INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
Defensa tiene edificios desprotegidos pese a
la alerta antiterrorista
- Vigilantes privados desarmados que llevan tres meses sin cobrar custodian sedes militares
- La Capitanía de Barcelona y el Gobierno Militar de Madrid, entre las instalaciones afectadas
Fuente: elperiodico.com - Madrid -
Miércoles, 14/03/2018 - Juan José Fernández
En plena alerta 4 por la amenaza yihadista,
importantes sedes del Ministerio de Defensa llevan meses sin vigilancia armada
continua en los accesos, pese a lo que manda la ley para la custodia de
establecimientos militares y edificios que alberguen armas o explosivos.
La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía
Nacional, que investiga el caso, ha detectado esta desprotección en 12 sedes,
entre las que se incluyen la Capitanía de Barcelona, la Subdelegación en San
Sebastián y el edificio del Gobierno Militar en Madrid, según fuentes cercanas
a la investigación.
A menudo no hay custodia pertrechada en las puertas,
escáneres y controles de acceso porque los vigilantes no tienen licencia de
armas o porque sus armeros no están legalizados y la Guardia Civil no permite
su uso.
Estas carencias se han registrado en complejos de
oficinas, como la Dirección de Acuartelamientos del Ejército, la Dirección de
Asistencia al Personal o la Dirección de la Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, pero también en centros de alto valor estratégico
como dos sedes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), donde se
evalúan vehículos, armamento,
explosivos, drones y misiles.
"Se llevarían hasta la Tizona del
Cid"
También hay armas, y muchas, en el Museo del
Ejército, en Toledo, pero ninguno de sus 12 vigilantes privados lo custodia con
más que sus porras porque la Guardia Civil intervino su armero el pasado
viernes 9 al no estar legalizado. Por la misma razón, los vigilantes trabajaron
desarmados en octubre, noviembre y diciembre pasados. "Si al museo va
alguien con un kalashnikov, puede poner a los vigilantes contra la pared y
llevarse hasta la Tizona del Cid", explica Jorge Aranda, presidente de la
Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa.
La lista de sedes se completa con la Delegación de
Defensa en Guadalajara, y la Escuela de Guerra, el Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas y la Inspección General de Sanidad en Madrid. En la
Capitanía de Barcelona los accesos no han tenido vigilancia armada continua los
últimos siete meses, confirman guardas del edificio. En las noches de agosto
–cuando los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils- y de septiembre y
octubre -las fechas más crispadas del 'procés'- un solitario vigilante
"iba a pelo. Y dentro, a veces la única custodia disponible era una
dotación de un sargento y cuatro soldados durmiendo", lamenta un miembro
de la plantilla.
En algunas sedes afectadas, los militares han tenido
que suplir a los vigilantes, "pero en numerosos casos no ha sido posible,
porque no se puede generar alarma desplegando soldados en el exterior, ni los
soldados pueden pedir el DNI a las visitas", relata Aranda.
"Estamos en alerta antiterrorista, y se trata
de la custodia de cuarteles del Ejército, en cuyo interior hay armamento e
información muy sensible de la seguridad nacional. Por eso, todo esto es muy
grave", explica Basilio Febles, secretario general de la Federación de
Trabajadores de Seguridad Privada de USO. Su sindicato se ha dirigido tres
veces a la ministra María Dolores de Cospedal contándole la situación. "La
consideramos responsable máxima si pasa algo", dice Febles.
La Policía ha elevado al Gobierno varias propuestas
de sanción contra la empresa Novo Segur, a la que el Ministerio de Defensa paga
18,9 millones de euros por vigilar sus sedes. La investigación policial se
inició en agosto pasado a raíz de una primera denuncia de Basilio Febles en
nombre de los empleados de Novo Segur. La Ley de Seguridad Privada, de mayo de
2014, ordena en su artículo 40 "servicios con armas de fuego" cuando
se trata de proteger "establecimientos militares" o "transporte
y depósito de armas".
Fuentes de Defensa confirman a EL PERIÓDICO la
"reiteración de faltas leves, graves y muy graves" en la contrata, y
explican que el ministerio abrió expediente de rescisión del contrato en
septiembre pasado. De hecho, ha tomado la decisión -potestavia del contratante-
de no prorrogar el acuerdo con Novo Segur.
Meses sin cobrar
La precariedad explica la situación. Los 575
vigilantes que Novo Segur tiene desplegados en los edificios de Defensa llevan
sin cobrar su sueldo desde diciembre pasado, y cobrándolo a pedazos desde el
verano. Vigilantes veteranos contratados por 1.060 euros netos al mes están de
baja o han dejado de acudir a sus puestos, y la empresa no los reemplaza, o los
sustituye con personal sin licencia de armas.
"Algunos compañeros acuden al trabajo en
bicicleta porque no tienen ni para gasolina. Hay uno que se hace 60 kilómetros
cada día", relata Jorge Aranda, que también es empleado de Novo Segur.
"Al principio pides dinero a la familia, pero eso también se te
acaba", relata F. L., vigilante en un edificio militar de Madrid. Estos
trabajadores subcontratados por Defensa están en una situación tan precaria,
que han tenido que montarse un banco de alimentos en la sede del sindicato UIT,
en el barrio madrileño de Usera. "Estas cosas pasan porque el Estado lleva
demasiado tiempo eligiendo las ofertas más baratas de empresas pirata",
explica Febles.
Desde Capitanía de Barcelona explican que "el
Ministerio de Defensa contrata con las empresas, y son los equipos directivos o
gestores de esas empresas los que se relacionan con sus trabajadores, sin que
haya mediación ni intervención ninguna por parte del Ministerio ni el Ejército
de Tierra. Los pagos a las empresas contratadas por Defensa están al día".
Los servicios que actualmente incumple Novo Segur
son parte de una de las contratas más cuantiosas del Estado, cuya renovación
hasta abril de 2020 se licita estos días por 39,2 millones de euros. Concursan
diez firmas de seguridad privada. Este miércoles 14 se han abierto los sobres
de oferta económica. Hace dos semanas, se abrieron los sobres de las ofertas
técnicas.
Una junta de contratación del ministerio debe
decidir si renueva o no a Novo Segur, que ya acumula 1.300 incidencias de
incumplimiento con Defensa, según fuentes de su plantilla. Algunos meses, las
sanciones económicas por incumplimientos del contrato han sido tantas, que el
ministerio directamente ha embargado el pago mensual a la contratista. La firma
asumió el encargo en septiembre pasado, después de que cambiara de nombre
Marsegur, anterior contratista, que a su vez había heredado el contrato de la
quebrada Seguridad Integral Canaria, cuya oferta low cost eligió Defensa, pese
a que sus rivales la tildaron de temeraria. Esa firma es propiedad de Miguel
Ángel Ramírez, controvertido empresario y presidente de la U. D. Las Palmas. En
Novo Segur, su máximo directivo, Antonio Redondo, no ha querido comentar qué
relación tiene la marca con Ramírez, ni el porqué de sus constantes sanciones.
Marsegur entró en una espiral de ruina en julio
pasado, pero, desde que empezó a no pagar a sus trabajadores en Defensa, aún
ganó nueve importantes contratos de la Administración, por un total de 2,2
millones de euros. Entre esos contratos, las sedes en Madrid y Barcelona de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Ya como Novo Segur, y sin pagar a sus empleados de
Defensa, ha conseguido desde septiembre pasado siete contratos públicos
estatales, por un total de 2,7 millones de euros. Entre ellos destaca la
vigilancia de los edificios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
en Catalunya y diversas sedes de la Tesorería de la Seguridad Social.
