Trabajadores
de Prosegur en América Latina denuncian violaciones de derechos humanos y
laborales
Jornadas de más de 12 horas,
agresiones físicas y verbales o la falta de medidas de seguridad, entre las
irregularidades de la empresa española
Fuente:
publico.es - DAVID BOLLERO – 13 Marzo 2015
La
empresa española de seguridad privada Prosegur facturó el año pasado casi 3.800
millones de euros, de los cuales casi un 60% procedió de Latinoamérica. Se
trata de unos resultados que podrían presentarse como un éxito de expansión
internacional –lo que desde el Gobierno se ha publicitado como “Marca España”-
y que, sin embargo, se ve enturbiado por reiteradas acusaciones de violaciones
de derechos humanos y laborales, especialmente en Brasil, Paraguay, Colombia y
Perú.
Desde
la federación sindical UNI Global Union llevan años denunciando la situación,
no sólo ante las autoridades locales sino, incluso, ante organismos
internacionales como el Comité de los Derechos Humanos de la ONU o la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Precisamente, ésta última
suspendía en Prosegur a finales de 2014 la implantación de su Programa SCORE
(un programa mundial de formación y asistencia técnica para apoyar el
desarrollo de las empresas) por entender que “no se presentaban las condiciones
idóneas para continuar trabajando en una metodología basada en la cooperación y
en el diálogo”.
Colombia
es, de hecho, el país que probablemente acumula mayor número de incumplimientos
e irregularidades por parte de Prosegur; curiosamente, la filial que ha estado
bajo las riendas de un español, Yago Palao. Héctor Fabio Bermeo es uno de los
trabajadores de la empresa de seguridad privada cuyas agresiones sufridas han
ido más allá de lo verbal. “El pasado mes de noviembre, tras reclamar a mi
superior la entrega de chalecos antibalas, éste se dirigió a la sala en la que
me encontraba, cerró la puerta y me golpeó la cara”, cuenta Bermeo.
Inmediatamente
y rechazando la oferta del gerente de la compañía de resolver el asunto allí
mismo, el empleado denunció los hechos ante la Fiscalía Nacional y obtuvo un
parte de lesiones por el que le concedían ocho días de baja. El resultado de
aquella denuncia –aún en un proceso que podría demorarse hasta cinco o seis
años- fue una suspensión de sueldo de tres días, tras ser Prosegur la que acusó
a Bermeo de agredir a su jefe de seguridad.
Este
desencuentro no fue un hecho aislado; Bermeo cuenta cómo anteriormente “sufrí
agresiones verbales de todo tipo, acusándome incluso de ser un militar desertor
y sacándome fotografías en mi lugar de trabajo sin justificación alguna”.
Héctor
Fabio Bermeo, empleado de Prosegur, fue agredido por su superior. / David
Bollero
Jornadas
maratonianas sin seguridad
Bermeo
explica que “nuestro Convenio Colectivo estipula que la jornada laboral es de
nueve horas diarias de lunes a viernes”. Sin embargo, lo más habitual, según
explica, es que Prosegur obligue a sus empleados a alargar la jornada más de
doce horas diarias o pena de sanción si se niegan. “Estamos hablando de estar
metidos 12 horas en furgones blindados en los que en muchos casos no hay más
aire acondicionado que un pequeño ventilador”, cuenta Bermeo, “en una ciudad en
la que se superan con frecuencia los 40ºC”.
En este
sentido, Fidel Hugo Alonso, presidente del sindicato Sintravalores en Colombia,
relata lo sucedido a un trabajador en Medellín, “que después de ser obligado a
trabajar jornadas de cinco de la madrugada a once de la noche sin descanso
semanal, terminó por matarse al quedarse dormido en su moto y chocar contra un
poste de teléfono”.
El
exceso de horas en la jornada laboral es, junto a la falta de medidas de
seguridad, la principal demanda del sindicato Sintravalores. Y es que estos
furgones blindados, tal y como explica Bermeo, “están obsoletos, muchos de
ellos con 30 y 40 años de antigüedad y, por tanto, con un blindaje poco
efectivo”. Algo especialmente peligroso en un país como Colombia, en el que
según Alonso, “los delincuentes tienen incluso mejores armas que la propia
Policía, pudiendo perforar el blindaje”. Además, algunas de las armas que
portan los empleados de Prosegur, “tienen más de 30 años y están defectuosas”,
asegura el presidente.
Benjamin
Parton, coordinador de Campañas y Sindicación de UNI Global Union, es claro al
afirmar que “lo que pretendemos desde la federación es mejorar los estándares
laborales en el sector de la seguridad, como de hecho ya hemos conseguido con
G4S y Securitas firmando marcos globales, pero Prosegur se niega”. Unos
estándares que no tolerarían una de las últimas prácticas de Prosegur que
denuncia Bermeo: “la compañía está ahora transportando grandes sumas de dinero,
hasta 9.000 millones de pesos (casi 3,2 millones de euros), en aerolíneas
comerciales como Avianca o Aires [ahora LAN]. Nos obligan a llevarlo al
aeropuerto y meterlo en las bodegas de los aviones, echando allí toda la
documentación sin que haya ninguna persona responsable de ello. Yo me negué a
hacerlo porque viola todos los protocolos de seguridad y fui sancionado”.
Objetivo:
acabar con el sindicato
El
relato de los empleados de Prosegur dibuja una realidad en la que la empresa de
seguridad buscaría acabar con el sindicato, habiendo llegado incluso a emitir
comunicados en los que equiparaba el sindicato con la huelga y a ésta con el
desempleo, enfrentándolo a la secuencia Prosegur = Crecimiento = Empleo. En
este sentido, Parton califica el trato al que son sometidos los afiliados al
sindicato de “degradante e intimidatorio”.
“Hay
acciones de las que no tenemos pruebas de que Prosegur esté detrás, pero la
sucesión de coincidencias es sorprendente”, explica el coordinador. Un ejemplo
de ello es la persecución de un representante sindical por dos sujetos subidos
en moto, ocultando su rostro con cascos de visera oscura –práctica
habitualmente empleada por los sicarios en Colombia-, al tiempo que sus hijos
también son acosados y fotografiados mientras practican deporte.
Otro
hecho insólito ocurrido es, según cuenta Alonso, la irrupción de supuestos
agentes de la Fiscalía en varios domicilios de trabajadores sindicados
interrogando sobre sus bienes materiales. “Consultada la Fiscalía al respecto”,
indica el presidente del sindicato, “nos aseguraron que no se había ordenado
ninguna actuación de este tipo”.
Asimismo,
otras acciones represoras llevadas a cabo por Prosegur serían la imposición de
sanciones –suspensiones de varios días de salario-, la discriminación salarial
para desincentivar la afiliación o el despido improcedente a los trabajadores
más reivindicativos, como es el caso de Teresita Rivera García, cuyo reintegro
ya ha sido ratificado por dos veces en los Tribunales e, incluso, se ha emitido
orden de arresto contra el representante de Prosegur por ignorar la sentencia.
“El pasado martes, la Policía Nacional de
Colombia fue a Prosegur en Bogotá con el fin de capturar a Alejandro Agudelo,
el responsable legal de Prosegur en Colombia, por no cumplir con la orden
judicial de readmitir a Teresita Rivera”, cuenta Parton para añadir que “de
acuerdo con la Policía, Alejandro Agudelo no estaba en las oficinas de Prosegur
según los testimonios que recibimos, la empresa ha puesto varios escoltas en
frente del edificio”. Finalmente Rivera ha sido readmitida, pero al cierre de
este reportaje Agudelo seguía desaparecido.
España
mira para otro lado
Ante lo
que parece una sistemática violación de derechos laborales, UNI Global Union ha
presentado infructuosamente varias quejas al Gobierno español. A finales de
2013, la federación sindical denunciaba ante el Ejecutivo los atropellos
laborales de que estaban siendo objeto los trabajadores en Brasil. Según relata
Parton, el Gobierno español se limitó a intentar mediar entre UNI Global Union
y Prosegur, pero la compañía de seguridad privada rechazó sentarse en la mesa
de arbitraje, sin que desde el Ejecutivo se emprendiera ninguna otra acción.
Más
recientemente y tras la agresión contra un sindicalista en Perú en agosto de
2014, UNI Global Union solicitó al Punto Nacional de Contacto español de la
OCDE en Madrid una intervención urgente, sin que hasta ahora se haya avanzado
en el asunto. Público.es trató de conocer la postura del Ejecutivo, pero éste
ha preferido guardar silencio.
Por su
parte, a finales del año pasado y con el detonante de la agresión contra
Bermeo, Prosegur envió a Colombia a su director de Relaciones Laborales, Juan
Luis Martín Carrero. El presidente de Sintravalores asegura que “Martín Carrero
se comprometió a crear una comisión negociadora para resolver los problemas,
pero se fue y no se ha vuelto a saber nada más de él”.
Más crudo
es el testimonio de Parton, que cuenta cómo el director de Relaciones Laborales
“puso delante de los agresores a las víctimas para que éstas contaran su
versión de los hechos, algo que no se produjo por el clima de miedo e
intimidación que reina en la empresa, lo que todavía dio aún más luz verde a
las agresiones”. Consultados los responsables de Prosegur en España, éstos han
rechazado hacer cualquier tipo de declaración sobre ninguno de los hechos
citados en este reportaje.
