El convenio de los vigilantes
‘low cost’ que contrata la Administración es ilegal
Fuente:
economia.elpais.com/ ELENA G. SEVILLANO/ 19 JUL
La
Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de
Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad
privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional
y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la
Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.
La
sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades"
del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y
legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y
posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los
convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado
con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios
con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra
barata.
Sinergias
se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en
las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente
los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del
Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este
ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del
Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y
locales.
El
contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que
Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad
low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de
Contratación del Estado.
El
sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el
polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel
Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales
de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como
accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña
patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una
de las cuales es accionista el empresario.
El
Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra
Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en
la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad
Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía
habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social porque estaba
aplicando un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las que
debía.
El
convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de
nocturnidad y de días festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que
solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses
como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rondaba los 900 euros.
Este diario intentó, sin éxito, contactar con algún responsable de Sinergias.
"Probablemente
Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo
Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder
pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio
Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a
la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las
próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas
empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino
con el cliente".
