LOS TRABAJADORES
EXIGEN QUE SE HAGA “JUSTICIA”
Cospedal desoye al Parlamento y al Supremo al prorrogar los contratos con
la empresa Marsegur
- El pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Defensa prorrogó a esta empresa los contratos para los servicios de vigilancia y seguridad del Ejército del Aire.
Fuente: nuevatribuna.es - 15 de Enero de 2018
El Ministerio de Defensa ha
vuelto a prorrogar, hasta abril de 2018, los contratos para la seguridad de sus
instalaciones a la empresa ‘low cost’ Marsegur, ahora denominada Novo Segur. Lo
hizo el pasado 22 de diciembre renovando los servicios para el Ejército de
Tierra y tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia
de la Audiencia Nacional en la que declara nulo el convenio aplicado
por esta empresa a sus trabajadores.
Dos meses antes, en
septiembre, y a iniciativa de Unidos Podemos, el Congreso de los Diputados
aprobó una proposición no de ley (con el voto en contra del PP) instando al
Ministerio a rescindir los contratos con dicha empresa. El gabinete de Cospedal
se comprometió a aplicar este mandato parlamentario, pero precisó que la
rescisión del contrato tardaría meses porque no es un procedimiento inmediato.
El caso es que mientras el
Ministerio cumple con su palabra, los trabajadores contratados por esta empresa
siguen sufriendo la vulneración de derechos laborales. A día 12 de enero,
cientos de vigilantes de seguridad no habían cobrado aún sus
nóminas. Estos retrasos que se han venido prolongando casi un
año se suman a prácticas tan esclavistas como pagar 10 céntimos de euro
la hora festiva trabajada.
Marsegur sigue aplicando a
sus vigilantes un contrato fuera de convenio que ha sido declarado nulo por el
Supremo y que por ello mismo prohíbe a la empresa (según la propia Ley de
Contratos del Estado) mantener las mismas condiciones laborales. De entrada,
supuso un recorte salarial de
entre 400/500 euros al mes, es decir, de 1087 euros de
sueldo base, pasaron a percibir poco más de 700 por el mismo trabajo que venían
realizando hasta la fecha. Esta situación ha provocado que
muchos trabajadores, sometidos a la presión y problemas derivados de
todo ello, hayan causado baja por diferentes cuadros médicos, la mayor
parte por cuestiones psicológicas, según denuncian los
trabajadores. La falta de personal ha provocado que en algunos
centros militares no se puedan cubrir algunos
de los turnos de vigilancia.
Por todo ello, los
trabajadores califican de “fraude de ley” la actuación del Ministerio de Defensa
“puesto que una empresa que por sentencia firme tiene un convenio, o se
acoge a un convenio ilegal que aplica de forma unilateral a sus
trabajadores, no puede ser contratada o prorrogada en dicho contrato
por una administración pública”, recuerdan y se preguntan “¿qué hay tras todas
estas adjudicaciones, contrataciones y prorrogas al margen de la ley?” en
alusión al empresario Miguel Ángel Ramírez,
presidente de Seguridad Integral Canaria, grupo del que se cree que Marsegur es
una de sus marcas blancas y vinculado al PP tal y como ha salido reflejado en
prensa.
