Incendio ocurrido en 2007
La
fiscal culpa de la muerte de La Montañeta a un alto cargo y a la empresa de
seguridad
En sus conclusiones
definitivas, la fiscal Beatriz Sánchez ha solicitado que se condene a dos años
de prisión a los acusados: el entonces jefe de Ejecución de Medidas Judiciales
del Gobierno canario y un delegado de Securitas
Fuente:
laprovincia.es - Efe 17.06.2015
La
Fiscalía ha considerado este miércoles responsables de homicidio imprudente por
la muerte de un interno de La Montañeta en un incendio ocurrido en 2007 al
entonces jefe de Ejecución de Medidas Judiciales del Gobierno canario y a un
delegado de Securitas, encargada de la seguridad del centro.
En sus
conclusiones definitivas, la fiscal Beatriz Sánchez ha solicitado al Juzgado de
lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que condene a dos años de
prisión a ambos acusados, el funcionario Juan Carreiro Estévez y al
representante de Securitas José Tomas González Sosa, pues entiende que no
tomaron las medidas para evitar la muerte del interno Jordi Brito Abengoza,
quien falleció por asfixia, según la forense.
Sánchez
ha considerado probado que a ambos acusados se les había avisado de que podría
haber una desgracia en el centro pero su "pasividad, inactividad e
imprudencia" dio lugar al fallecimiento del interno el 24 de abril de
2007, cuando no saltaron las alarmas de fuego y humo a pesar de que Brito había
prendido un fuego en su habitación.
Las
deficiencias del sistema de seguridad que existían en el módulo 4 del centro,
donde se encontraba el cuarto en el que estaba internado desde cuatro días
antes el fallecido, fueron denunciadas "una y otra vez", por el
director y el subdirector del centro de La Montañeta, Miguel Ángel Arroyo y
Basilio Aguilera, pero "no se hizo nada", ha afirmado la fiscal.
El
Ministerio Público ha subrayado que "da igual" si el joven
"tenía intención de escaparse, dar la nota o suicidarse", pues si
hubieran funcionado la alarmas no podría atribuirse la responsabilidad a ambos
acusados, quienes "merecen ser condenados".
Además,
ha apuntado que el intento de suicidio que se pretende alegar por la defensa de
Carreiro no es válido porque "nadie lo ha dicho en el juicio, y ha
abundado en que la responsabilidad de que no funcionaran los sistemas de
seguridad "no es del menor".
El
acusado Tomás González Sosa ha señalado en su derecho a la última palabra que
siente "mucho" el fallecimiento del interno y ha manifestado ser
inocente de los hechos que le imputan.
Las
defensas de González Sosa como de Carreiro han reclamado la absolución de ambos
acusados y han solicitado como atenuantes las dilaciones indebidas y el hecho
de que han hecho frente a la responsabilidad civil reclamada, al haber abonado
60.000 euros a los familiares del fallecido, unas atenuantes que han sido
compartidas por la fiscal, a la que han responsabilizado del retraso de la
causa.
Sánchez,
sin embargo, ha señalado que si la Dirección General del Menor y Securitas no
hubieran mantenido una "actitud obstruccionista" el caso se hubiera
resuelto en 2 o 3 años, pues desde un primer momento han señalado a
responsables "todos" los relacionados con el centro "salvo a los
acusados".
La
defensa de González Sosa ha negado que Securitas actuara con pasividad; ha
sostenido que una tercera empresa era la encargada de la seguridad del módulo
cuatro; ha apuntado que el joven "evitó ser salvado y complicó" su
auxilio, al colocar el colchón al que prendió fuego en la puerta del cuarto; y
ha subrayado que no existen pruebas que lo inculpen.
Los dos
defensores han considerado que, en todo caso, se trataría de una falta de
homicidio por imprudencia leve y han pedido que si prospera la petición de la
fiscal se apliquen las atenuantes reclamadas.
El
abogado de Carreiro ha solicitado su absolución porque entiende que no se ha
demostrado en el juicio su responsabilidad sobre los hechos que se le imputan,
cuando además el fallecido tenía 18 años y entre sus competencias tampoco
figuraba la guarda y custodia de menores, entre otras cuestiones alegadas en su
defensa.
Según
el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno canario, la Fundación Ideo,
mediante un convenio, había asumido la gestión del centro para internos menores
con medidas judiciales y le atribuye por ello la responsabilidad de lo sucedido
en La Montañeta, pues Carreiro actuó "diligentemente" y su conducta
no fue "omisiva".
