- Se trata de un negocio de 500 millones de euros.
- Aproser, la patronal controlada por Prosegur, Hacienda, Empleo y las fuerzas sindicales han iniciado las reuniones para evitar más conflictos como los de El Prat (Eulen) y Defensa (Marsegur).
Fuente:
vozpopuli.com - MARIO MORATALLA - 05.10.2017
Las
huelgas de vigilantes de seguridad por impagos de sueldos que han provocado el
colapso en el aeropuerto de El Prat este verano (vigilantes de Eulen) o en el
Ministerio de Defensa la semana pasada (Marsegur) podrían tener los días
contados. Al menos, este es el objetivo de las reuniones que tras el colapso en
las instalaciones de AENA han realizado representantes del Ministerio de
Hacienda, de Empleo, de la patronal controlada por Prosegur y Securitas
(Aproser) y de los sindicatos.
Según
ha podido saber este diario de fuentes de empresariales, el objetivo es acabar
con los "entre 400 y 500 millones de euros" de concursos públicos que
se han llevado en los últimos años compañías que las grandes (también otras
como Ombuds, que aún no está en Aproser pese a ser la tercera compañía del
sector) califican como "piratas" y que están lideradas por Marsegur,
Sinergias de Seguridad, Sureste y otras compañías que optan por hacer
descuelgues de convenio. Esto es, ofrecer en los concursos públicos bajas de
hasta un 30% al presupuesto de licitación, para posteriormente salirse del
convenio general del sector y bajar sueldos a sus trabajadores para poder
afrontar.
La
administración hasta ahora ha colaborado en estas prácticas, primero
permitiendo los descuelgues en la reforma laboral de 2012, y luego teniendo
como valoración objetiva para sus adjudicaciones sólo el precio. Así ha pasado
durante los últimos años con muchas compañías que han acabado dando problemas y
cuyos convenios de empresa han sido recurridos y anulados.
En
realidad, desde las empresas y los sindicatos se tiene claro que en caso de que
esta práctica se elimine en la administración, la razón de ser de las empresas
de bajo coste dejarán de existir.
En los
pliegos públicos de condiciones para licitaciones de servicios de seguridad
privada, la oferta económica podría llegara importar hasta un 70% en el total y
los criterios técnicos un 30%. Con estas condiciones era posible adjudicar a
ofertas temerarias que luego incumplían sus compromisos, o bien bajaban los
sueldos a los trabajadores provocando movilidad laboral, imposibilidad de
atender a las bajas y sustituciones y afectando al servicio. Los sindicatos
manejan ahora propuestas para la administración que hablarían de ofertas de
50-50% o incluso inferiores.
El
propio Ejecutivo, una vez pasados los peores años de crisis económica y de
caída de ingresos, está convencido de que la inercia debe cambiar y también de
que el modelo de licitaciones a la baja les ha dejado con una enorme deuda de
empresas de seguridad privada tanto para Hacienda como para la Seguridad
Social. En la última lista de morosos publicada por el ministerio de Cristóbal
Montoro, las empresas de seguridad privada debían más de 130 millones de euros
al fisco.
