Un contrato polémico
Se
acabaron las guardias: Defensa licita la seguridad en cuarteles por 40 millones
- Saca a concurso la seguridad de todos los edificios castrenses. La anterior empresa fue despedida por no cumplir las condiciones.
Fuente:
lainformacion.com - FERNANDO H. VALLS - Martes, 03 Abril 2018
El
Ministerio de Defensa está a punto de cerrar la contratación de una empresa que
cubra el servicio de seguridad de todas las sedes del departamento que dirige
María Dolores de Cospedal. La compañía elegida tendrá que suministrar
vigilantes con y sin armas que velarán por la protección de edificios y
acuartelamientos, unos profesionales que se encargarán también de los controles
de acceso a los mismos inmuebles. Se trata de un contrato polémico, ya que la
empresa adjudicataria en la última convocatoria tuvo que ser despedida al no
cumplirse los términos contractuales, según fuentes del ministerio.
Este
contrato fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 22 de diciembre para
que entre en vigor a partir del 11 de abril de 2018, por lo que si Defensa
desea comenzar a trabajar con la nueva compañía elegida deberá notificar
durante estos días cuál es la empresa adjudicataria. En total, el valor
estimado de este servicio de seguridad es de 39,93 millones de euros por dos
años (uno prorrogable a otro). El plazo de presentación de ofertas terminó el
pasado 19 de febrero y en este tiempo el Ministerio ha estado valorando cuál es
la empresa que mejor puede ejercer estas labores de vigilancia.
Para
este contrato el Ministerio de Defensa ha fijado unas condiciones económicas
algo superiores a las del anterior acuerdo. La empresa adjudicataria recibirá
en torno a 19,9 millones de euros (23,9 con impuestos incluidos), una cifra más
elevada a los 15 millones (18,9 con impuestos) que tendría que haber recibido
Marsegur Seguridad Privada S.A., que fue la adjudicataria de este servicio en
2017. Sin embargo, tras diversos problemas que llevaron incluso a que militares
profesionales tuvieran que suplir a los vigilantes de seguridad de esta firma,
Defensa inició los trámites para rescindir este contrato y sacarlo de nuevo a
concurso. Finalmente, tras pasar un año desde su adjudicación, el Ministerio
decidió comunicar a Novo Segur, que es el nombre que adoptó Marsegur, que no le
renovarían el mismo.
El
contrato de marras llegó incluso al Congreso, donde en la Comisión de Defensa
se aprobó una iniciativa para pedir al Ministerio que rescindiera el acuerdo de
seguridad con Marsegur por los "reiterados incumplimientos" de la
compañía. "A esta empresa no la quiere ni su plantilla ni el resto de
empresas del sector, que la han expulsado de la patronal por sus condiciones
'low cost'", denunció la diputada de Podemos Carmen Valido. Zaida Cantera,
del PSOE, llegó a hablar de una oferta de "baja temeraria" y avisó de
que se estaba "poniendo en peligro la seguridad nacional". El PP, que
estaba de acuerdo con acabar la relación contractual con la empresa, se abstuvo
argumentando que en la Cámara Baja no se podía discutir sobre la contratación
de la administración.
Ahora,
elevando el precio del presupuesto de licitación en un 25% por año Defensa
espera que la nueva concesionaria no incurra en los mismos problemas. De hecho,
el Ministerio ha incluido en el contrato que tendrá que firmar la futura
empresa que se encargue del servicio una "condición especial de ejecución"
que tiene "carácter de obligación esencial contractual". Es esta:
"Durante toda la vigencia del Acuerdo Marco, la adjudicataria deberá
aplicar a las relaciones laborales con los trabajadores que presten el servicio
objeto, como mínimo las tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal para
las Empresas de Seguridad vigente, o bien las tablas salariales del convenio de
empresa, si este último fuera más favorable para los trabajadores que
aquel". Es decir, los futuros vigilantes no podrán cobrar salarios por
debajo de convenio, que es una de las denuncias que efectuaron durante la
actual etapa.
El fin
de las guardias en cuarteles
En los
acuartelamientos del Ministerio de Defensa las famosas guardias, diurnas y
nocturnas, han quedado para la historia, salvo en contadas excepciones. Lo
mismo ocurre con los controles de seguridad en los accesos a las instalaciones
militares. De hecho, es bastante probable que los ciudadanos que acuden al
Museo del Ejército de Toledo o a cualquier sede militar sean recibidos por
civiles y no por personal castrense. Estos profesionales son los que están
incluidos en este contrato dividido en tres lotes: el primero para las
instalaciones del Ministerio de Defensa, excepto la Subdirección General de
Régimen Interior y el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa; el segundo afectará a la Subdirección General de Régimen Interior;
y un tercero para las propiedades del Instituto de la Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa.
No
obstante, la empresa adjudicataria sí que tendrá que subrogar a su personal a
un total de 644 profesionales de las Fuerzas Armadas, tanto militares como
trabajadores de oficinas, que tendrá que considerarlos como personal propio.
Pertenecen a instalaciones repartidas por toda España: desde el INTA hasta El
Alcázar de Toledo, o desde la base de Las Palmas hasta la sede central del
Ministerio en la Castellana. Defensa exige a la compañía que gane el concurso
que este personal reciba pluses en conceptos de peligrosidad, de vestuario, de
transporte o por antigüedad.
