Tres
ministerios contratan una 'low cost' de seguridad tras declararse ilegal su
convenio
- Novo Segur ha obtenido adjudicaciones por 2,1 millones de euros públicos desde que el Tribunal Supremo cerrara todas las opciones de validez a su convenio
Fuente:
elconfidencial.com - 04.02.2018 – DANIELE GRASSO/MARINA VALERO
Un
centro de atención a personas con discapacidad en Cáceres, una tesorería de la
seguridad social en Cuenca y varias sedes del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Son las instalaciones de distintos organismos dependientes
los ministerios de Sanidad, Economía y Empleo que vigilará Novo Segur (antigua
Marsegur), una empresa cuyo convenio colectivo ha sido declarado ilegal de
forma definitiva por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Los
contratos de seguridad de estos centros, que suman algo más de dos millones de
euros, se han adjudicado o formalizado después que el máximo órgano legislativo
hiciera pública la sentencia.
Las
nuevas adjudicaciones no incumplen la ley de contratación actual, pero van en
contra de las cláusulas sociales de contratación, difundidas como
recomendaciones el pasado verano a la espera de que entren en vigor en marzo.
El mismo Congreso de los Diputados pidió al Gobierno, a través de la Comisión
de Defensa, que se dejara de trabajar con esta empresa.
La
última sentencia del Supremo, del 19 de diciembre, cierra todas las opciones de
legalidad que quedaban al convenio de trabajo de Novo Segur. El Tribunal ha
rechazado su recurso de casación, última apelación posible contra una sentencia
judicial. El día antes, la secretaría general de CSIC adjudicó seis contratos a
esta compañía, por un total de 1,8 millones de euros. El día mismo de la
sentencia, Novo Segur consiguió otro, el mayor, de 312.000 euros. Todos ellos
entraron en vigor tras su formalización, que se cerró entre finales de
diciembre y comienzos de enero, varias semanas después del enunciado del
Supremo.
La
Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por su parte, cerraron la adjudicación diez días después de la
decisión judicial. Los contratos suman, en total, 2,1 millones de euros, tal y
como consta en el Portal de Contratación del Estado.
Novo
Segur se ha enfrentado a las críticas de los sindicatos y a varios pleitos en
los tribunales por las condiciones precarias en las que se trabajan sus
empleados. Sus sueldos rondan los 789 euros brutos al mes y las guardias
nocturnas se premian con 10 céntimos más, una cantidad idéntica al plus por
trabajar los domingos y festivos. Las horas extra se remuneran al mismo precio
que las ordinarias. Todo estaba pactado en el Convenio Colectivo de la Empresa,
firmado en marzo de 2015. Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo
lo anuló el pasado mes de junio y ha tumbado, ahora, el último recurso de
Marsegur. Otra sentencia, esta vez de la Audiencia Nacional, añadía este mes de
enero que Marsegur ha violado el derecho de huelga de sus trabajadores durante
las protestas del pasado mes de septiembre.
Fuentes
del Ministerio de Empleo aseguran que "las direcciones provinciales
funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de
contratación" y recalcan, en relación a la sentencia, que no pueden
rescindir un contrato a menos que se condene a la firma por haber cometido un
delito. La adjudicación por parte del CSIC fue más compleja. La empresa apeló
el contrato ante el tribunal administrativo central de recursos contractuales,
que confirmó que, de acuerdo con la legislación actual, se le debía asignar la
adjudicación por haber presentado la oferta más adecuada. Por otra parte, este
periódico no ha conseguido ser atendido por un portavoz de la empresa.
No es un
caso aislado
Los
vigilantes de esta empresa habían arrancado su protesta para denunciar la
pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30%
inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal. El Ministerio de
Defensa fue el primero en acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora
Novo Segur). Lo hará una vez finalizado el actual acuerdo Macro, firmado a
comienzos del año pasado y que garantiza todavía adjudicaciones a la empresa
hasta la nueva licitación, que tendrá lugar en marzo. Gracias a ese contrato,
la empresa pudo llevarse otros 200.000 euros para garantizar la seguridad de
toda la red sanitaria militar.
También
el Ministerio de Fomento dio un paso importante en esta dirección. Tras la
huelga en el aeropuerto de El Prat, que hizo estallar el debate sobre la
seguridad privada en España, el departamento de De La Serna firmó el un acuerdo
vinculante con los sindicatos y las empresas para mejorar las condiciones del
sector.
La
vigencia legal de estos contratos es posible gracias a la reforma laboral de
2012. El texto dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre
los de ámbito superior. La nueva Ley de Contratos Públicos, que entrará en
vigor el 9 de marzo, debería evitar situaciones como esta. Sobre el papel, el
precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la
calidad del servicio y los pliegos deberán incluir cláusulas sociales. Las
empresas, además, estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector,
con salarios notablemente superiores a lo que pagan empresas como Novo Segur.
El
citado caso de la huelga de El Prat recuerda que el de Novo Segur no es un caso
aislado. El mismo ministerio de Empleo ya estuvo en el centro del huracán
después de que 'El País' desvelara su contrato con otra empresa de servicios de
seguridad 'low cost', Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Seguridad
Integral Canaria, propiedad del Miguel Ángel Ramírez, presidente del UD Las
Palmas, era conocido por ser uno de los mayores contratistas de seguridad 'low
cost', con más 200 millones en adjudicaciones públicas. La Seguridad Social le
acusa de haber defraudado 14 millones de euros y la empresa ya ha entrado en
proceso de liquidación. La sospecha de los sindicatos es que Novo Segur y
Sinergias, así como Marservi, otra empresa del sector, no dejen de estar
relacionadas con el dueño del club más importante de la comunidad canaria.
