LOS 400 TRABAJADORES NO COBRAN DESDE AGOSTO
Metro de
Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes
- Los abogados del suburbano se están planteando sancionar o rescindir el contrato con esta empresa pirata.
- Sus vigilantes no han cobrado el mes de septiembre y sufren constantes retrasos en los pagos
Fuente:
elconfidencial.com - MARINA VALERO - DANIELE GRASSO - 18.10.2017
Un
cuarto de los vigilantes de Metro de Madrid no está cobrando sus nóminas. Se
trata de 400 personas subcontratadas a través de Seguridad Integral Canaria,
una empresa 'pirata' conocida por pagar tarde, mal y nunca a sus empleados. La
compañía ya anunció que venderá o cederá todos sus servicios de vigilancia a un
tercero para centrarse en otras líneas más rentables, como los sistemas de
alarmas o el transporte de fondos. Con dos excepciones: Adif y el suburbano en
la capital, donde pretende continuar con su actividad.
Otra
cosa es que sus clientes se lo permitan. El equipo jurídico de Metro de Madrid
está explorando la posibilidad de sancionar o rescindir el contrato con
Seguridad Integral Canaria ante el impago de las nóminas desde agosto y los
continuos retrasos, confirman fuentes del suburbano a este periódico. Los 400
empleados afectados representan un 26% de los 1.500 vigilantes de seguridad que
operan en las instalaciones del metro a través de diferentes empresas como
Ombuds, Segurisa o Garda. Este periódico se ha puesto en contacto con el
gigante canario, pero no ha recibido respuesta.
Metro
de Madrid recuerda que acaba de sacar un nuevo concurso donde una de las
cláusulas exige cumplir el convenio estatal de seguridad privada, una de las
grandes reivindicaciones de los sindicatos. Dicho texto garantiza unas
condiciones dignas o, como mínimo, alejadas de los 700 euros que están pagando
muchas empresas 'pirata' en este sector. Un ejemplo es Marsegur en el
Ministerio de Defensa, aunque el departamento capitaneado por María Dolores de
Cospedal se ha comprometido a romper el contrato. Esto es posible gracias a los
convenios de empresa, amparados por la reforma laboral de 2012.
"Este
tipo de situaciones no tendrá cabida con la nueva licitación", garantizan
desde el suburbano. No obstante, los sindicatos critican con dureza el importe
por considerarlo demasiado bajo. El valor estimado del contrato a cuatro años
asciende a 232 millones de euros, una cantidad "insuficiente para cubrir
unos mínimos estándares de calidad", sostiene el responsable de Seguridad
Privada de UGT, Diego Giráldez. Prueba de ello es que solo se han presentado
tres empresas hasta el momento.
En este
sentido, los representantes de los trabajadores exigen que los convenios de
empresa dejen de prevalecer en la nueva Ley de Contratos, que se votará este
jueves en el Congreso. Y mantienen las movilizaciones convocadas para el
próximo 24 de octubre tanto para pedir un cambio en el modelo de contratación
como para protestar por la proliferación de empresas "que intentan
acaparar mercado mermando las condiciones laborales". Todo esto en medio
de los tira y afloja con la patronal para cerrar un nuevo convenio estatal.
Casi 24
M en contratos públicos, en el limbo
El cese
de Seguridad Integral Canaria en vigilancia dibuja un futuro incierto para sus
3.700 empleados, que operan en sitios públicos como ministerios, sedes de
gobiernos autonómicos, consejerías, metros o estaciones de tren. De hecho, el
70% del negocio procede de las administraciones públicas. ¿Qué pasará con estos
servicios ahora que la empresa tiene intención de deshacerse de ellos?
Podrá
hacerlo sin problemas en el caso de los servicios privados, pero deberá cumplir
una serie de requisitos en los públicos. Integral Canaria ha obtenido
adjudicaciones por importe de 23,7 millones de euros en los últimos tres años
solo en ministerios. Su mayor cliente es Defensa (16,6 millones), seguido de
Empleo (2,8 millones), Fomento (2,3 millones), Hacienda (1,3 millones),
Interior (243.000 euros) y Presidencia (206.000 euros), según los contratos
públicos analizados por este periódico. Eso sin contar con su presencia masiva
en Canarias, donde vigila el 80% de las instituciones públicas.
Los
ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda nos remiten a la Ley de Contratos del
Sector Público, que sí contempla la cesión de contratos en su artículo 226
siempre que la Administración pública lo autorice y la empresa tenga ejecutado
al menos un 20% del importe inicial. "En este caso, se estudiaría y
articularía la mejor solución posible para dar continuidad al servicio" de
acuerdo con lo establecido en el marco legal, explican fuentes del departamento
dirigido por Cristóbal Montoro.
Pero el
organismo público en cuestión puede frenar el proceso si considera que la nueva
compañía no cumple con los requisitos solicitados a la adjudicataria o supone
una "restricción efectiva de la competencia en el mercado". En
cualquier caso, no está claro qué pasará con esos 23,7 millones de
adjudicaciones públicas ahora que se ha abierto el melón de la seguridad
privada en España. A raíz del conflicto de El Prat, el Gobierno emplazó a los
sindicatos a reunirse para abordar la situación global de los vigilantes en
España. Ya han tenido dos encuentros y volverán a verse la semana que viene.
Los
sindicatos sospechan que Marsegur, la empresa que paga sueldos cercanos al
salario mínimo a sus vigilantes, aspira a tomar el relevo de Seguridad Integral
Canaria. La otra candidata es Sinergias de Seguridad, con un 'modus operandi'
similar. "¿Piensa tirar a la baja en la venta y dejarnos expuestos a
sueldos de 700 euros al mes?", plantearon los representantes de los
trabajadores en el último encuentro privado con el director general, Héctor de
Armas. "No tengo ni idea, pero sí os garantizo que ya no será un problema
de Integral Canaria", replicó.
