Fuente: ABC.es-P. García. Sevilla.
«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida
del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este
caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa
Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al
Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se
han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y
24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad
en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión
temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2
Complementos Auxiliares S.A.
Securitas denuncia que durante el
proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los
pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se
aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en
determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que
resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron
atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó
a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo
anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para
que puedan personarse.
Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS
adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días
siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las
actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte
una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su
juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad
con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas
de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la
comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito
al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy
inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un
argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de
criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar
innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban
con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación
ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.
El órgano de contratación niega trato
discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de
comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al
respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque
la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única
finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad,
el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de
transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese
criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del
resto de licitadores muy por debajo.
La segunda alegación, también rechazada,
incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al
número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se
otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el
resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue
valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con
ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente
el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no
una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno.
Desestimado el recurso el pasado 21 de
abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha
de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día
Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del
TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.
La UTE adjudicataria la conforman
Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte
de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su
fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad
de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace
en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.
