LOS MENORES CON DROGAS PODRÁN EVITAR LA MULTA
Interior rectifica su ley de seguridad y los vigilantes privados no
reprimirán protestas
El ministro de Interior, Jorge Fernández
Díaz. (EFE)
Fuente:
elconfidencial.com - José María Olmo 04/07/2014
El Ministerio
del Interior ha introducido nuevos cambios en el anteproyecto de la Ley
Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana con la intención
de asegurarse la constitucionalidad del texto y rebajar la controversia que
habían generado la mayoría de sus artículos, destinados a sustituir toda la
legislación vigente desde 1992 sobre la persecución por la vía administrativa
de los comportamientos incívicos y los desórdenes públicos. En los próximos
días podrían producirse, además, otras modificaciones tras la aprobación del
informe del Consejo de Estado, el último de los cuatro órganos consultivos que se han pronunciado sobre
la norma.
Según ha podido
saber este diario, finalmente, la cartera que encabeza Jorge Fernández
Díaz ha dado marcha atrás y ha decidido eliminar del articulado la
posibilidad de que los vigilantes de seguridad privada puedan colaborar
con las Fuerzas de Seguridad públicas en el mantenimiento del orden
durante las manifestaciones y concentraciones. Pero no es el único cambio que
Interior ha introducido a última hora. Los menores sancionados por consumo o
posesión de drogas podrán evitar la multa si acreditan que están sometiéndose a
un tratamiento de desintoxicación. Hasta ahora, el texto no hacía ningún tipo
de distinción en función de la edad.
Vigilantes en las manifestaciones
La posibilidad
de que las empresas de seguridad privada se encargaran de mantener el orden en
las manifestaciones era una de las principales novedades que recogía el
anteproyecto de Interior. En la actualidad, sólo los funcionarios de la Policía
Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y, en algunos casos, policías
locales, están habilitados para poder limitar el ejercicio del derecho de
manifestación. Pero el Ministerio pretendía incluir en las facultades del
sector de seguridad este otro servicio, siguiendo el espíritu
liberalizador de la Ley de Seguridad
Privada publicada por el BOE el pasado 4
de abril, que ampliaba considerablemente las capacidades del sector
privado de la seguridad.
La fórmula que
escogió Interior para atribuir ese servicio a las empresas de seguridad era
confusa. Aprovechó el artículo 23, que se refería a la colaboración entre
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el mantenimiento de la seguridad en
reuniones y manifestaciones, para establecer en su punto segundo que “igualmente,
las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a
colaborar eficazmente” en esa función con Policía, Guardia Civil y otros
cuerpos. Aunque no se hacía de forma explícita, ese punto iba a permitir que
vigilantes privados reprimieran concentraciones violentas mano a mano con
agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), por ejemplo, una imagen
inédita en España.
Y así seguirá
siendo. Según fuentes cercanas a la confección de la ley, Interior ha decidido
eliminar cualquier referencia a la participación de la seguridad privada en la
contención de las protestas en vía pública. El Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, dos de los cuatro órganos
consultivos a los que Interior envió la norma –los otros dos son la Agencia
Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado–, no consideraron
que esa ampliación de facultades fuera inconstitucional, pero sí advirtieron de
que esa competencia está reservada en exclusiva a los funcionarios. Interior ha
tenido en cuenta el aviso.
Desintoxicación de menores
En cuanto al
consumo o tenencia de drogas, la última versión del borrador rebaja la sanción
para los menores de edad. Según las fuentes consultadas, el texto especificará
que los jóvenes que sin haber cumplido los 18 años sean sancionados por
utilizar o llevar estupefacientes podrán evitar la multa si demuestran que
están en tratamiento para eliminar la supuesta adicción. Valdrá con que
presenten un informe firmado por un especialista que acredite que se
están sometiendo a un proceso para dejar las drogas. Los menores que no
cumplan ese requisito serán tratados a todos los efectos como los mayores de
edad, es decir, se expondrán a sanciones de entre 1.001 y 30.000 euros.
Interior deberá realizar aún más cambios
en los próximos días. El pasado viernes, el Consejo de Estado envió al
Ministerio su informe sobre la ley. Fuentes que han tenido acceso al documento
aseguran que, en general, el órgano consultivo ha respaldado el proyecto, entre
otros motivos porque Interior ya le remitió el pasado 26 de mayo una versión
muy depurada del borrador inicial que incluía las observaciones realizadas por
el resto de órganos consultivos.
Críticas del Consejo de Estado
Con todo, el
Consejo de Estado ha planteado modificaciones que Interior estudia ahora cómo
incorporar. En concreto, el órgano consultivo ha pedido al departamento de
Fernández Díaz que establezca un tiempo máximo para la identificación de
infractores en comisaría. La última versión que manejaba el Ministerio no
recoge ninguna limitación horaria. El Consejo de Estado considera que esas
diligencias deberían durar un máximo de seis horas y sostiene
que, si en ese tiempo, las Fuerzas de Seguridad no consiguen averiguar la
identidad del detenido deben dejarlo en libertad.
El otro punto
que ha censurado el Consejo de Estado afecta a la persecución del escalamiento
en infraestructuras críticas, otra de las novedades que también introduce la
ley. Este artículo está especialmente pensado para sancionar el acceso de
activistas o manifestantes a instalaciones como centrales nucleares, cámaras
legislativas u otros edificios significativos. El Consejo no cuestiona esta
nueva tipología, pero sí reprocha al Gobierno que no difunda
previamente qué infraestructuras están calificadas como críticas. En la
actualidad, la lista es secreta por motivos de seguridad, pero el órgano
consultivo cuestiona que se pueda sancionar a alguien por vulnerar una
protección que desconocía.
Facilitar la tramitación
Con los
cambios, el Gobierno trata de evitar que las principales novedades de la ley
con respecto a la que se aplica desde 1992 puedan ser tumbadas
en el futuro por el Tribunal Constitucional. Pero este retroceso en varias de
las innovaciones fundamentales que contemplaba en un primer momento la norma
también pretende facilitar su tramitación parlamentaria. Los principales
partidos de la oposición anunciaron pocas horas después de conocer la primera
versión del articulado que se opondrían frontalmente a su aprobación al
considerar que atentaban contra libertades y derechos fundamentales.
El Ministerio del Interior ha tratado de deslegitimar ese discurso asumiendo
casi todas las recomendaciones formuladas por los órganos consultivos. Y espera
que esas rectificaciones allanen el camino que deberá recorrer la ley a la
vuelta del verano en el Congreso y el Senado.
Como adelantó El Confidencial,
el objetivo de Fernández Díaz es que el anteproyecto sea aprobado por el
Consejo de Ministros durante este mismo mes de julio para que sea remitido
automáticamente a la Cámara Baja antes de las vacaciones de agosto.
Ese es el único plazo que permitiría a Interior publicar la norma en el BOE
antes de que termine 2014. Con ese calendario conseguiría, por un lado, que la
norma pasara el trámite del Consejo de Ministros en pleno verano, con la
contestación social en fase de letargo por el periodo estival, y por otro,
evitaría que la tramitación de una ley tan polémica como esta se colara en la
campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.
