecidas en el contrato". Interior no puede dar
información del informe de evaluación del plan piloto porque "está basado
en datos operativos y afectan a la seguridad de los centros". José Ramón
López, presidente del sindicato Acaip, critica la falta de transparencia que
siempre ha rodeado este proceso de privatización. "Nunca nos han informado
ni nos han dado cifras: coste, efectivos contratados, que empresas privadas se
llevarán el servicio... y faltaría más que el proyecto piloto no saliera bien.
Si antes, por ejemplo, habías doce guardias civiles vigilando un perímetro, y
durante diez meses han seguido los doce guardias más cuatro vigilantes
privados, cómo para no salir bien".
Adolfo Fernández, de
CSIF-Instituciones Penitenciarias, cree que el Gobierno persigue sustituir el
modelo público por el privado. "No sabemos si el proyecto piloto ha salido
bien. Eso dice el Gobierno. El oscurantismo en este tema es total. Pero en la
prisión de Teixeiro, en A Coruña, alguien pintó las paredes de la cárcel, algo
que no había pasado antes, lo que demuestra que hubo fallos". Ocho
empresas privadas fueron las adjudicatarias del proyecto piloto en 21 prisiones:
Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas,
Sabico y Vinsa. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de
Seguridad (Aproser), que aglutina a varias de las ocho empresas adjudicatarias,
no ha querido hacer declaraciones a 20 minutos.
Lo que se prevé,
señalan desde Acaip, es implantar un sistema mixto en la seguridad exterior de
las cárceles. Es decir, que los vigilantes privados nunca estén solos, sino
supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil. Como pasa en los
aeropuertos. La argumentación de Interior es que con la actual limitación de
contratación pública provocada por la crisis (se han perdido casi 3.000
policías nacionales en solo dos años y hay 2.570 guardias civiles menos), gran
parte de los agentes de las prisiones se podrán destinar a otras funciones.
Nuevo negocio para las empresas de
seguridad
La segunda clave de
esta privatización es dar más negocio a las empresas de seguridad, que han
perdido contratos con la reducción de la amenaza terrorista y el parón de la
obra pública (hay menos obras que vigilar). "Lo que se ha hecho es una
redistribución del gasto público con estas empresas. Antes ganaban con los
contratos de escoltas y ahora, que ya no tienen estos contratos, lo ganan con las
cárceles", señala José Ramón López. Las estadísticas que maneja el
Gobierno señalan que hay margen para crecer, porque en España hay 195
vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, frente a los 271 de media en
la UE. La patronal Aproser, que aglutina a doce empresas que controlan el 70%
del negocio de la seguridad en España, informa en su web que la facturación
total del sector fue en 2012 (últimos datos) de 2.994 millones de euros, un
6,8% menos que en 2011. Y en 2011 ya cayó un 5% respecto a 2010. Los contratos
de vigilancia, por ejemplo, bajaron un 8% en 2012.
CSIF-Instituciones
Penitenciaras cree que Interior debe ser transparente en este tema, ya que ni
siquiera se facilitan los contratos con estas empresas, que se adjudicaron sin
concurso, sino por invitación. "¿Cuántas empresas llevarán la vigilancia
de 62 prisiones?, ¿cuantos vigilantes se contratarán?, ¿cuántos guardias
civiles se irán?, ¿es más barata la seguridad privada? Obviamente será más
caro, porque hay que pagar el sueldo de los vigilantes y el margen de beneficio
de las empresas", señala Fernández. Como ya publicó este diario, otra
respuesta parlamentaria informó en julio del año pasado que Interior iba a
pagar 7,39 millones de euros a las ocho empresas del proyecto piloto durante
nueve meses. Luego una simple extrapolación haría que la misma seguridad en 63
prisiones durante un año costase 30 millones de euros.
