RESPUESTA AL PSOE
EN EL CONGRESO
El Gobierno
niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo
contratará vigilantes de apoyo
NSTITUCIONES PENITENCIARIAS
El pasado mes de
mayo autorizó destinar 33 millones de euros para emplear a agentes de seguridad
privada
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar
actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a
hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas
"auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el
perímetro de los centros penitenciarios.
Así lo recalca el Ministerio del Interior en la
respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se
interesó por cuando iba el Gobierno "extender a todos los
centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia
perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a
contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de
seguridad pública piensa privatizar".
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa
Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de
ninguna actividad de seguridad pública.
Además, recuerda a Corcuera que la
nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los
eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así
como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".
Respecto a la contratación de vigilantes privados para
la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de
33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán
"tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de
garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".
800 CONTRATOS
En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a
la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados
para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los
67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste
del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202
puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que
supone más de 800 personas empleadas.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto
consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los
centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles.
Tras ese proyecto, el
Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes"
que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta
Pública de Empleo.
También se busca, según explica el Gobierno, optimizar
los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al
establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y
cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios
disponibles".
CONTRATO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD
Asimismo, el plan de Interior es "destinar el
mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de
presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el
traslado de internos".
Por todo ello, se ha preparado un expediente de
contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de
seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la
supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de
cada centro.
El contrato conlleva la adopción de especiales
cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con
los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y
entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante
procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias
excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado.
