OPERACIÓN ZETA
La trama de las subvenciones ya salpica a 67 personas y asociaciones
La jueza las cita como
imputadas en la causa de los cursos de formación
Fuente:
lavozdegalicia.es- Alberto Mahía A Coruña / 28 de octubre de 2014
A día
de hoy, ya son 67 los imputados por la trama de las subvenciones. Y todos ellos
han pasado por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Siete
custodiados por la Policía, pues fueron puestos a disposición judicial tras ser
detenidos, y el resto solo acompañados de un abogado. Unos quisieron declarar y
otros no. Unos dejaron en mal lugar a los principales cabecillas de la trama y
otros no. Unos no se acordaban de casi nada y otros de todo o de casi todo.
De la
trama de los cursos de formación solo se sabe lo que la policía y la jueza
pudieron deducir de los pinchazos y registros, porque poco o nada se pudo sacar
a los principales imputados en sus comparecencias ante el juez, pues se negaron
a declarar. Son el empresario coruñés y supuesto cabecilla de la trama, Gerardo
Crespo; tres de sus trabajadoras de confianza, Margarita O.N, Mercedes G.R. y
Susana L.O; el presidente de la Confederación de Autónomos (Caype), Eliseo
Calviño; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco
Javier Pérez Bello, y el director de la feria de autónomos, José Luis Fraga. A
todos ellos se les imputa delitos de fraude de subvenciones y estafa,
malversación de caudales públicos y delitos instrumentales conexos, como
falsificación o blanqueo.
Según
el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional, esos siete imputados
idearon o ejecutaron un plan para nutrir sus empresas o sus bolsillos de dinero
público procedente de subvenciones para cursos de formación, fomento de empleo
o ayuda a discapacitados. Una vez que recibían el dinero, se lo repartían. A
veces ni siquiera realizaban el curso y otras lo realizaban mal, añade la
policía, que coloca a Crespo, Calviño y Pérez Bello en lo alto de la trama y el
resto como meros «brazos ejecutores».
La
lista de los otros 60 imputados la forman cargos de la administración,
presidentes de entidades profesionales -autoescuelas, clínicas privadas,
funerarias, hosteleros...-, vecinales o empresariales. Así, del sumario
destacan los nombres, aparte de los principales imputados, de responsables de
asociaciones, como María de los Ángeles de la Iglesia Daviña, que es la
presidenta la Federación Provincial de Asociaciones Comarcales de Empresarias,
Profesionales y Emprendedoras de A Coruña (FEDACEPE); Juan Manuel Becerra
Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios; José
Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas;
Lisardo Domínguez Rodríguez, secretario general de Unión de Profesionais e
Traballadores Autónomos de Galicia (Upta); y José Luis Rodríguez Dacal,
presidente de la Federación de Farmacias de Galicia; Héctor Cañete del Campo,
presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y de la Confederación de
Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga). Todos ellos están imputados por
los mismos delitos, por fraude de subvenciones y malversación de caudales
públicos.
También aparecen sindicalistas en la lista
de los que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos que
los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación de USO y
Antonio Duarte, secretario general del sindicato.
Junto a
ellos, aparecen los nombres de funcionarios o altos cargos de la
administración, como Luis Álvarez Freijido, ex delegado de Benestar y ex alto
cargo de la Diputación coruñesa; Odilio Martiñá Rodríguez, ex director xeral de
Relacións Laboráis de la Xunta; Joaquín Vila Sampayo, ex jefe de servicio de la
Consellería de Traballo; y María Isabel Caramés González, jefa de servicio de
Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo; y Esther Álvarez Fernández,
directora técnica del instituto de Consumo.
USO
disuelve su ejecutiva en Galicia tras el presunto fraude en los cursos.
El sindicato se hará cargo de
su sede en la comunidad autónoma tras la supuesta implicación de tres de sus
miembros en la trama
Fuente:
farodevigo.es - Tania Suárez | A Coruña 29.10.2014
La
Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) decidió
ayer disolver su gestora en Galicia debido a la presunta implicación de tres de
sus miembros en la Operación Zeta. Los dirigentes anunciaron que se hacen cargo
de su sede en Galicia, situada en la avenida del Ejército de A Coruña, debido
"a las informaciones" que relacionan a líderes de USO con la trama
delictiva que defraudaba subvenciones destinadas a cursos de formación para
desempleados.
La
documentación de la caja B de las empresas de Crespo de la que se incautó la
policía refleja abonos por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia.
Para los instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario
hacía a las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El
sumario también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de
alquiler que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo
gestiones de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la
Policía Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La jueza
que instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.
La
dirección de la organización que defiende los intereses de los trabajadores
ordenó la apertura de una auditoría contable interna y la fiscalización
"de las acciones formativas solicitadas y ejecutadas". El sindicato,
además, decidió suspender "cautelarmente" de militancia al
responsable de Formación de USO Galicia, en aras a la "presunción de
inocencia". La Comisión Ejecutiva Confederal de la entidad destaca en un
escrito enviado a los medios de comunicación que siempre ha exigido
"honestidad en la gestión de fondos públicos".
Los
investigadores, además de los pagos al sindicato que figuran en la contabilidad
B de Crespo, incluyen en el sumario la transcripción de un mensaje que le envía
el empresario al alcalde, Carlos Negreira, en el que le solicita que mantenga
una reunión con el dirigente de USO Galicia. El sindicalista, según el
imputado, le pidió que mediase en el encuentro con el regidor. La Policía
Judicial considera que las intervenciones telefónicas, así como la
documentación que consta en la causa judicial, evidencian la relación que
mantenía el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, Gerardo
Crespo, con los miembros del sindicato en Galicia.
Tanto
el coordinador de USO Galicia, Antonio Duarte, como el encargado de Formación
del sindicato, Alfonso Ares; y el responsable de Organización del colectivo,
Miguel Ángel Méndez, negaron ante la Policía Judicial haber recibido pagos de
Crespo a cambio de que contratasen a sus empresas para realizar los cursos de
formación para los que recibían ayudas públicas. El coordinador del sindicato,
no obstante, acusó a Crespo de ofrecerle dinero si le encargaba a alguna de sus
compañías la ejecución de los planes de empleo subvencionados.
