Prosegur,
en el punto de mira de Hacienda y de Competencia
La presidenta del grupo
compra el edificio que la compañía emplea como sede y recibirá un alquiler
anual de 0,7 millones durante la próxima década.
Fuente:
vozpopuli.com/ 1 de Marzo de 2016
Prosegur
afronta en España en el presente ejercicio reclamaciones fiscales por 20
millones de euros y una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de
Competencia por presunta práctica irregular.
La
compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de
la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura
que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron
actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los
conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No
Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones
parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
La
empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas
retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y
en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por
retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur
sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las
retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra
cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad
estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en
las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Prosegur
también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos
fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de
mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de
impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios.
En el
último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado
de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre
Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios
del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por
“posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la
fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por
su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el
mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.
En
abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas
de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de
seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un
periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen
indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y
actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible
y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de
documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y
distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la
confidencialidad de esos datos.
La
presidenta, casera de Prosegur
De
acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la
presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo
emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros.
La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su
sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309
millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una
participación valorada en 1.421 millones de euros.
Según
las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo
“un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de
Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el
gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por
diez años de alquiler).
