Renovada
la seguridad privada en las cárceles por 34,6 millones
La adjudicación, un 3,6% más
cara que la anterior, se retrasó por la falta de gobierno
Fuente:
abc.es - L. L. CARO Madrid-11/12/2016
El
Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la
seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de
34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales
se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900
vigilantes, que en todo momento estarán a las órdenes y ejerciendo como
refuerzo de los policías nacionales y guardias civiles destinados en las
prisiones. La apertura de este procedimiento se autorizó por el Consejo de
Ministros en pleno de mes de agosto pasado, aunque su resolución no ha podido
ser desbloqueada hasta finales de noviembre, una vez constituido el nuevo
gobierno.
Con la
renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia
que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se
amplió al resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de
funcionarios, que advirtieron del inicio de una «privatización» en toda regla,
ya que el plan original prevé una tercera y definitiva fase que, en principio,
supondría la sustitución de empleados públicos por guardias privados.
En
defensa de este modelo, el Ministerio entonces dirigido por Jorge Fernández
Díaz, argumentó sin embargo que se trata de un «refuerzo», que además ofrece un
modo de recolocación a los escoltas que habían presentado servicio en País
Vasco y Navarra durante la amenaza terrorista, lo que a su vez permitiría
trasladar a los miembros de la Policía y Benemérita a labores de seguridad
ciudadana. La aprobación el 4 de abril de 2014 de la Ley de Seguridad Privada
proporcionó el soporte legal necesario para llevar a cabo esta nueva práctica.
De
acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a los vigilantes
corresponderá, además del mencionado control perimetral de las prisiones, el de
los acceso -que desarrollarán «con armas de fuego»-, la observación de los
circuitos cerrados de televisión y de las alarmas, incluida la correspondiente
comunicación a los responsables policiales. Habida cuenta de las particulares
características de la prestación, el concurso se ha ejecutado por un sistema
«negociado sin publicidad» -esto es, por invitación, a once firmas en este
caso-, y la que ha resultado ganadora de tres de los cuatro lotes en que se
dividieron los centros penitenciarios españoles ha sido Ombuds, compañía que ya
se ha ocupado de la seguridad auxiliar en ministerios como los de Defensa o el
de Interior, departamento este último al que también ha suministrado escoltas
para altos cargos. Solo un conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad
Valenciana, Murcia y Navarra- ha sido adjudicado a la unión temporal de
empresas (UTE) constituida por Coviar, Sabico y Prosetecnisa.
La
cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el Estado
pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en
función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar entre 13,03 y 30
euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión se desempeñe el
puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas
al día o si se realiza en fines de semana.
Habida
cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más
de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que
no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los
sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.
