Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de
vigilancia privada de las cárceles
Fuente: cuartopoder.es - LUIS DÍEZ | 2/3/2015
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la
confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la
información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de
seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma
“confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de
Podemos Juan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar
estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al
Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización
de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de
las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los
trabajadores.
Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trevín, y de
Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensión de
obtener las cláusulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de
seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del perímetro y las entradas
de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil.
Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas “cláusulas
administrativas particulares” en las que se recogen “los derechos y
obligaciones de las partes”. No argumenta motivos de seguridad, sino “razones
técnicas”, para fundamentar esa decisión en la que ahora se apoya para negar la
información al Parlamento. También considera confidencial el pliego de
condiciones técnicas que deben regir la realización de los servicios y los
medios empleados en su ejecución.
De este modo, el ministro Fernández Díaz escamotea la petición de
responsabilidades políticas ante los incumplimientos de las empresas. ¿Tenía la
empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las
prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo
Cortina López, hijo del exdirector de la Agrupación Operativa de los
servicios secretos, juzgado y absuelto de su participación en el golpe de
Estado del 23-F, es una de las más favorecidas por las adjudicaciones de
Interior desde la primera fase del plan de privatización de la
vigilancia de las cárceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33
millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias.
De los cuatro lotes en los que se dividió el plan, la empresa de los
Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que
concurrió en unión temporal con Eulén y otras, por valor de 9.853.429,59 euros.
Interior no aclara qué centros penitenciarios le adjudicó ni si la empresa ha
cumplido sus compromisos. Los diputados sólo han podido saber a través de los
representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y
echaron a 151 trabajadores a la calle.
Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el
ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la
“seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el
empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos
públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más
solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos vínculos de José
Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel
Fraga. En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30
millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección.
En el caso de esa empresa, que también presta el servicio de protección y
vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha
quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas
para “salvar” el empleo, también han ajustado sus plantillas, aunque de forma
menos traumática. No era sensibilidad social precisamente, sino afán de
beneficio a costa de lo público lo que, como va quedando de relieve, latía tras
el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan
responsabilidades políticas, he ahí su portazo a la transparencia.
